- La agresión de un estudiante a su compañero evidenció cómo el director de la institución, Arturo Hernández Morales, la subdirectora y el personal de Trabajo Social le dieron la espalda a la víctima y protegieron al agresor.
Un nuevo caso de violencia escolar que se registró la semana pasada en la Escuela Secundaria Técnica no. 2 “Camaxtli” de Apizaco, reveló una red de corrupción- omisión encabezada por el personal directivo y administrativo de esta institución y que alcanza al propio secretario de Educación Pública, Homero Meneses Hernández.
Una madre de familia denunció que luego de que su hijo, alumno del segundo año de secundaria del turno matutino, sufriera una violenta agresión física y recibiera insultos por parte de uno de sus compañeros de salón, tanto el director de la institución, Arturo Hernández Morales, como la subdirectora y el personal de Trabajo Social le dieron la espalda a la víctima y protegieron a su agresor.
Además, pese que la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) tienen conocimiento de la agresión, no han respaldado en ningún sentido a la víctima.
Los hechos se suscitaron durante el taller de refrigeración, cuando el docente responsable del grupo abandonó el aula, situación que aprovechó uno de los alumnos para amedrentar a su compañero e insultarlo, para posteriormente atacarlo a golpes en el rostro y patearlo en el tórax, cuando el agraviado ya se encontraba en el piso.
Mientras el Secretario de Educación Pública en Tlaxcala, Homero Meneses Hernández, presume la inclusión de su hija a programas de su institución, niños de la entidad sufren acoso y golpes, sin que el funcionario tome cartas en el asunto o emita opinión alguna.
Las circunstancias que se presentaron tras el ataque, donde nunca se priorizó la integridad y bienestar físico o emocional de la víctima y se ignoró el protocolo para atender este tipo de casos, suponen que existe complicidad entre los directivos de la secundaria y el alumno señalado.
Primero, el director Arturo Hernández Morales minimizó la situación y con actitud déspota recibió a los familiares de la víctima, quienes lamentaron que las autoridades educativas no muestren sensibilidad para abordar estos casos y manifiesten su desconocimiento en el trato a víctimas de violencia escolar.
La madre del estudiante golpeado señaló que mientras el agresor fue resguardado en la dirección, su hijo que entró en crisis nerviosa y estaba ensangrentado no recibió ningún tipo de apoyo por parte de los directivos.
Los familiares de la víctima documentaron cómo sistemáticamente la institución educativa buscó evitar que el caso trascendiera, por lo que acudieron al Ministerio Público a levantar la denuncia correspondiente e incluso la Unidad de Investigación Especializada en Justicia para Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emitió un oficio donde ordenó al director Arturo Hernández Morales establecer medidas de protección al menor agredido para evitar que sufra actos de amenazas, intimidación, molestia o que pongan en peligro su vida e integridad y libertad.
En el documento se establece que el personal de prefectura y trabajo social deberá evitar el contacto directo entre los estudiantes involucrados en el caso, y el director está obligado a informar a la PGJE sobre las medidas adoptadas para la protección de la víctima.
Sin embargo, Arturo Hernández Morales se negó a recibir el oficio bajo el argumento de que debía consultarlo con el área jurídica, omitiendo su responsabilidad en el caso como autoridad de la institución.
La exigencia de la madre de familia es la destitución inmediata del agresor y que se priorice la integridad de los alumnos que acuden al plantel, además de que continuará con el proceso legal en contra del menor agresor para garantizar que esta situación se repita.
Asimismo, pide que su hijo reciba atención médica y psicológica especializada, ya que hasta el momento, ninguna autoridad se ha acercado a atender sus demandas, el único organismo que le brindó apoyó fue el DIF Municipal de Apizaco a través de su directora, quien fortuitamente estaba en el plantel y fue quien solicitó la presencia de paramédicos, de la policía municipal y dio aviso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Ante todas las anomalías en torno al caso, la madre de la víctima de violencia escolar decidió buscar otra escuela para su hijo, mientras el agresor no ha recibido ninguna sanción y sigue en la Secundaria Técnica no.2, lo que representa un peligro para los demás estudiantes.
A la preocupación por la integridad física de su hijo y las secuelas que pueda presentar, se suma sentimientos de enojo, frustración e impotencia luego de comprobar que los protocolos para prevenir el bullying escolar en planteles de Tlaxcala son letra muerta, así como la nula capacitación de los directivos para abordar este tipo de casos.
