* Critica al Congreso local por no informar con precisión su nombre como la persona solicitante del juicio político; acusa un sobreprecio en la adquisición del predio donde hoy están las oficinas del Tribunal.
Con cuestionamientos al Congreso del Estado por errar información en el nombre de quien solicita el juicio político político contra magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJA), Daniel Morales Díaz rechazó señalamientos de tener intereses personales o políticos en contra de los titulares de las magistraturas, y aseguró que su interés es solamente aclarar posibles actos de corrupción en la adquisición de un predio para construir las actuales oficinas de ese organismo.
En ese sentido, como presidente de la Barra de Abogados de Apizaco, urgió a la Cámara de Diputados a resolver lo más pronto posible su solicitud de juicio político, para que este, incluso, incida en la no ratificación de María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez en sus respectivas magistraturas.
En conferencia de prensa, lo que Morales Díaz hizo fue una serie de señalamientos sobre posibles actos de corrupción en la adquisición de un predio, pues éste se habría adquirido en el año 2020 en un sobre precio de 2.3 millones de pesos sobre su valor real, pues la persona evaluadora a la que él acudió estimó el costo en 4.1 millones de pesos.
De hecho, refirió que entre sus pruebas presentadas al Congreso local, se encuentra el avalúo realizado por la corredora pública Nora Mendoza, quien en ese entonces fungía como perita evaluadora en el Instituto de Administración y Avaliuos Nacionales, mientras que el TJA justificó la adquisición a través de un evaluador que no tiene la capacidad legal para emitir un dictamen, pues sólo presentó “una especie de opinión, con información vaga y sin un sustento metodológico”.
Interrogado sobre los señalamientos en su contra cuando en el TJA fungió como auxiliar de la segunda ponencia, en el sentido de que tuvo un cuestionable desempeño en su trabajo y atención a la ciudadanía, además de una falta de disciplina en sus labores, rechazó las acusaciones y aseguró que tuvo un desempeño destacado. Además, dijo desconocer en qué lugar le fue tomada una fotografía en la que se encontraba con sus pies sobre un escritorio de oficina.
En contra parte, criticó a los magistrados del TJA porque aseguró que con un “argumento tendencioso y erróneo” dijeron que no era aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para realizar la adquisición directa del predio donde hoy se encuentran las oficinas del organismo. “Cuando ya nosotros iniciamos la investigación detectamos irregularidades importantes y, hasta se pudiera entender, fue para favorecer a una persona específica”, dijo sin referir el nombre de esa persona beneficiaria.
Lo que sí afirmó es que la Comisión Especial del Congreso local, creada exprofeso para analizar la soclitud de juicio político en contra de los magistrados, deben considerar sus argumentos, pero sin caer en imprecisiones como sucedió al dar a conocer el nombre correcto del solicitante de juicio político.
“El nombre que solicitó el juicio político no es Daniel Morales Cruz, sino Daniel Morales Díaz. El Congreso no siempre tiene el tino de tener atención en precisar información”, lamentó.
