El Congreso del Estado creó la Comisión Especial de diputadas y diputados que analizará la situación jurídica de la magistrada María Isabel Pérez González y el magistrado Marcos Tecuapacho Domínguez, del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), quienes concluyen su periodo constitucional de seis años el próximo 31 de agosto, concluido ese proceso y previa evaluación, el Pleno de la Cámara de Diputados decidirá sobre su ratificación o no en sus respectivas magistraturas.
Sin embargo, ¿qué garantiza que esa evaluación será tan objetiva que las y los tlaxcaltecas tengamos la seguridad de que si se quedan, serán los mejores, y si se van, serán relevados también por los mejores? En realidad nada.
Las y los recién llegados congresistas, con honrosas excepciones, llegaron a ocupar un asiento vacío, pero en realidad servirán a los mismos intereses que aquellos que solicitaron licencia para buscar su reelección o una presidencia municipal.
De eso no hay duda, y para muestra se encuentra la reciente aprobación para desaparecer el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad.
La mayoría de los apoyos a cerca de 200 mil personas que sufren alguna condición de discapacidad permanente en el estado, es cierto, se darán a través de la Secretaría del Bienestar del gobierno estatal, pero lo que poco se dice es que al igual que el resto de los programas que se otorgan a través de esa institución, se darán a través de programas sociales cuya principal premisa -grita la oposición- es la obtención de votos a favor de las candidaturas impulsadas desde el partido en el poder. El momento no era el mejor.
Menciono lo anterior como un simple contexto de que no será esa evaluación llevada a cabo por las y los congresistas la que decida si María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez repiten en sus respectivas magistraturas. Sino la instrucción que reciba la mayoría legislativa desde Palacio de Gobierno.
Así ha ocurrido en el caso de las nuevas magistraturas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), y en las ratificaciones también. Por eso, por ejemplo, fue ratificada en el cargo Mary Cruz Cortés Ornelas para que después fuera elegida como presidenta del Poder Judicial.
Todas y todos, dentro y fuera del Poder Judicial, saben perfectamente que quien sea designado como cabeza, debe contar con la anuencia del Poder Ejecutivo. Y que a través de la Secretaría de Gobierno se llevan a cabo los cabildeos respectivos. Justo como sucedía cuando el oriundo de Morelos cobraba como responsable en Medio Ambiente.
Así llegó la nueva presidenta del TSJE, Anel Bañuelos Meneses, y así llegará quien ocupe la próxima presidencia. Los “análisis” ni se hacen, ni sirven para ratificar a nadie.
En ese sentido, de cara a la próxima definición de si se quedan o no Pérez González y Tecuapacho Domínguez a ocupar sus magistraturas en el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿qué garantiza que ambos sean los profesionales mejor calificados para el desempeño de esa función? Otra vez la respuesta: nada.
La próxima evaluación será uno de los elementos subjetivos que contribuirá a legitimar la decisión del Poder Legislativo, pero nada más. Así han sido las evaluaciones para determinar nuevos nombramientos en otras instituciones “autónomas”.
Lo que ahora sucede, sin embargo, no es nuevo y por eso no causa sorpresa alguna. Ese mismo proceso ha venido repitiéndose por décadas, con priistas, panistas, perredistas y morenistas. Ningún cambio ha habido al respecto, y mientras los intereses gubernamentales sigan satisfaciéndose, ningún cambio habrá, al menos no en el sentido positivo.
Las tres de ley… 1- El primer #foro #PorElTlaxcalaQueQueremos organizado por la Alianza Empresarial del Estado de Tlaxcala no desmereció, pero debió ser un momento vergonzoso para los órganos electorales que no quisieron encabezar este ejercicio.
2- Se extrañó a los aspirantes de morena, pero con la ventaja que les dan las encuestas de “El País”, “De las Heras Demotecnia”, “Mitofsky”, nadie en ventaja aceptaría una confrontación, o un debate donde las ideas no se privilegian y el ataque es la constante.
3- La “campaña negra” organizada por Julio Cesar Hernández Mejía y Julio Cesar Álvarez García, esposo de la candidata y suplente, respectivamente, que compiten por el distrito federal 1 contra Alejandro Aguilar, no tuvo el impacto deseado.
La polvora se mojó desde el momento en el que algunos ex colaboradores de los panistas exhibieron la “estrategía” montada desde Apizaco; se sabe que imprimieron en Estado de México, el tiraje y el pago efectuado por la portada. Se nota que la repartición dejó soldados heridos.
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