Tras cuatro años de intenso litigio entre el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Mario de Jesus Jiménez Martínez, y los periodistas Edgardo Cabrera y Jose Luis Ahuactzin, la semana pasada las instancias legales concedieron la razón a los comunicadores.
Fue el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Vigésimo Octavo Circuito, quien negó que Edgardo Cabrera y J. Luis Ahuactzin hayan dañado el honor, honrra, reputación, privacidad y decoro del otrora magistrado, como lo había afirmado en su querella el jurisconsulto oriundo de Chiautempan.
La pugna se generó cuando ambos comunicadores exhibieron la repartición de forma discrecional de 10 millones de pesos entre miembros del Tribunal Superior de Justicia del Estado, recursos procedentes de la devolución de impuestos que hizo el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Francisco Mixcoatl Antonio, maestro en derecho y representante legal de los comunicadores, expuso este día en conferencia de prensa que todo se derivó del expediente 113/2023 que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Pese a que el jurista con maestria en españa omitió nombres, existen textos periodisticos que evidenciaron influyentismo, tráfico de influencias y conflicto de intereses entre los involucrados en el caso. Todos vinculados con Jiménez Martínez en el poder judicial.
Aunque en un primer momento una juez local resolvió en contra de los periodistas para que estos entregaran 200 mil pesos y una disculpa pública al presunto agraviado, por concepto de la reparación de daño moral, la defensa y los periodistas implementaron una ruta legal con la que lograron un resultado a su favor en la Sala Civil y Familiar del TSJE.
Con esta respuesta adversa el ex magistrado pretendió acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que acabó por exhibir la inviabilidad legal con la que Jiménez Martínez pretendía someter a los comunicadores, inhibiendo la libertad de expresión.
Dicha resolución constituye un precedente para el gremio periodístico en Tlaxcala, pues la libertad de expresión es una garantía consagrada en la constitución, argumento que fue enarbolado por la defensa que, puntualizó también los códigos de ética con los que evitó conducirse el funcionario del poder judicial.
