Ya son dos procesos electorales locales consecutivos sin que el Congreso del Estado haya concretado una reforma electoral.
La incapacidad y la falta de voluntad política es lo que ha permeado en las dos últimas Legislaturas estatales. Y ahora son los propios partidos políticos los que viven las consecuencias.
Con la entonces diputada local petista Irma Yordana Garay Loredo, hoy candidata a diputada federal por la coalición que encabeza el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se presentó la incapacidad.
No fue competente, como presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, para sacar adelante un dictamen de reforma y, al final, pese a su incompetencia, fue premiada con una curul en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, gracias a su padre, el dueño del Partido del Trabajo (PT) en Tlaxcala, Silvano Garay.
En la actual Legislatura, a pesar de la voluntad que había en el diputado Juan Manuel Cambrón, y los trabajos avanzados para presentar la iniciativa respectiva para sacarla adelante, los intereses de la mayoría en el Congreso local impidieron hacerlo.
¿Qué tan necesaria era una reforma? diríase que mucho, si se considera la actual problemática que ha impedido un inicio parejo de campañas electorales para las presidencias municipales.
Los partidos políticos dejaron hasta el último momento, como siempre, las solicitudes de registro de sus candidatas y candidatos para los ayuntamientos y presidencias de comunidad.
Eso, hay que reconocerlo, impidió al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) una revisión más rápida de la documentación recibida y del cumplimiento de las acciones afirmativas. Los tiempos actuales de revisión, aprobación y subsanación de omisiones son bastante acotados.
Además, en el caso de las impugnaciones, las autoridades jurisdiccionales, como el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también tienen los tiempos acotados porque las campañas tienen una duración de apenas un mes.
Todo eso evidencia que sí es necesaria una adecuación al marco legal electoral vigente en Tlaxcala. Por los tiempos, la actual Legislatura local ya está impedida para hacerla, sin embargo, la que viene tendrá una responsabilidad en la materia y todo dependerá de la voluntad política que exista, no solamente en los próximos legisladores locales, sino también en la misma gobernadora Lorena Cuéllar.
Que en el ámbito federal la existencia de una polarización entre las fuerzas políticas no permitió alcanzar una reforma electoral, no significa que en Tlaxcala se repita la historia. Existen otras condiciones políticas que pueden ser aprovechadas para alcanzar consensos legislativos y reformar el marco legal respectivo.
No sólo el tema de la definición de los registros de las candidaturas para no afectar los tiempos efectivos de las campañas políticas, debe reformarse. También existen otros que deben ser discutidos y abordados dentro de la ley.
Ya se verá cómo viene el próximo gobierno federal en el tema de las reformas electorales, sobre todo porque existen propuestas candentes como la reducción en el número de integrantes del Poder Legislativo, o la designación de consejeras y consejeros, y la integración de los tribunales electorales. Eso también definirá muchas cosas en Tlaxcala.
Sin embargo, más allá de las discusiones que desde los partidos y actores políticos se susciten, es claro que en Tlaxcala sí resultan necesarias varias adecuaciones a la legislación electoral.
No conviene a nadie encontrarse con temas espinosos como los que nos encontramos ayer, con el inicio legal de las campañas sin que éstas, en términos reales, pudieran comenzar.
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