Poco más de dos meses tuvieron que pasar para que al fin se encontrara una solución al conflicto relacionado a la exigencia de salida de Edmundo Vázquez José como contralor interno de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE-USET), señalado de acoso y hostigamiento laboral por más de una veintena de trabajadores de la Contraloría.
El desgaste fue para todas las partes: a los propios trabajadores, al contralor, al secretario de Educación, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y, de rebote, a la misma titular del Ejecutivo no sólo por la permanencia del funcionario, sino por la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que dio una forma de insensibilidad, otra vez, ante la realización de manifestaciones. Hay una evidente falta de dialogo y credibilidad hacia la autoridad escolar.
¿Por qué llegar tan lejos? Perece que nada se ha aprendido del pasado. Apenas en la administración encabezada por el ex gobernador, ahora neomorenista, Marco Antonio Mena Rodríguez, hubo varios conflictos que generaron similares desgastes por manifestaciones exigiendo la salida de diversos funcionarios. Y aunque hubo resistencia de la parte gubernamental, al final tales exigencias surtieron efecto.
Eso mismo sucedió en este caso que sólo evidenció la incapacidad de dos funcionarios que no supieron resolver a tiempo el conflicto: el secretario de Educación Homero Meneses y la secretaria de la Función Pública, Eréndira Cova Brindis.
Pero con otra gravedad: una total desinformación de la parte oficial con todo y que la SEPE tiene doctorado y presume ser articulista. Hasta el cierre de esta columna, la información publicada en varios medios cicundaba, por una parte, en la desaparición de la Contraloría Interna, y por la otra en la reubicación de la Contraloría a una departamento ajeno de la SEPE. ¿Y eso que significa?
Lo que sí es un hecho es la reubicación de las 25 personas que se encontraban laborando en la Contraloría Interna, así como el traslado de Edmundo Vázquez José a un área externa del edificio que alberga las oficinas centrales de la SEPE-USET.
Ello, además de que ninguno de los trabajadores involucrados será “tocado” jurídica ni laboralmente por los actos que derivaron en las movilizaciones de los últimos días. Es decir, quedarán limpios para que continuen laborando en la dependencia educativa.
El miedo no anda en burro, dice el dicho, sobre todo ante la presunta orden de aprehensión emitida en contra de la delegada sindical Gwendolyne Amaro Ramírez, quien ayer mismo aseguró que la autoridad educativa se desistió de la denuncia en su contra.
Las declaraciones de Amaro Ramírez, por si no bastara la situación, golpean a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) porque la hacen ver como un instrumento político utilizado para amedrentar a personas inconformes que se manifiestan en contra de decisiones o acciones del gobierno estatal. Habría que recordar que algo así le costó a Ernestina Godoy su ratificación al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
La permanencia de un funcionario de segundo nivel como Edmundo Vázquez ha generado un desgaste a todas luces innecesario, que no trae sino más desgaste a un gobierno que debería poner su atención a otro tipo de acciones. El único que aquí gana es Luis Ramírez, es su primer triunfo al frente de la Segob.
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