La salida de Marcela González Castillo de la dirigencia estatal del partido no es un hecho menor. Mucho menos cuando se trata de una de las operadoras políticas más cercanas al alcalde capitalino, Alfonso Sánchez García, además de ser su esposa. Su renuncia marca el fin de una etapa dentro de Morena Tlaxcala y, al mismo tiempo, modifica el equilibrio de fuerzas al interior del partido.

En su lugar llega Jaina Daniela Flores Meneses, una dirigente que tendrá la responsabilidad de conducir la vida interna de Morena en el estado en vísperas del proceso electoral. Su principal desafío será mantener la unidad de un partido que, conforme se acerca 2027, inevitablemente verá crecer las tensiones entre los distintos grupos políticos y aspirantes.

Este relevo también cambia las condiciones para Alfonso Sánchez García. Durante meses apostó por una estrategia de posicionamiento permanente para colocarse entre los aspirantes más visibles de Morena. Sin embargo, la salida de quien representaba un importante respaldo político dentro de la estructura estatal obliga a replantear la ruta. Hoy, el alcalde capitalino deberá demostrar que su proyecto puede sostenerse más allá de los vínculos partidistas y que cuenta con una base política propia.

Mientras tanto, la gran beneficiaria de este reacomodo parece seguir siendo la senadora Ana Lilia Rivera Rivera.

La legisladora continúa como la aspirante mejor posicionada. Su presencia nacional, la cercanía con la dirigencia de Morena y una trayectoria construida durante años le permiten conservar la delantera sin necesidad de entrar en confrontaciones públicas. En un escenario donde otros actores enfrentan reacomodos internos, Ana Lilia mantiene estabilidad.

La verdadera disputa, entonces, no está en quién encabeza la carrera. Esa fotografía, hasta ahora, parece tener dueña. La competencia se desarrolla detrás de ella, donde dos presidentes municipales buscan consolidarse como la opción masculina con mayores posibilidades: Salvador Santos Cedillo y Alfonso Sánchez García.

Ambos representan estilos distintos.

Salvador Santos Cedillo ha privilegiado el trabajo territorial. Ha tejido alianzas, fortalecido relaciones políticas y construido presencia regional con una estrategia de bajo perfil mediático, pero de crecimiento constante. Su apuesta ha sido la operación política antes que la exposición.

Alfonso Sánchez García, por el contrario, eligió recorrer el camino de la visibilidad pública. Su nombre aparece con frecuencia en la agenda política estatal, aunque esa estrategia también le ha significado cuestionamientos y resoluciones de las autoridades electorales por actos de promoción anticipada. A ello se suma ahora un nuevo escenario interno en Morena tras la renovación de la dirigencia estatal.

Paradójicamente, mientras ambos buscan posicionarse como el principal contendiente masculino, la fragmentación de esos proyectos fortalece la ventaja de Ana Lilia Rivera. Ninguno ha logrado, por ahora, convertirse en un liderazgo que unifique a los distintos grupos del morenismo tlaxcalteca.

Desde luego, nada está decidido. En política, un año puede modificar cualquier escenario. Las encuestas, las decisiones de la dirigencia nacional, el desempeño de los gobiernos municipales y las alianzas internas terminarán definiendo quién llega con mayor fuerza.

Pero la fotografía del momento es difícil de ignorar.

Ana Lilia Rivera sigue encabezando la carrera. Salvador Santos Cedillo y Alfonso Sánchez García disputan el segundo lugar. Y, en medio de esa competencia, Morena también acomoda sus piezas con la llegada de Jaina Daniela Flores Meneses a la dirigencia estatal, un movimiento que podría influir en la correlación de fuerzas rumbo a la decisión más importante del partido en Tlaxcala.

Porque, al final, las candidaturas no solo se construyen en las calles o en las encuestas. También se definen en los equilibrios internos. Y esos equilibrios acaban de cambiar.

El cargo La carrera ya tiene puntera; el tablero comenzó a moverse apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ana Lilia Rivera Rivera representa la primera opción y se ha consolidado  como la aspirante que ha recorrido el estado, construido una trayectoria propia y logrado posicionarse como una alternativa respaldada por amplios sectores de la militancia y de la ciudadanía. Su principal fortaleza no radica en los recursos públicos ni en el aparato gubernamental, sino en la identificación de la mayoría del pueblo que mantiene activo su proyecto político. En este caso, la legitimidad surge de la cercanía con la gente y del trabajo político desarrollado a lo largo del tiempo.

En contraste, la otra figura es la del alcalde con licencia de Tlaxcala Alfonso Sánchez García que es señalada por estar impulsada desde grupos familiares y círculos de poder que se incrustaron en Morena pero que mantienen vivas las viejas prácticas del pasado.

Más que demostrar una base sólida de apoyo ciudadano, su crecimiento depende de la movilización gubernamental y del uso de estructuras oficiales. Las denuncias han salido a la luz pública sobre presiones a trabajadores, convocatorias presentadas como actividades institucionales y la participación de personal vinculado a dependencias públicas alimentan una interrogante fundamental: ¿hasta qué punto existe un respaldo genuino de la ciudadanía detrás de este proyecto?

Esta pregunta adquiere mayor relevancia cuando se observan las formas de movilización utilizadas. Cuando un proyecto necesita obligar, presionar o condicionar la asistencia de trabajadores para intentar llenar plazas públicas, lo que refleja no es fortaleza política, sino una carencia de apoyo espontáneo. La movilización forzada difícilmente puede sustituir la convicción ciudadana. Aunque las imágenes multitudinarias obtenidas mediante instrucciones jerárquicas pueden resultar útiles para la propaganda, no necesariamente representan el sentir auténtico del pueblo.

A ello se suma una estrategia de comunicación que busca presentar una candidatura como inevitable. Sin embargo, esta narrativa termina reforzando la percepción de imposición que pretende disipar. Cada acto masivo organizado desde el poder, cada mensaje orientado a construir la idea de un candidato único y cada demostración de fuerza institucional parecen evidenciar una contradicción de fondo. Si el respaldo popular fuera tan amplio como se afirma, no sería necesario recurrir a la maquinaria gubernamental para validarlo.

En este contexto, resulta pertinente recordar los principios que dieron origen a Morena. El movimiento surgió como una crítica a prácticas asociadas con el viejo régimen, entre ellas el dedazo, el corporativismo, el uso de recursos públicos con fines políticos y la confusión entre gobierno y partido. Por ello, la reproducción de estas conductas por parte de algunos actores genera una tensión evidente entre los ideales fundacionales y las prácticas que hoy se observan.

De cara a la definición de candidaturas, la verdadera prueba para Morena no será quién acumule más espectaculares, más funcionarios movilizados o más eventos organizados desde el poder. Lo que realmente estará en juego será la capacidad de conectar de manera auténtica con la ciudadanía y de convencerla mediante propuestas, sin presiones, sin acarreo y sin la intervención de estructuras oficiales.

Porque, al final, la diferencia entre legitimidad e imposición suele hacerse evidente. Las candidaturas legítimas nacen del respaldo popular y se fortalecen con la confianza ciudadana. Las candidaturas de imposición, en cambio, suelen construirse desde las oficinas gubernamentales. Y cuando llega el momento de las definiciones, el pueblo suele distinguir con claridad entre una y otra.

El cargo Morena en Tlaxcala: entre la legitimidad popular y la candidatura de la imposición apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En un mensaje enviado a un grupo de trabajadores de honorarios y de confianza de la Secretaría de educación pública, se lee la ubicación y la hora a la que deben presentarse.

De acuerdo con testimonios de docentes y personal administrativo, en diversas áreas del sector educativo se han realizado llamados insistentes para que los trabajadores participen en la movilización programada en favor del edil capitalino.

Las denuncias apuntan a que la invitación dejó de ser una simple convocatoria para convertirse en una instrucción obligada, donde el temor a represalias laborales, exclusión de beneficios o afectaciones administrativas ha llevado a muchos empleados a considerar su asistencia, pese a no compartir el objetivo político.

La situación resulta particularmente delicada porque representa el uso de recursos humanos y de la estructura institucional para fortalecer la imagen de un proyecto político específico.

Algunos funcionarios han decidido operar pública y políticamente a favor de Alfonso Sánchez García utilizando su influencia sobre dependencias y trabajadores públicos.

La inconformidad crece porque los trabajadores de la educación, cuya función principal es atender las necesidades académicas y formativas de miles de estudiantes, estarían siendo utilizados como fuerza de movilización política en una etapa previa al proceso electoral formal.

Organizaciones y actores políticos han advertido que cualquier intento de coaccionar la participación de servidores públicos en actos partidistas podría constituir una violación a los principios de legalidad, neutralidad y equidad que deben regir el actuar de las instituciones gubernamentales.

Está movilización obliga a plantear la siguiente pregunta: ¿se trata de una muestra genuina de apoyo ciudadano o de una demostración de fuerza construida desde la presión a los trabajadores del aparato gubernamental?

El cargo Movilizan a trabajadores para apoyar a Alfonso Sánchez apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La renuncia de Marcela González Castillo a la dirigencia estatal de Morena ha generado cuestionamientos al interior y exterior del partido, luego de que su separación del cargo ocurriera el mismo día en que su esposo, Alfonso Sánchez García, solicitó licencia como presidente municipal de Tlaxcala para participar en la contienda interna rumbo a la candidatura al Gobierno del Estado.

La salida de González Castillo de la dirigencia no representa un verdadero deslinde entre la estructura partidista y las aspiraciones de Sánchez García, sino una estrategia para intentar legitimar una candidatura que, durante meses, habría contado con el respaldo institucional de quien encabezaba Morena en la entidad.

Las críticas apuntan a que, mientras estuvo al frente del partido, Marcela González mantuvo una posición que favoreció políticamente a su esposo, permitiéndole consolidar presencia y proyección dentro de Morena, situación que para algunos militantes generó condiciones de inequidad frente a otros aspirantes interesados en participar en el proceso interno.

El hecho de que ambas decisiones —la licencia de Alfonso Sánchez y la renuncia de Marcela González— se hayan concretado el mismo 17 de junio ha alimentado las sospechas de que existe una operación política coordinada para cumplir formalmente con los requisitos partidistas y electorales, sin que ello implique una separación real entre los intereses familiares y la conducción del movimiento.

La dirigencia estatal debió garantizar condiciones de piso parejo para todos los participantes y evitar cualquier señal de favoritismo. Sin embargo, la cercanía entre la entonces presidenta del partido y Alfonso Sánchez García generó dudas sobre la imparcialidad de las decisiones tomadas durante su gestión.

La renuncia de Marcela González es vista más como un movimiento de trámite que como una acción destinada a corregir un posible conflicto de interés. La interrogante que permanece es si Morena logrará convencer a su militancia de que el proceso interno se desarrollará con transparencia y equidad, o si la percepción de que el partido fue utilizado para impulsar un proyecto familiar terminará marcando la contienda rumbo a 2027.

Por ahora, la coincidencia de fechas y la cercanía política entre ambos personajes mantienen abierto el debate sobre los límites entre la conducción partidista y las aspiraciones personales dentro del movimiento que gobierna Tlaxcala.

El cargo Renuncia tardía: Marcela deja Morena tras impulsar el proyecto político de su esposo apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La creciente presencia mediática del alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, continúa generando cuestionamientos entre ciudadanos y actores políticos, quienes advirtieron una adelantadisima estrategia de posicionamiento personal que podría rebasar los límites de la promoción institucional y acercarse a actos anticipados de campaña rumbo al proceso electoral de 2027.

En los últimos días, usuarios de telefonía móvil denunciaron la recepción de mensajes de texto en los que se menciona al edil capitalino como el supuesto favorito del denominado grupo político vinculado a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. La difusión de estos mensajes ha despertado dudas sobre el origen de las bases de datos utilizadas y sobre los recursos empleados para promover la imagen del alcalde.

Las críticas se suman a una serie de acciones que desde hace meses han sido señaladas por diversos sectores, entre ellas la aparición constante de bardas pintadas con su nombre, miles de lonas distribuidas en distintos municipios, espectaculares colocados en puntos estratégicos del estado y la difusión de encuestas cuya metodología y financiamiento han sido cuestionados por la opinión pública.

Además, observadores políticos han advertido que la presencia recurrente de Sánchez García en eventos públicos junto a la gobernadora ha contribuido a fortalecer su posicionamiento político de manera anticipada, en momentos en que Morena ya comienza a perfilar a sus posibles aspirantes para la sucesión gubernamental. Incluso el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones ha ordenado recientemente el retiro de diversa propaganda atribuida al alcalde capitalino.

Mientras continúan apareciendo nuevas formas de difusión de su imagen, como los recientes mensajes enviados a teléfonos celulares, crece la exigencia de que las autoridades electorales revisen si estas acciones respetan el marco legal vigente o si constituyen una estrategia sistemática de promoción personalizada.

La interrogante entre los ciudadanos es cada vez más evidente: ¿se trata de comunicación institucional o de una campaña adelantada financiada para posicionar a un aspirante antes de los tiempos electorales?

El cargo Ni las bardas fueron suficientes, ahora van por SMS a favor de Alfonso apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La ley es clara. Los servidores públicos están obligados a actuar con imparcialidad y a evitar cualquier conducta que pueda traducirse en promoción personalizada con fines electorales. Sin embargo, la realidad muestra una historia distinta. Bardas, lonas, espectaculares, llamadas telefónicas, eventos públicos cuidadosamente diseñados para fortalecer una imagen personal y ahora la utilización de playeras relacionadas con la Selección Mexicana forman parte de una estrategia permanente de posicionamiento político.

La pregunta es sencilla: ¿por qué tanta urgencia?

Si las elecciones todavía no comienzan formalmente, ¿cuál es la necesidad de mantener una presencia propagandística constante? Si existe confianza en el trabajo realizado, deberían ser los resultados de gobierno los que hablen por sí mismos y no una maquinaria de promoción que parece operar sin descanso.

Lo preocupante no es únicamente la evidente intención de construir una candidatura antes de tiempo. Lo verdaderamente grave es el mensaje que se envía a la ciudadanía. Cuando un funcionario público actúa como si las reglas no aplicaran para él, transmite la idea de que la ley es un simple obstáculo que puede rodearse o ignorarse cuando resulta conveniente.

La Constitución no establece tiempos electorales por capricho. Existen para garantizar equidad entre los competidores y evitar que quienes ocupan cargos públicos utilicen su posición para obtener ventajas indebidas. La promoción personalizada desde el ejercicio del poder constituye precisamente una de las conductas que las autoridades electorales están obligadas a vigilar y sancionar.

Sin embargo, pareciera que Alfonso Sánchez García ha optado por una lógica distinta: aparecer en todos lados, aprovechar cualquier escenario y utilizar cualquier mecanismo posible para mantenerse presente en la mente de los ciudadanos, aun cuando ello implique caminar constantemente sobre la delgada línea de la legalidad electoral.

Resulta paradójico que alguien que aspira a mayores responsabilidades públicas muestre tan poco respeto por las normas que regulan la vida democrática. Porque gobernar no significa únicamente administrar recursos o encabezar actos públicos; también implica ser ejemplo de respeto a la ley.

La ambición política es legítima. Lo que no es legítimo es adelantarse a los tiempos, aprovechar posiciones de poder para promover aspiraciones personales o actuar como candidato cuando la ley todavía no lo permite.

Alfonso Sánchez García parece haber confundido el gobierno con una campaña permanente. Y cuando un funcionario pierde la capacidad de distinguir entre servir a los ciudadanos y promocionarse a sí mismo, deja de actuar como autoridad para convertirse en un aspirante obsesionado con la siguiente elección.

La democracia se construye con reglas. Quien no las respeta antes de llegar al poder difícilmente convencerá a los ciudadanos de que las respetará cuando tenga más poder en sus manos. En política, el primer examen de cualquier aspirante no es la popularidad, sino su disposición a cumplir la ley. Y en ese terreno, las señales que hoy envía el alcalde capitalino generan más dudas que certezas.

El cargo La campaña de Alfonso que nunca termina apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Denuncias anónimas de ciudadanos manifestaron inconformidad por la recepción de llamadas telefónicas realizadas desde el equipo político del alcalde capitalino, Alfonso Sánchez García, con fines de promoción de su imagen y difusión de acciones de gobierno, pese a que los destinatarios aseguraron no haber autorizado el uso ni la transferencia de sus números telefónicos.

Las quejas surgieron luego de que tlaxcaltecas reportaran haber recibido mensajes y llamadas automatizadas en sus teléfonos celulares, en las que se destacan obras, programas y actividades impulsadas por la administración municipal. La situación ha generado cuestionamientos sobre el origen de la base de datos utilizada para contactar a la población.

Los ciudadanos aseguraron que nunca otorgaron consentimiento para que sus datos fueran utilizados con fines de promoción gubernamental o política, por lo que denunciaron una violación y vulneración a la sus datos personales.

Ciudadanos exigieron una explicación por parte del Ayuntamiento de Tlaxcala respecto al mecanismo mediante el cual se obtuvieron los números telefónicos empleados para la difusión de mensajes institucionales.

Los quejosos dijeron que la promoción política y difusión de logros gubernamentales refleja un acto de desesperación del alcalde ante la aspiración a la candidatura por Morena al gobierno de Tlaxcala, or lo que afirmaron que los ciudadanos están hartos del mal gobierno capitalino y no respaldaran sus aspiraciones porque carece de liderazgo y resolución de problemas sociales.

El cargo Están desesperados, promocionan a Alfonso Sánchez vía telefónica apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En la otra esquina aparece el bloque que impulsa a Alfonso Sánchez García, respaldado por una estructura de poder que incluye a funcionarios estatales, legisladores locales y actores del aparato institucional que buscan mantener influencia en las decisiones políticas del estado más allá de la actual administración.

La confrontación entre ambos grupos ya es inocultable. Mientras unos apelan a la legitimidad que otorgan las bases y el trabajo territorial, otros parecen confiar en la operación política desde las estructuras gubernamentales. El riesgo para Morena es evidente: una lucha interna prolongada podría fracturar al movimiento y abrir espacios a la oposición en una entidad que pretende repetir el triunfo y el dominio político de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, en medio de esta disputa emerge una tercera figura que genera consensos y unidad entre distintos sectores del morenismo. Se trata del tlaxcalteca Óscar Flores Jiménez, quien ha construido una imagen asociada al trabajo institucional, la capacidad de gestión y una relación menos confrontativa con los diversos grupos que integran el partido.

A diferencia de los bloques que hoy protagonizan el choque político, Óscar Flores Jiménez representa para muchos militantes la posibilidad de preservar la unidad interna sin sacrificar la competitividad electoral. Su perfil se percibe como una alternativa real y capaz de tender puentes entre las distintas corrientes de Morena, evitando que las diferencias personales y los intereses de grupo terminen por debilitar al movimiento.

La principal fortaleza de Óscar Flores Jiménez radica en que no carga con el desgaste que hoy acompaña a la confrontación entre los grupos de Ana Lilia Rivera y Alfonso Sánchez. Mientras unos y otros intercambian señales de fuerza y posiciones de poder, él aparece como un actor que ofrece unidad, legitimidad, estabilidad, gobernabilidad y resultados.

Morena deberá decidir si apuesta por profundizar la polarización interna o si privilegia un perfil que garantice unidad y cohesión. Porque más allá de las aspiraciones personales, los tlaxcaltecas evaluarán quién tiene la capacidad de mantener el rumbo de gobierno, generar resultados y ofrecer certidumbre.

En ese escenario, la figura de Óscar Flores Jiménez comienza a perfilarse como una opción capaz de reunir los elementos que hoy demanda el morenismo: trabajo, resultados, unidad y legitimidad. Y en política, cuando una candidatura logra representar esos cuatro factores al mismo tiempo, suele convertirse en una alternativa difícil de ignorar.

El cargo La confrontación de grupos en Morena abre el camino a un obradorista apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La resolución del Consejo General del ITE, que ordenó al presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, retirar bardas, lonas y espectaculares con mensajes que buscan posicionar su imagen de manera anticipada rumbo al proceso electoral 2026-2027, representa un llamado de atención serio. No se trata únicamente de una discusión jurídica o electoral; se trata de una señal sobre las prioridades de quienes hoy tienen una responsabilidad pública.

Los expedientes CQD/Q/JPCR/CG/038/2026 y 046/2026 documentan una estrategia de promoción personalizada que, según la autoridad electoral, utiliza colores asociados a Morena y frases como “Va con él”, “Él es Alfonso” o simplemente “Alfonso”, acompañadas de símbolos que buscan generar identificación entre el electorado. El mensaje es claro: existe la intención de posicionar una figura política antes de los tiempos establecidos por la ley.

Sin embargo, más allá del debate electoral, la pregunta que deberían hacerse los habitantes de la capital es otra: ¿qué resultados justifican una campaña permanente de promoción personal?

La ciudad de Tlaxcala enfrenta problemas que continúan sin resolverse. Los ciudadanos observan deficiencias en servicios públicos, retrasos en la atención de diversas necesidades urbanas, problemas recurrentes relacionados con la infraestructura y una percepción creciente de que la administración municipal está más concentrada en construir una candidatura que en consolidar un gobierno eficiente.

Mientras aparecen bardas y espectaculares en distintos municipios, muchos capitalinos siguen esperando respuestas concretas a los desafíos cotidianos. La promoción política puede generar notoriedad, pero difícilmente sustituye los resultados. La publicidad puede colocar un nombre en la conversación pública, pero no tapa los baches, no mejora la seguridad, no optimiza la recolección de basura y tampoco resuelve las demandas de una ciudadanía cada vez más exigente.

El problema de fondo es que la política moderna parece haber invertido el orden de las prioridades. Primero se busca construir una imagen y después se intenta justificarla con resultados. Lo lógico sería exactamente lo contrario: primero gobernar bien y luego permitir que el trabajo hable por sí mismo.

La resolución del ITE también deja una enseñanza importante para la vida democrática de Tlaxcala. Las reglas electorales existen para garantizar condiciones de equidad entre quienes aspiren a competir por un cargo público. Cuando un funcionario utiliza su posición para mantenerse de manera constante en el espacio público mediante propaganda personalizada, se genera una ventaja indebida frente a otros posibles contendientes.

Por ello, la orden de retirar la propaganda no sólo protege la legalidad electoral; también envía un mensaje sobre la necesidad de respetar los tiempos y las instituciones.

Alfonso Sánchez García todavía tiene la oportunidad de demostrar que su proyecto político puede sostenerse sobre resultados y no sobre bardas. Porque al final, los ciudadanos no votan por quien aparece más veces en una pared, sino por quien logra transformar positivamente su realidad.

Y hasta ahora, para muchos habitantes de la capital, las bardas parecen multiplicarse más rápido que las soluciones.

El cargo Bardas, propaganda y ausencia de resultados apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.