En Tlaxcala existe un personaje político que parece haber decidido ignorar por completo que las elecciones tienen tiempos, reglas y límites claramente establecidos en la Constitución y en la legislación electoral. Se trata del alcalde capitalino, Alfonso Sánchez García, quien desde hace meses mantiene una estrategia de promoción personal que difícilmente puede interpretarse como otra cosa que una campaña anticipada.
La ley es clara. Los servidores públicos están obligados a actuar con imparcialidad y a evitar cualquier conducta que pueda traducirse en promoción personalizada con fines electorales. Sin embargo, la realidad muestra una historia distinta. Bardas, lonas, espectaculares, llamadas telefónicas, eventos públicos cuidadosamente diseñados para fortalecer una imagen personal y ahora la utilización de playeras relacionadas con la Selección Mexicana forman parte de una estrategia permanente de posicionamiento político.
La pregunta es sencilla: ¿por qué tanta urgencia?
Si las elecciones todavía no comienzan formalmente, ¿cuál es la necesidad de mantener una presencia propagandística constante? Si existe confianza en el trabajo realizado, deberían ser los resultados de gobierno los que hablen por sí mismos y no una maquinaria de promoción que parece operar sin descanso.
Lo preocupante no es únicamente la evidente intención de construir una candidatura antes de tiempo. Lo verdaderamente grave es el mensaje que se envía a la ciudadanía. Cuando un funcionario público actúa como si las reglas no aplicaran para él, transmite la idea de que la ley es un simple obstáculo que puede rodearse o ignorarse cuando resulta conveniente.
La Constitución no establece tiempos electorales por capricho. Existen para garantizar equidad entre los competidores y evitar que quienes ocupan cargos públicos utilicen su posición para obtener ventajas indebidas. La promoción personalizada desde el ejercicio del poder constituye precisamente una de las conductas que las autoridades electorales están obligadas a vigilar y sancionar.
Sin embargo, pareciera que Alfonso Sánchez García ha optado por una lógica distinta: aparecer en todos lados, aprovechar cualquier escenario y utilizar cualquier mecanismo posible para mantenerse presente en la mente de los ciudadanos, aun cuando ello implique caminar constantemente sobre la delgada línea de la legalidad electoral.
Resulta paradójico que alguien que aspira a mayores responsabilidades públicas muestre tan poco respeto por las normas que regulan la vida democrática. Porque gobernar no significa únicamente administrar recursos o encabezar actos públicos; también implica ser ejemplo de respeto a la ley.
La ambición política es legítima. Lo que no es legítimo es adelantarse a los tiempos, aprovechar posiciones de poder para promover aspiraciones personales o actuar como candidato cuando la ley todavía no lo permite.
Alfonso Sánchez García parece haber confundido el gobierno con una campaña permanente. Y cuando un funcionario pierde la capacidad de distinguir entre servir a los ciudadanos y promocionarse a sí mismo, deja de actuar como autoridad para convertirse en un aspirante obsesionado con la siguiente elección.
La democracia se construye con reglas. Quien no las respeta antes de llegar al poder difícilmente convencerá a los ciudadanos de que las respetará cuando tenga más poder en sus manos. En política, el primer examen de cualquier aspirante no es la popularidad, sino su disposición a cumplir la ley. Y en ese terreno, las señales que hoy envía el alcalde capitalino generan más dudas que certezas.
