En la antesala de la definición política más importante para Morena en Tlaxcala, el escenario parece mostrar con claridad la confrontación entre dos proyectos distintos. Por un lado, se perfila una propuesta que se consolida a partir del respaldo ciudadano y que refleja el sentir del pueblo; por el otro, una candidatura que se sostiene principalmente en las estructuras del poder a través de la presión laboral y uso de recursos humanos en lo que en realidad refleja un delito electoral. Esta diferencia marca el eje central del debate político que hoy enfrenta el movimiento en la entidad.
Ana Lilia Rivera Rivera representa la primera opción y se ha consolidado como la aspirante que ha recorrido el estado, construido una trayectoria propia y logrado posicionarse como una alternativa respaldada por amplios sectores de la militancia y de la ciudadanía. Su principal fortaleza no radica en los recursos públicos ni en el aparato gubernamental, sino en la identificación de la mayoría del pueblo que mantiene activo su proyecto político. En este caso, la legitimidad surge de la cercanía con la gente y del trabajo político desarrollado a lo largo del tiempo.
En contraste, la otra figura es la del alcalde con licencia de Tlaxcala Alfonso Sánchez García que es señalada por estar impulsada desde grupos familiares y círculos de poder que se incrustaron en Morena pero que mantienen vivas las viejas prácticas del pasado.
Más que demostrar una base sólida de apoyo ciudadano, su crecimiento depende de la movilización gubernamental y del uso de estructuras oficiales. Las denuncias han salido a la luz pública sobre presiones a trabajadores, convocatorias presentadas como actividades institucionales y la participación de personal vinculado a dependencias públicas alimentan una interrogante fundamental: ¿hasta qué punto existe un respaldo genuino de la ciudadanía detrás de este proyecto?
Esta pregunta adquiere mayor relevancia cuando se observan las formas de movilización utilizadas. Cuando un proyecto necesita obligar, presionar o condicionar la asistencia de trabajadores para intentar llenar plazas públicas, lo que refleja no es fortaleza política, sino una carencia de apoyo espontáneo. La movilización forzada difícilmente puede sustituir la convicción ciudadana. Aunque las imágenes multitudinarias obtenidas mediante instrucciones jerárquicas pueden resultar útiles para la propaganda, no necesariamente representan el sentir auténtico del pueblo.
A ello se suma una estrategia de comunicación que busca presentar una candidatura como inevitable. Sin embargo, esta narrativa termina reforzando la percepción de imposición que pretende disipar. Cada acto masivo organizado desde el poder, cada mensaje orientado a construir la idea de un candidato único y cada demostración de fuerza institucional parecen evidenciar una contradicción de fondo. Si el respaldo popular fuera tan amplio como se afirma, no sería necesario recurrir a la maquinaria gubernamental para validarlo.
En este contexto, resulta pertinente recordar los principios que dieron origen a Morena. El movimiento surgió como una crítica a prácticas asociadas con el viejo régimen, entre ellas el dedazo, el corporativismo, el uso de recursos públicos con fines políticos y la confusión entre gobierno y partido. Por ello, la reproducción de estas conductas por parte de algunos actores genera una tensión evidente entre los ideales fundacionales y las prácticas que hoy se observan.
De cara a la definición de candidaturas, la verdadera prueba para Morena no será quién acumule más espectaculares, más funcionarios movilizados o más eventos organizados desde el poder. Lo que realmente estará en juego será la capacidad de conectar de manera auténtica con la ciudadanía y de convencerla mediante propuestas, sin presiones, sin acarreo y sin la intervención de estructuras oficiales.
Porque, al final, la diferencia entre legitimidad e imposición suele hacerse evidente. Las candidaturas legítimas nacen del respaldo popular y se fortalecen con la confianza ciudadana. Las candidaturas de imposición, en cambio, suelen construirse desde las oficinas gubernamentales. Y cuando llega el momento de las definiciones, el pueblo suele distinguir con claridad entre una y otra.
