Este jueves la Fiscalía detuvo a Ángel Aguirre Rivero, el exgobernador de Guerrero que gobernaba cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Lo acusan de ordenar que desaparecieran las grabaciones que mostraban cómo la policía detuvo el autobús de los normalistas. Testigos protegidos, reanálisis del expediente, orden de aprehensión cumplimentada.

El segundo exfuncionario de alto rango que cae en el caso, después de Murillo Karam y eso no es poca cosa

AMLO convirtió Ayotzinapa en bandera, creó comisiones, cuestionó la “verdad histórica”, detuvo al exprocurador y señaló al Ejército. Pero ahí se quedó.

Nunca tocó a un gobernador. Sheinbaum, en cambio, entrega el cuerpo físico de uno de los implicados. No el discurso: el resultado.

El caso no es ajeno para Tlaxcala pues entre las víctimas y los dolientes hay nombres que cruzan fronteras estatales, uno de ellos, un joven huamantleco (César Manuel González Hernández) que formó parte de ese dolor colectivo, recuerda que Ayotzinapa no fue solo una tragedia guerrerense

Lo que sucedió fue un golpe al normalismo rural de todo el país, a familias que mandaron a sus hijos a formarse como maestros y terminaron buscando entre escombros y mentiras.

Ese dato local no es anécdota. Es la prueba de que la impunidad de 2014 alcanzó más lejos de lo que muchos quieren admitir.

Mientras tanto, la oposición mira hacia otro lado, con silencio total y ni una crítica seria, ni una exigencia de transparencia, ni una pregunta incómoda sobre los testigos protegidos o sobre por qué los padres de los 43 se enteraron por los medios.

Prefieren no tocar el tema, como si el pasado no les perteneciera también. El costo de ese silencio es evidente: le regalan el relato completo al oficialismo y Sheinbaum lo capitaliza sin esfuerzo.

Por ahora, el patrón se confirma: Sheinbaum vuelve a dar un paso más allá de donde AMLO se detuvo. Un resultado concreto en un expediente simbólico.

La oposición, al guardar silencio, deja pasar la oportunidad de disputar el relato; Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta, una detención de alto perfil la mantiene viva, pero no la cierra aunque ese paso ya se dio y nadie, ni AMLO quiso darlo antes.

El cargo El paso que AMLO no dio apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Fue una chuza deliberada: una jugada sucia diseñada para golpear a la senadora con licencia y, de paso, manchar a un partido que nada tenía que ver en el asunto. Aunque siendo sinceros a MC le dio pretexto para salir a ganar reflector, algo que le hacía falta.

Los detractores de Ana Lilia saben que no pueden confrontarla de frente. No pueden negar su trayectoria, su trabajo territorial ni el capital político que ha construido durante años.

Entonces recurren a la fórmula más ruin y más eficaz de la guerra sucia: fabricar la sospecha de traición. Pintan bardas naranjas con su nombre, dejan que el rumor corra y esperan que la militancia morenista se pregunte en voz baja: “¿ya se está yendo?”, “¿tiene plan B?”, “¿está negociando con el enemigo?”.

Esa es la esencia de la operación, no necesitan pruebas, solo necesitan la duda, porque en un movimiento donde la lealtad se valora casi tanto como la capacidad de movilización, la sola sospecha de chapulineo puede restar apoyos, enfriar entusiasmos y abrir espacio a otros aspirantes; el objetivo no es demostrar que Ana Lilia se va de Morena. El objetivo es que parte de la base empiece a creerlo.

Pero la chuza no se detiene ahí. Al usar los colores y el logo de Movimiento Ciudadano sin autorización, los operadores de esta campaña también buscan mermar al partido naranja.

Lo arrastran a una polémica que no buscó, lo obligan a emitir deslindes de emergencia y lo presentan —aunque sea de forma indirecta— como posible cómplice o beneficiario de una operación turbia.

Es un golpe de dos vías: deslegitimar a la senadora y, al mismo tiempo, ensuciar a un actor político que podía permanecer al margen. Quieren abrirle frentes a la senadora que en su estrategia resultan innecesarios.

Los comunicados del 4 de agosto lo confirman con claridad. Ana Lilia Rivera denunció de inmediato la campaña de desinformación, reafirmó su lealtad a Morena y anunció que acudirá a las instancias correspondientes.

Danae Figueroa, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, fue igual de enfática: el partido no autorizó, no ordenó ni promovió esas pintas. Ambos se deslindaron. Y al hacerlo, dejaron en evidencia que la propaganda no pertenecía ni a uno ni a otro.

Quien colocó esas bardas sabía exactamente lo que hacía. Sabía que Ana Lilia tendría que salir a defenderse. Sabía que Movimiento Ciudadano se vería obligado a rechazar cualquier vínculo.

Y sabía que, mientras tanto, el ruido mediático y el chisme de pasillo harían su trabajo: sembrar confusión, generar desgaste y desviar la atención del proceso interno de Morena.

Esta no es una disputa ideológica, es una operación de deslegitimación. Los detractores de la senadora no discuten sus propuestas ni su trabajo, prefieren fabricar la imagen de una política dispuesta a saltar de barco. Y para lograrlo no dudan en involucrar a un partido ajeno, convirtiéndolo en daño colateral de su propia guerra interna.

La chuza es clara, el cálculo, también, quieren que Ana Lilia llegue debilitada al proceso de definición de la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, quieren que la militancia dude y quieren que Movimiento Ciudadano pague el precio de aparecer, aunque sea de forma forzada, en una narrativa de traición y acuerdos ocultos.

Hasta ahora, tanto Rivera como el partido naranja han respondido con deslindes firmes. Pero la operación ya cumplió parte de su objetivo: instaló el tema, generó ruido y obligó a ambos a gastar tiempo y capital político en aclarar lo que nunca debió existir.

En Tlaxcala, la guerra sucia no se esconde, se pinta en las bardas y esta vez la pintura naranja no fue un error, fue una advertencia: hay quienes prefieren destruir reputaciones antes que competir en igualdad de condiciones.

El cargo Chuza Naranja apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ocurrió en un restaurante de la capital tlaxcalteca conocido precisamente por concentrar a la clase política y empresarial del estado.

Un espacio donde, para nadie es ajeno que se reúnen quienes mandan y quienes aspiran a mandar. Elegir ese escenario, y no el Palacio de Gobierno ni una casa particular, no es un error de protocolo: es una decisión política.

En política las formas son fondo. Y cuando la titular del Ejecutivo se sienta a la mesa con el perfil que medios locales y actores del propio Morena identifican consistentemente como su “delfín” para la coordinación estatal de la Cuarta Transformación —y, en la práctica, para la sucesión de 2027—, el mensaje queda registrado.

Más aún cuando a la mesa se suma Héctor Ortiz Ortiz, exgobernador, exalcalde capitalino, exrector universitario y actual diputado local: un operador con décadas de experiencia en la política tlaxcalteca, formado en el PRI, electo por el PAN y ahora en el Congreso. Su presencia no es ornamental.

El encuentro llega justo cuando otros aspirantes —Raymundo Vázquez Conchas, Ana Lilia Rivera Rivera, Carlos Augusto Pérez Hernández, Irma Yordana Garay Loredo, José Alejandro Aguilar López y Salvador Santos Cedillo, entre otros— han exigido públicamente reglas claras, equidad y que el gobierno estatal no meta las manos en el proceso interno.

Mientras el partido insiste en “piso parejo” y en que la definición saldrá de un mecanismo democrático, las imágenes y el silencio posterior dicen otra cosa.

No es un episodio aislado. Alfonso Sánchez García y Lorena Cuéllar han compartido escenarios de manera reiterada: inauguraciones, marchas por la “Defensa de la Transformación”, informes de gobierno, actos de bienestar social.

Redes sociales y medios han documentado intentos de alinear alcaldes detrás del proyecto del alcalde capitalino y fotografías de “corcholatas” posicionadas alrededor de la gobernadora con Sánchez García en lugar privilegiado. La narrativa de cercanía no es especulación de opositores; es un patrón visible y reportado.

Lo que ocurrió al concluir el desayuno refuerza la lectura: la mandataria esperó en su camioneta oficial a que Sánchez García abordara la unidad. Siete minutos de plática privada o de simple confirmación, para la foto y el morbo.

Luego él regresó a su vehículo particular. Ortiz Ortiz se retiró primero. Ninguno de los tres ha ofrecido una explicación pública del motivo de la reunión. El silencio no disipa dudas: las alimenta, porque justamente es lo que esa casa de campaña quiere.

Si la reunión era realmente privada e inocua, ¿por qué celebrarla en un restaurante de alto tránsito político y no en un espacio discreto del gobierno o de la residencia oficial?

¿Qué asuntos requieren la presencia simultánea de la gobernadora, su aspirante más cercano y un exgobernador de otra filiación histórica con vasta experiencia operativa?

¿Los siete minutos en la camioneta oficial fueron una extensión del desayuno o una conversación que no podía escucharse en la mesa?, ¿Cómo se sostiene el discurso de imparcialidad del gobierno estatal cuando el propio Ejecutivo aparece sistemáticamente junto a uno de los contendientes mientras otros demandan que “saque las manos”?

¿Qué credibilidad tiene el proceso interno de Morena en Tlaxcala si la percepción —fundamentada en hechos públicos reiterados— es que la cercanía con el poder ya inclinó la balanza?

¿Hasta qué punto la presencia de un operador experimentado como Ortiz Ortiz señala la construcción de acuerdos que trascienden las reglas formales del partido?

Si otros aspirantes observan este patrón y el silencio oficial, ¿qué incentivo real tienen para confiar en que la encuesta o el mecanismo interno no será un trámite de legitimación de una decisión ya tomada?

Sería bueno saber quién se siente o se dice traicionado, porque Héctor Ortiz, con el colmillo retorcido que da décadas de trinchera, no habría aceptado sentarse a tomar café en ese espacio sabiendo de antemano que sería balconeado con una foto que hablaría de su alineación con el alcalde con licencia.

Lorena Cuéllar tampoco lo hizo sin calcular que la imagen circularía. Como quiera que sea, alguien aquí salió ganando y alguien está más que arrepentido.

Morena enfrenta en Tlaxcala, como en otras entidades, la tensión entre su narrativa de democracia interna y la realidad de las estructuras de poder locales.

La sucesión de 2027 no se dirime solo en las asambleas o en las encuestas: se construye también en las mesas de restaurante, en las camionetas oficiales y en los silencios calculados.

Quienes hoy reclaman piso parejo no necesitan teorías conspirativas, les basta con observar quién se reúne, dónde se reúne y quién guarda silencio después.

Las tres de ley… dicen que Madai Pérez extraña en IDET y por eso trato de hacer su propio evento en el patio vitral el día de ayer. Pero

1. Cuando dirigió el Instituto del Deporte dejó a los atletas en el abandono y en el es notorio pues bajo su gestión los paraatletas y el resto de deportistas enfrentaron falta de apoyos reales, seguimiento nulo y resultados mediocres que nunca se explicaron.
2. Como legisladora no ha aportado nada concreto al deporte, y aunque habla de “esfuerzo y compromiso”, no ha logrado presupuesto etiquetado, infraestructura, becas permanentes ni un sistema de atención digno para quienes representan a Tlaxcala.

Este reconocimiento es puro marketing personal y usa el Congreso y a los paraatletas para generar fotos y titulares, mientras el deporte estatal sigue sin más recursos gestionados por ella. Eso es poca seriedad.

El cargo Mensaje vacío apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Dejó el PRI, el partido que la hizo regidora y diputada local, para treparse a Morena cuando le cerraron las puertas tricolores y vio la oportunidad de conservar el poder.

Los propios morenistas de Tlaxco la rechazaron en su momento: la llamaron ambiciosa, arribista, antítesis de los principios que decía defender.

Pero el cálculo político prevaleció. Hoy gobierna con la camiseta guinda, aunque las prácticas que exhibe siguen oliendo a viejo régimen.

El más reciente episodio lo confirma. Julio César Ortega Reyes, representante de Reiki Promotores Inmobiliarios, denuncia que la alcaldesa evadió el pago de alrededor de medio millón de pesos por la instalación de una villa navideña y un árbol de Navidad en la plaza principal en diciembre de 2024.

No hubo contrato formal —porque “cerraba el año fiscal”—, pero sí un acuerdo verbal, modificaciones pedidas por ella misma, pagos parciales, promesas de abonos mensuales y hasta una comida de agradecimiento y un regalo de la propia presidenta.

Cuando llegó el momento de liquidar, Torrejón cambió de tono: “Ya no te debo. Lo que te pagué es suficiente”. Y, según el prestador, las amenazas no se hicieron esperar: “Te recomiendo no hacer nada, porque veremos quién sale ganando”.

La empresa, que generó empleo local y dice no haber enfrentado problemas similares en contratos de cientos de millones, presentó denuncia ante el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y prepara demanda judicial. No busca intereses, solo recuperar lo adeudado.

Todo el mundo en Tlaxco vio la instalación, no apareció de la noche a la mañana. Pero cuando se trata de pagar, la autoridad municipal se esconde detrás de la informalidad que ella misma aceptó.

Este no es un caso aislado de descuido administrativo. Es el reflejo de una forma de gobernar: acuerdos de palabra, distancia cuando conviene y el peso del cargo usado como escudo.

La misma funcionaria que presume “transformación real” y “trabajo de la mano con el Estado” deja a prestadores de servicios con el miedo de reclamar lo que les corresponde.

Pero el problema de fondo es más grave. Bajo su administración, Tlaxco se ha convertido en un territorio donde el Estado parece perder terreno.

En enero y febrero de 2025 las autoridades federales desmantelaron al menos dos grandes narcolaboratorios en la zona de Atotonilco y Las Vigas.

En uno de ellos se aseguraron más de 20 mil kilogramos de sustancias químicas, miles de litros de precursores, reactores, condensadores y un arma larga.

Fuentes oficiales hablaron de una capacidad de producción de hasta 400 kilos de cristal a la semana, atribuida a células del Cártel de Sinaloa.

Torrejón minimizó: “No hay operación del crimen organizado en Tlaxco”, dijo. Solo “robo de vehículos” y “paso” hacia Hidalgo y Puebla. Los hechos desmienten el discurso.

Peor aún: es la presidenta municipal que acumula más policías muertos en el cumplimiento del deber en tan corto tiempo. En marzo de 2025 cayó el oficial Aristeo N. durante una persecución en la carretera Tlaxco-Chignahuapan; iba sin el equipo mínimo, sin chaleco antibalas adecuado, según denuncias locales.

En marzo de 2026, Mario Hernández, de 51 años, murió de un disparo en el tórax en La Herradura, carretera Tlaxco-Apan, tras un enfrentamiento con presuntos delincuentes. Es el segundo en un año.

El pueblo despidió a su comandante entre sirenas, campanas y lágrimas. La corporación municipal, con apenas 77 elementos, ha operado en condiciones precarias.

Tras los laboratorios y la primera muerte, el Consejo Estatal de Seguridad Pública impuso un mando coordinado porque Tlaxco “perdía el control”.

Una autoridad que amenaza a quien le reclama una deuda legítima y que, al mismo tiempo, presidia un municipio donde florecen laboratorios de metanfetamina y caen sus propios policías, no genera confianza: genera temor.

El miedo no es solo de los empresarios que temen cobrar. Es el de los ciudadanos que ven cómo la seguridad se deteriora mientras la alcaldesa inaugura exposiciones, corta listones y repite el chiste de la transformación.

Torrejón salió del PRI acusando violencia política y puertas cerradas. Llegó a Morena como chapulina que buscaba sobrevivir políticamente.

Ahora, con el poder municipal, reproduce las peores prácticas: informalidad en el ejercicio del gasto, opacidad frente a acreedores, minimización de la violencia y una corporación policiaca que paga con sangre la falta de respaldo real.

Dejó el tricolor, sí. Pero nunca abandonó los métodos y Tlaxco lo está pagando.

El cargo Torrejón: cambió de colores, pero no de métodos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Hace tiempo, cuando se conoció que lo habían timado en sus vacaciones por Europa con una agencia de hospedaje, la gente se rio. El golpe era solo a su bolsillo.

Ahora el asunto es distinto y mucho más grave: lo que se ha destapado afecta a los trabajadores del gobierno y a todos los tlaxcaltecas.

No es una opinión. Es un hecho que ya circula con pruebas. Utilizando el dinero público, el personal de las oficinas y el miedo a perder el empleo, el secretario y otros funcionarios arrancaron una “estrategia” para imponer a Alfonso Sánchez García en la sucesión gubernamental.

Todo sin el menor respeto a la democracia ni a las reglas que deben seguir los servidores públicos.

La evidencia es clara. Un mensaje atribuido a Fabricio Mena, enviado desde lo que parece su perfil de Facebook, empezó a correr en redes y en grupos de WhatsApp.

En la captura se lee que pide a un grupo de personas cumplir una meta de 44 casas visitadas por cada sección electoral.

El hermano del exgobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, del PRI, ordena informar avances en cortes programados y mandar evidencias de lo que hicieron a una persona llamada Karla Herrera.

El texto habla de cumplir los objetivos de una “coordinación estatal de logística”, pone fechas para entregar resultados y cierra la información. No se trata de un mensaje aislado.

Según denuncias de trabajadores que ya salieron a la luz, servidores públicos del Gobierno del Estado estarían siendo obligados a participar entre semana y los fines de semana.

Las tareas incluyen repartir volantes, hacer visitas domiciliarias y hasta colocar publicidad de Alfonso Sánchez García en vehículos particulares.

Diversos medios locales han dado constancia de este abuso. En grupos de Facebook de denuncias ciudadanas el mensaje original se ha compartido decenas de veces.

Los comentarios no se hicieron esperar: hablan de gobierno corrupto, de imposición de un “delfín” y de vergüenza ajena. Muchos se burlan y dicen que ahora todos manden sus “evidencias” a Karla Herrera. Las reacciones mezclan risa, enojo y hartazgo.

Todo esto ocurre justo en medio del proceso interno de Morena para elegir a su Coordinador de Defensa de la Transformación en Tlaxcala. La coincidencia no es casual.

El mensaje y las denuncias de los trabajadores alimentan la sospecha de que se está usando la estructura del gobierno para mover territorio a favor de un aspirante.

Si se confirma que el mensaje es auténtico y que funcionarios públicos están haciendo trabajo político-electoral con recursos y tiempo oficiales, las autoridades electorales deberían intervenir.

Porque cuando se usa el aparato del Estado, el miedo al despido y el sueldo de los trabajadores para imponer candidatos, ya no es una simple torpeza, ese acto es un abuso que le cuesta a todos los tlaxcaltecas.

Las tres de ley: a propósito de la imagen que circuló este fin de semana con los aspirantes a la coordinación estatal de Morena han surgido algunas dudas.

1-¿Por qué solo los mediáticos? ¿Por qué convocaron únicamente a Ana Lilia Rivera, Alfonso Sánchez, Raymundo Vázquez y Carlos Augusto Pérez, y dejaron fuera a los otros 7 aspirantes?

2- ¿Ya están definidos los finalistas? ¿Esta foto significa que solo estos cuatro avanzan, o todavía no hay dictamen oficial de la Comisión Nacional de Elecciones?

3- ¿Dónde quedó la transparencia?, Si la convocatoria exige publicar los registros aprobados y respetar paridad, ¿por qué actúan con opacidad y selectividad?

El cargo Cinismo y Turismo apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El argumento es hábil: como no han apagado micrófonos a gritos, entonces todo está en orden. Pero el control de la información rara vez llega con un teléfono que ordena “corre a ese conductor”. Bueno eso si pasó en la época de Felipe Calderón y de Vicente Fox.

El control y la manipulación llega con reglamentos, códigos de ética obligatorios (que de nada sirven si los periodistas no son éticos en lo personal), defensorías supervisadas y la promesa de que “solo se trata de distinguir opinión de información”. Eso es exactamente lo que se discute hoy.

Los lineamientos obligan a concesionarios de radio, televisión abierta y sistemas de paga a contar con códigos de ética y defensorías de las audiencias. Exigen que el público sepa cuándo está viendo opinión y cuándo publicidad disfrazada. Establecen mecanismos de queja.

En el papel suena razonable. En la práctica, bajo un régimen que concentra el poder legislativo, el Ejecutivo y buena parte de los órganos reguladores, se convierte en un instrumento de presión discrecional. No le demos vueltas.

El problema no es que exista un defensor de las audiencias. El problema es quién lo controla y con qué criterios. Cuando el organismo encargado de interpretar conceptos tan elásticos como “desinformación”, “manipulación” o “contenido engañoso” depende del aparato estatal, la neutralidad es ficción.

La experiencia reciente muestra que este gobierno no duda en etiquetar como “mentira” o “guerra sucia” cualquier cobertura que le resulte incómoda. Convertir esa etiqueta en sanción administrativa o en revisión editorial es el paso natural y ya vimos que van para allá.

Sheinbaum presumió que la ley se negoció con la Cámara Nacional de la Insdustria de la Radio y la Televisión (CIRT) y que los lineamientos aún están en consulta pública. Ambas afirmaciones son técnicas y ambas son insuficientes. Parece que la intención es soltar esta información para que, en función de la reacción, vayan delineando lo que sigue.

El argumento de que “en el pasado se hablaba por teléfono” no absuelve al presente: simplemente cambia el método. Antes era el favor personal. Ahora puede ser la resolución administrativa, la multa, la observación reiterada o la amenaza de no renovar concesiones.

Más grave aún es la asimetría. Se exige a Televisa, Azteca e Imagen que separen opinión de información y publicidad de periodismo. Pero la propia conferencia mañanera —el espacio informativo más poderoso del país— opera sin código de ética externo, sin defensoría independiente y sin ningún mecanismo que permita a la ciudadanía reclamar cuando se presenta como hecho lo que es solo la versión oficial.

Si la lógica de los derechos de las audiencias es correcta, debería aplicarse también al podio presidencial. No se aplica y esa excepción lo dice todo.Y aquí aparece otra falacia. Si lo que se busca es acabar con las mentiras de figuras como Alito Moreno, Jorge Romero o Acosta Naranjo, este instrumento no servirá de nada.

En esa “oposición” las mentiras no se callan porque las respiran desde su fundación: forman parte de su propia naturaleza política y parece que incluso de sus estatutos. En cambio, el verdadero peligro es el inverso: que estos lineamientos terminen acallando a las voces críticas desde las entidades y sus aparatos, que inevitablemente tendrán que adecuarse a esta cacería de brujas.

Los medios locales, los periodistas independientes y las redacciones que no se alinean serán los primeros en sentir la presión de defensorías y códigos de ética interpretados a conveniencia del poder.

El riesgo no es teórico. Un marco que permite a la autoridad decidir cuándo una crítica es “opinión legítima” y cuándo es “manipulación” abre la puerta a la censura indirecta.

Los medios críticos o no ya operan bajo presión fiscal, de publicidad oficial y de hostigamiento en redes. Agregar un mecanismo de supervisión editorial con dientes administrativos es simplemente perfeccionar el control. Los ciudadanos no ganan un defensor: ganan un intermediario que responde, en última instancia, al mismo poder al que se pretende fiscalizar.

La libertad de expresión no se mide solo por la ausencia de censura frontal. Se mide por la capacidad real de disentir sin que el Estado tenga herramientas para castigar el disenso bajo pretexto de “proteger a las audiencias”.

Estos lineamientos, tal como están planteados, no protegen a nadie. Protegen al poder de moldear el relato. Y eso, en cualquier democracia que se tome en serio, es peligroso.

El cargo Defensor de las audiencias… o del poder apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Varios de ellos se apresuraron a desmentir o al menos intentar matizar los datos. Se habló de “equivocaciones”, de cifras que no reflejaban la realidad o de una lectura incompleta. Otros legisladores locales se sumaron al coro de la indignación: “No somos los más caros”, “la presidenta se equivoca”, “aquí hay austeridad”.

Hoy, julio de 2026, la misma LXV Legislatura acaba de aprobar la reforma constitucional que fija el techo del presupuesto del Poder Legislativo en 0.70 por ciento de los ingresos estatales. El actual 1.6 por ciento se reduce a menos de la mitad.

Con el Presupuesto de Egresos 2026, el Congreso dispone de 503 millones 506 mil 250 pesos. Si el nuevo límite se aplicara de inmediato, operaría con alrededor de 210.6 millones: una contracción cercana al 58 por ciento.

Los recursos “ahorrados” deberían ir a infraestructura. Suena bien. Suena a coherencia con el discurso federal de austeridad republicana, pero hay un detalle que lo echa todo por tierra: el recorte no entra en vigor ahora. Los diputados, con el respaldo del transitorio quinto de la reforma federal, decidieron que el ajuste se aplique hasta el 29 de agosto de 2027, cuando arranque la LXVI Legislatura.

Es decir, ellos no lo padecerán. Conservan la posibilidad de mantener e incluso incrementar su presupuesto durante los primeros ocho meses de 2027. El hachazo se lo dejan a quienes lleguen después.

No es un tecnicismo inocente. Es una confesión. Si el 0.70 por ciento es el límite razonable y constitucionalmente correcto, ¿por qué no aplicarlo de inmediato? Si realmente no eran “de los más caros”, ¿por qué el ajuste implica casi un 60 por ciento de reducción? La respuesta es simple: porque sí lo eran.

Homologaron la Constitución local en paridad de género, tope de 15 regidurías y límites salariales a consejeros y magistrados electorales —medidas que, por cierto, no les duelen, pero cuando llegó el momento de tocar el presupuesto del Congreso, activaron el freno de mano.

Claudia Sheinbaum no se equivocó. Los datos que presentó en su momento sobre el costo de los legisladores locales en Tlaxcala y otros estados eran correctos. La reacción de rechazo de hace meses no era una defensa de la verdad, sino una defensa del status quo.

Ahora, al aceptar el recorte pero posponerlo, los diputados de la LXV Legislatura le dan la razón a la presidenta con hechos, no con discursos. Y de paso demuestran que la austeridad, cuando se trata de uno mismo, siempre es un valor de aplicación diferida y si no se aplica, pues mejor.

La historia juzgará a los que se aprovecharon de las acciones afirmativas, a los que no defendieron o que simplemente ignoraron a los grupos minoritarios que los llevaron a la curul. El basurero de la historia no siempre juzga a los políticos por lo que dicen, a veces los juzga por lo que posponen.

David Morales del Razo explicó en tribuna que el régimen transitorio federal lo permite, técnicamente tiene razón, políticamente es un acto de cinismo. Nadie cree, ni espera que se disculpen con el vocero estatal Antonio Martínez Velázquez, por haberle exigido casi su renuncia y una disculpa después de que él aceptara las declaraciones de Sheinbaum, pero la disculpa si tendría que ser para los tlaxcaltecas, a los que les mintieron y ocultaron esto.

El cargo Sheinbaum no mintió apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Es cierto, el patio central de Palacio de Gobierno se llenó de aplausos, guardias de honor y discursos para despedir a Alfonso Sánchez Anaya. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros lo llamó uno de los mejores mandatarios de la historia de Tlaxcala. A mi parecer un discurso frio, lleno de lugares comunes, incluso impersonal.

La senadora de Zacatecas, Amalia García, recordó su vocación de servicio. Cientos de personas —funcionarios, diputados, empresarios, ciudadanos— se acercaron a expresar y mostrar su pesar. Todo parecía el cierre digno de una trayectoria que marcó la primera alternancia democrática en el estado. Aunque yo insisto que no la ratificó, ni permitió la continuidad de esa democracia de la que él fue beneficiario.

Sin embargo, la fotografía completa revela ausencias más elocuentes que las presencias. De los exgobernadores vivos de Tlaxcala, solo Mariano González Zarur apareció de manera consistente en el velorio de Rancho Toltecapa y en el homenaje oficial, más por obligación familiar que por sumatoria.

No se registró la asistencia de Héctor Israel Ortiz Ortiz, o del cerebro político que representa José Antonio Álvarez Lima, tampoco acudió la multifacética Beatriz Paredes Rangel, ni el apestado Marco Antonio Mena. Esa falta de colegas de la misma generación no parece casual.

En un momento en que el hijo del difunto, Alfonso Sánchez García, aparece entre los aspirantes a la gubernatura, cualquier imagen de varios exmandatarios rodeando al presidente con licencia hubiera funcionado como un poderoso mensaje de unidad y respaldo político. ¿Entonces por qué no hacerlo, si es el puntero?

Evitar esa foto colectiva fue, en la práctica, impedir que el funeral se convirtiera en el primer acto de resurgimiento de una campaña que va en picada. Las fotografías que sí se tomaron obedecían a otros intereses: protocolarios, institucionales o de simple cortesía. No de reagrupamiento político alrededor del hijo.

Más revelador aún fue el tono del propio Alfonso Sánchez García. Quienes escucharon su intervención coinciden en que sonó fría, calculada y carente de la emotividad que se espera cuando un hijo despide a su padre ante el pueblo que ese padre gobernó.

No hubo quiebre de voz, no hubo anécdota íntima que humanizara el momento, no hubo la emoción desbordada que sí se percibió en algunos asistentes ajenos a la familia, en ese pueblo que recuerda al “guerito de rancho” con afecto, con amor simplemente por haber tenido un carisma que ningún otro gobernante ha tenido.

Con ese discurso, más que despedir al padre, pareció enterrar cualquier posibilidad de que el duelo se sintiera genuino y no instrumentado. La cercanía que Sánchez Anaya cultivó con la gente quedó, paradojicamente, más lejos de su propio hijo en el momento más público de la despedida.

A eso se suma otra ausencia silenciosa: las hermanas de Alfonso Sánchez García no estuvieron en su totalidad. En un funeral de esta magnitud, la falta de todas las hermanas del aspirante no pasa desapercibida. Dentro de la propia familia, al parecer, generó molestia el exceso de protagonismo del hijo-candidato. ¿Cómo aspiras a gobernar en unidad, cuándo no logras ni la de tu familia?

El duelo familiar se fragmentó. Mientras afuera se acumulaban abrazos espontáneos, palabras sinceras de colaboradores viejos, ciudadanos que recordaban las audiencias públicas o el hospital de Tlaxco, adentro el círculo más cercano mostraba tensiones. Hubo más muestras de afecto genuino entre los asistentes que entre quienes compartían sangre y apellido con el fallecido.

Al final, el homenaje estatal cumplió su función institucional. Tlaxcala despidió con honores a quien rompió la hegemonía priista y creó instituciones que aún existen. Pero el intento de convertir ese momento en plataforma familiar y política no prosperó.

Las ausencias de los otros exgobernadores, el discurso distante del hijo y la falta de las hermanas dibujaron un cuadro distinto: el de una familia y un proyecto político que, en el momento más delicado, no lograron proyectar unidad ni emoción auténtica.

Todo les salió mal y eso, en política, también se nota. Ayer Alfonso Sánchez García enterró más que al exgobernador.

El cargo Doble Sepelio apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Tres menores han muerto en planteles de este tipo en los últimos años. Y la respuesta del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ha sido la misma de siempre: señalar hacia abajo.

Delgado salió a decir que la educación militarizada “no está autorizada” por la ley, que ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la avalan, y que la responsabilidad de revisar y, en su caso, retirar los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) recae en los gobiernos estatales. Se lavó las manos.

En Tamaulipas ya detectaron cinco escuelas más. En Tlaxcala, la SEPE reconoce tres: el Colegio Militarizado Legión de Honor, el Instituto Metropolitano Militarizado (vinculado a la Universidad Metropolitana de Tlaxcala) y una tercera aún sin nombre público destacado. En la Ciudad de México opera desde 1933 el Colegio Militarizado Moderno Alarid, uno de los más antiguos del país.

Y por encima de todos ellos existía —hasta hace poco— la Asociación Nacional de Escuelas Militarizadas Particulares, presidida precisamente por Jorge Luis Ponce Ortega, el director de la academia donde murió Dafne, hoy detenido por feminicidio.

La declaración de Delgado suena firme. Pero es profundamente insuficiente y, en el fondo, evasiva.

Primero, porque no es nuevo. Estas escuelas llevan años operando con RVOE estatales, promocionándose con desfiles, instructores “militares en retiro”, internados y discursos de “disciplina y valores”.

Si realmente estaban prohibidas, ¿por qué la SEP federal nunca generó un mecanismo de vigilancia nacional? ¿Por qué se permitió que una asociación civil —encabezada por el mismo director ahora imputado— organizara encuentros nacionales y se presentara como garante de calidad?

Por qué responsabilizar exclusivamente a los estados es una forma elegante de diluir la responsabilidad federal. La educación básica y media superior es un derecho constitucional.

El interés superior de la niñez no es un asunto local. Cuando un modelo se replica en varios estados y produce muertes, maltratos y un “código de silencio”, la omisión federal también es parte del problema.

Y aquí viene lo más grave: el impacto real sobre los niños y jóvenes que hoy están dentro de esos planteles.

Mientras las autoridades discuten oficios y revisiones, hay menores de edad viviendo el día a día de un sistema que, en varios casos documentados, normaliza el aislamiento de las familias, los castigos físicos disfrazados de “formación de carácter”, las novatadas y la amenaza de represalias si hablan.

En Tlaxcala, las autoridades aseguran que no hay denuncias formales. Eso no significa que no existan prácticas problemáticas; significa que el miedo o la normalización pueden estar funcionando.

En otros estados ya vimos cómo los compañeros solo se atrevieron a hablar después de una tragedia.

El anuncio de Delgado genera, además, una incertidumbre inmediata: padres que pagaron colegiaturas de decenas de miles de pesos no saben si el plantel de sus hijos seguirá operando el próximo ciclo.

Alumnos que llevan años en un modelo de “cadetes” enfrentan la posibilidad de que su trayectoria académica se interrumpa de golpe.

Y, lo más delicado: si las revisiones se hacen de manera burocrática y no con una mirada real de protección a la infancia, el riesgo es que simplemente se cambien los nombres —de “militarizada” a “con disciplina reforzada”— y todo continúe igual.

Hay una diferencia importante entre formar en valores, responsabilidad y resiliencia, y someter a niños a un régimen que replica lógicas de mando vertical, aislamiento y castigo.

La primera es legítima. La segunda, cuando se aplica a menores de edad sin regulación clara ni supervisión efectiva, es un riesgo inaceptable.

Mario Delgado tiene razón en un punto: estas modalidades no deberían existir bajo el marco legal actual. Pero equivoca el acento.

No basta con recordar a los estados que no están permitidas. Se necesita una intervención federal coordinada, un censo real de todos los planteles que operan con este modelo, protocolos de escucha segura para los alumnos y, sobre todo, una decisión política de poner el interés superior de la niñez por encima de la comodidad administrativa de repartir culpas.

Dafne Zapata no necesitaba un oficio. Necesitaba que alguien hubiera supervisado de verdad el lugar al que su madre la envió con la esperanza de fortalecer su carácter.

Los niños y jóvenes que hoy están en el Legión de Honor, en el Instituto Metropolitano Militarizado, en el Alarid o en cualquiera de las decenas de planteles similares del país esperan algo más que un comunicado que señala hacia otro lado, merecen que la autoridad deje de mirar para otro lado y repartir culpas a quien se deje.

El cargo Escuelas militarizadas apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El lamentable deceso del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya, a los 85 años, no es solo el deceso de una figura local, es -ahora sí- el cierre de un capítulo que en Tlaxcala lleva más de dos décadas sin concluirse del todo: el de la primera alternancia democrática y, al mismo tiempo, el de la figura que intentó perpetuarse y evitó una renovación verdadera en la política local.

El cargo Anaya: alternancia a medias apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.