Hoy esa historia empieza a cambiar de raíz. Después de dos años de “picar piedra”, como lo describe su actual presidente Víctor Garrido Lechuga, el Congreso del Estado aprobó y promulgó la transformación de la CAPAO en la Comisión Local de Agua Potable y Alcantarillado de Ocotlán (CLAPAO). Se trata de la primera comisión de carácter local —no municipal— que se convierte en organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio en todo el estado.

No es un detalle menor. Hasta ahora, la mayoría de las comisiones comunitarias de agua en Tlaxcala operan en condiciones similares a las que tenía Ocotlán: sin patrimonio formal, sin acceso directo a programas estatales o federales y con una dependencia constante de la intermediación municipal. La CLAPAO rompe ese molde.

Más derechos… y más obligaciones

Garrido es claro al explicar el sentido del cambio: “Ahora sí vamos a ser un organismo público. Ya no vamos a ser un ente fantasma”. La nueva figura implica obligaciones de transparencia y fiscalización equivalentes a las de un ayuntamiento, pero también abre puertas que antes estaban cerradas. Entre las más importantes destaca el acceso a esquemas como el “peso por peso” de la Comisión Estatal del Agua, así como la posibilidad de gestionar recursos federales y estatales sin depender de triangulaciones con el municipio.

El patrimonio de los pozos y las concesiones pasará a nombre de la propia comisión. El padrón de usuarios —más de 7 mil tomas, que representan a decenas de miles de habitantes— quedará sujeto a un reglamento formal. Y, en un plazo aproximado de un mes, se constituirá un Consejo de la Comunidad que dará continuidad institucional más allá de las administraciones.

Un camino de conflictos y resistencia

El proceso no fue sencillo ni limpio. La CAPAO de Ocotlán ha sido escenario de elecciones impugnadas, nulidades judiciales, tomas de instalaciones, suspensiones de servicio y constantes fricciones con el Ayuntamiento capitalino. En 2025 y 2026 se vivieron momentos de alta tensión en los que la propia legitimidad del organismo estuvo en entredicho. Que hoy se haya logrado la aprobación en Cabildo y después en el Congreso habla de una combinación de presión comunitaria, negociación política y persistencia.

Garrido reconoce que hubo acuerdos —incluyendo con el secretario del Ayuntamiento, Víctor Hugo Gutiérrez Morales— y que el presidente municipal Alfonso Sánchez García “les echó la mano” para que los habitantes de Ocotlan tuvieran certeza total. También deja claro que no se trata de un regalo: “El tema más difícil era que saliera de Cabildo”.

Un modelo para el resto del estado

Aquí está el verdadero peso del asunto. Si la CLAPAO funciona como se espera —con reglamento, transparencia, patrimonio propio y capacidad real de gestión—, se convertirá en el referente que muchas otras comunidades de Tlaxcala llevan años esperando. En lugares como Ixtulco, Cuauhtlapoala o Metepec, donde las comisiones operan bajo esquemas parecidos al que tenía Ocotlán, el precedente puede abrir caminos.

No se trata de romantizar. La nueva figura también implica mayor escrutinio, más responsabilidades y la necesidad de construir una estructura administrativa sólida. El organigrama cambiará, habrá tabulador y, sobre todo, se terminarán las “ocurrencias”. Pero es preferible rendir cuentas con reglas claras que seguir operando en la penumbra jurídica.

Ocotlán acaba de dar un paso que otras comunidades apenas están empezando a imaginar. Ahora falta que el ejemplo no se quede en el papel y que la CLAPAO demuestre, con resultados, que la autonomía formal también puede traducirse en mejor servicio, menos conflictos y más certeza para los usuarios. El resto del estado -con todas las comunidades- estará observando.

El cargo De “ente fantasma” a ejemplo estatal apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En entrevista con el periodista Juan Luis Cebrián para el medio español The Objective, el expresidente panista afirmó sin rodeos: “Gana Calderón o, lo puedo decir aquí, hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”.

No fue un desliz. Fue una declaración de principios. Fox explicó que abordó la sucesión de 2006 con “mentalidad de empresario”: el dueño del negocio decide a quién le deja las riendas, como si el país fuera una empresa, como si fuera Coca-Cola Femsa, como si fuera esa compañía que le entregó el poder y gracias a la cual llegó a la Presidencia.

Por si fuera poco, dejó claro que, de haber ganado Andrés Manuel López Obrador, simplemente no le habría entregado la banda presidencial “por el coraje que me hubiera dado”.

Veinte años después, el hombre que en el año 2000 llegó prometiendo desmontar el presidencialismo priista admite que usó el poder del Estado para garantizar la continuidad de su partido. El mismo partido que en Tlaxcala prestó sus colores a Héctor Israel Ortiz Ortiz.

La diferencia oficial entre Felipe Calderón y López Obrador fue de apenas 0.56 puntos porcentuales. El Tribunal Electoral señaló entonces las intervenciones del presidente en funciones como una de las irregularidades más graves del proceso, pero poco importó el señalamiento y pese a ello varios gusanos de esa misma guayaba presumían un triunfo histórico.

Ahora el propio Fox confirma y lo presume. El poder del estado fue utilizado para arrebatar al ciudadano la posibilidad de votar y elegir libremente: Carlos Loret, Ciro Gómez y otros más no han presumido esa nota, porque simplemente les duele aceptar que defendían lo indefendible

Claudia Sheinbaum lo calificó de terrible y de prueba de que, para ellos, gobernar México era un negocio. Ya no hay margen para la duda: es una declaración hecha por el propio expresidente.

Paralelamente, al norte del río Bravo, Donald Trump vivió su propio naufragio. Las elecciones de medio término del 3 de noviembre entregaron a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso. El golpe simbólico más profundo ocurrió en Texas, donde Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott y se convertirá en la primera gobernadora latina del estado.

Le ganó a los cientos de millones que el empresario destinó a su campaña. James Talarico arrebató la senaduría a Ken Paxton, el primer demócrata en ganar esa posición desde 1988. Los demócratas barrieron también la tenencia de gobernador, la Fiscalía General y otras oficinas estatales.

Texas, el bastión que la derecha global consideraba inexpugnable, cambió de manos. Trump, que tanto presumió de su fuerza, terminó siendo el mejor organizador de la oposición.

Esa es la derecha que celebró con euforia la llegada de Javier Milei en Argentina y el avance de fuerzas similares en otros países. Se llenaron la boca hablando del regreso de la derecha en el mundo y hoy la realidad simplemente los alcanzó.

Tanto Fox como Trump no pudieron sostener el terreno de sus propias geografías. Lo que quedó al descubierto no es solo una derrota electoral: es la fragilidad de un proyecto político basado en personalismos, en soberbia y en una percepción patrimonial del poder.

Fox trató a México como una empresa familiar. Trump trató a Estados Unidos como una extensión de su marca personal. Ambos terminaron por entregar el poder a quienes juraban detestar.

En México, el PAN de Jorge Romero Herrera y Maru Campos observan el panorama con la amargura de quien celebraba triunfos ajenos mientras perdía los propios. Todos vimos que el PRI como el PAN se dedicaron a hacer campaña en Estados Unidos y celebraban todo lo que pasaba fuera de la frontera nacional, porque simplemente aquí nadie los quiere… hoy ni esos triunfos ajenos pueden celebrar.

Es cierto que a la derecha le quedan bastiones como Chihuahua o Guanajuato, pero la narrativa del regreso inevitable de la derecha se desmoronó. Su principal motor no fue la convicción ideológica, sino la soberbia y la soberbia, tarde o temprano, se cobra en las urnas.

Lo que queda es el espejo de dos figuras que, creyéndose dueñas del destino, terminaron por entregárselo a sus adversarios. La historia, al final, suele ser más justa que generosa.

Valdría la pena reflexionar sobre lo dicho por Vicente Fox Quesada, del PAN, y por Mariano González Zarur, del PRI, porque el propio González Zarur también reconoció, con esa incontinencia verbal que le caracteriza, que de no ser por él, Marco Antonio Mena Rodríguez no habría ganado. “Yo lo inventé en cinco años; no tenía ninguna capacidad para ser gobernador”, dijo el exmandatario priista.

Y añadió que se equivocó, que bajo Mena creció la pobreza y que éste traicionó al PRI al no mantener el poder para el partido.

Entonces el PRIAN, el amorío, la prostitución del PRI y el PAN se confirman en el rostro de Vicente Fox Quesada anunciando, presumiendo, que hizo ganar a Felipe Calderón Hinojosa, y aquí en Tlaxcala, con la diarrea verbal de Mariano González Zarur, reconociendo que impuso —con la fuerza del aparato, con el dinero del Estado y con la lógica de sucesión patrimonial— a un gris y tristemente célebre venido a menos, Marco Antonio Mena Rodríguez. De pena ajena.

El cargo Confesiones tardías y el poder como patrimonio apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Pero basta que un hombre de 84 años aparezca en una fotografía con Ana Lilia Rivera Rivera para que el mismo órgano se transforme en una maquinaria de notificaciones insistentes, apercibimientos de cárcel y multas que superan una pensión mensual.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo con Rubén Sanluis Meneses. Su hija, Marlen Sanluis, lo denunció públicamente: personal del ITE ha visitado de manera reiterada el domicilio del adulto mayor.

Primero le entregaron un cuestionario, él respondió por correo electrónico, pero después llegó otro requerimiento con preguntas prácticamente idénticas, aparentemente se negó a recibirlo porque ya había contestado. Y el día anterior al reclamo público le llevaron un tercer documento con amenazas de amonestación, arresto o sanción económica desproporcionada. Todo por haber salido en una foto publicada en redes sociales junto a la senadora con licencia, Ana Lilia Rivera Rivera.

No se trata de un operador político, no se trata de un financiador de propaganda, simplemente se trata de un ciudadano de 84 años que lee, escribe libros y vive de su pensión. Un adulto mayor que, según la lógica del Instituto, representa un riesgo electoral mayor que los cientos de bardas y espectaculares que durante meses inundaron los 60 municipios a favor de Alfonso Sánchez García.

El contraste es el verdadero problema. Mientras la propaganda anticipada a favor del entonces alcalde capitalino se desplegaba con total naturalidad —y el ITE, en varios momentos, prefería no ver o atribuir la responsabilidad a terceros—, cualquier mínimo guiño mediático o fotográfico hacia Ana Lilia Rivera detona una reacción inmediata y desproporcionada. 

Medios de comunicación también han sido requeridos por cubrir actos de la senadora, tal como hoy le sucede al adulto mayor. El patrón es claro: se tolera lo masivo cuando conviene y se persigue lo mínimo cuando molesta.

El contexto importa. El 28 de septiembre de 2026, Ana Lilia Rivera fue designada coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación por la dirigencia nacional de Morena, imponiéndose en el proceso interno.

La derrota política de quienes apostaron por otra carta no se resolvió en las urnas partidistas; ahora parece resolverse con requerimientos, notificaciones y presión institucional contra quienes, de forma involuntaria, voluntaria o casual, aparecieron cerca de la ganadora.

El ITE insiste en que solo cumple con sus funciones y técnicamente puede ser cierto, pero la selectividad con la que ejerce esas funciones es imposible de ocultar. Un árbitro que actúa con celeridad inusual contra un pensionado de 84 años y que durante meses mostró una paciencia casi infinita frente a la saturación propagandística del lado oficialista no es neutral: es un actor más del tablero.

Sanluis Meneses ya respondió, ya dijo lo que tenía que decir y aun así siguen llegando requerimientos a su domicilio. Como si la insistencia pudiera convertir una fotografía en delito electoral, como si el miedo a un hombre que escribe libros a los 84 años fuera más urgente que el control real de los excesos que sí afectaron la equidad del espacio público y los dineros de las arcas en Tlaxcala.

Al final, el mensaje que envía el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones es nítido y peligroso: en Tlaxcala se puede llenar el estado de propaganda anticipada y el árbitro apenas se inmuta, pero si un adulto mayor tiene la audacia de aparecer en una foto con la persona “equivocada”, entonces sí hay que mover a los notificadores con una diligencia que envidiaría cualquier secretaría de gobierno.

Lo que sigue sucediendo en Tlaxcala no es legalidad, es venganza disfrazada de procedimiento y el señor Sanluis Meneses, a sus 84 años, ya tiene el capítulo perfecto para su próximo libro: cómo el poder todavía le teme a quien solo se tomó una fotografía y lo persigue por estar del lado opuesto al de la autoridad electoral. Vaya delito.

El cargo El delito de salir en una foto apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Aquino Álvarado desestimó de plano esa posibilidad y terminó negando que la basura constituya un negocio. Si debo elegir entre su ignorancia o hipocresía, sostengo que se trató de una mentira deliberada. Negar el millonario botín que los residuos generan para él y para el grupo político que lo rodea —el llamado grupo Morelos— no borra la realidad.

Que el secretario pretenda desconocer a Rafael Gutiérrez Moreno, el histórico y poderoso líder del sindicato de pepenadores de la Ciudad de México y padre de Cuauhtémoc Gutiérrez, no significa que ese negocio no exista. El apodado “rey de la basura” se ganó el calificativo precisamente por el volumen de dinero que se mueve alrededor de los residuos.

Una vez expuesto el punto, conviene detallar lo que ocurre hoy en Tlaxcala.

La empresa que pretende quedarse con el manejo de la basura —llegada de Nuevo León, según han reconocido los propios funcionarios— busca cobrar $350 pesos por tonelada. Antes, los camiones recolectores pagaban 25 mil pesos anuales y nada más. El salto representa un incremento del 672 por ciento tan solo por este cobro.

La cuenta es sencilla. Según los propios trabajadores del sector, cada unidad recoge alrededor de 10 toneladas semanales. En un mes son 40 toneladas. A  $350 pesos por tonelada, el costo anual por vehículo se dispara a cerca de 168 mil pesos. ¿Cuántas unidades operan realmente en el estado? Nadie lo ha aclarado con precisión.

No se trata solo de los camiones municipales. En la capital y en otras localidades es visible, al menos, una flota particular que realiza la misma labor. Si se estima, de manera conservadora, un vehículo municipal y uno particular por cada uno de los 60 municipios, el monto anual rondaría los 20 millones de pesos solo por esas 120 unidades. El negocio, sin embargo, no termina ahí.

Ahora también quieren pasar por la báscula a los “pepenadores”. A quienes viven del reciclaje se les ha informado que deberán pagar por trabajar: antes no lo hacían, pero hoy se les anuncia una cuota cuyo monto aún nadie conoce con exactitud. Y no se trata de 60 personas por municipio. El círculo se cierra: se cobra a recolectores, a municipios y a quienes sobreviven de lo que otros desechan.

La empresa foránea tiene, sin duda, muchas ganas de “quitarnos el problema de encima”, siempre que recolectores, pepenadores y ayuntamientos le entreguen una generosa porción del erario y, de paso, las escasas ganancias de quienes nadie contempla en los discursos oficiales.

Sobre el nuevo tiradero, ubicado a aproximadamente un kilómetro del anterior, en Tetla de la Solidaridad, poco se sabe. ¿Cómo se adquirieron las 70 hectáreas de las que se hablan? ¿Compra, expropiación o algún otro mecanismo? La ciudadanía de Tlaxcala merece saber a quién se benefició y a quién se afectó con esta decisión.

Sostengo que se trata de un capricho porque el acceso es un camino de terracería de apenas poco más de cinco metros de ancho, por el que deben circular vehículos cargados con toneladas de basura durante al menos un kilómetro y medio. El tramo exacto sigue siendo un misterio: los operadores del sitio cerraron el acceso y evitaron que cualquiera pudiera constatar el destino final de los residuos de Tlaxcala, pero aquí se los dejo: https://maps.app.goo.gl/gUNt4Uw7L54cwGX26

Las tres de ley: 1. Ahora que el Ayuntamiento de Tlaxcala presume multas y sanciones por tirar basura en vía pública, valdría la pena saber si esa basura incluye la que dejó su ex candidato y hoy “refrescado” alcalde, quien regresó de unas vacaciones pagadas.

2. De ser así, ¿quién sanciona al frustrado aspirante a gobernador y a su estructura, que mantiene tapizada la capital y buena parte de los municipios con propaganda electoral convertida en basura?

3. ¿Por qué la autoridad municipal se toma la atribución de difundir imágenes de supuestos infractores antes de que sean presentados ante el juzgado cívico? Nadie ha respondido y es natural: las dudas persiguen a un equipo que todavía no explica cómo se le fue la liebre llamada “Coordinación”.

El cargo Pura Basura apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Hace apenas unas semanas Simón Levy difundió como verdad revelada unas fotografías borrosas que, según él, mostraban a Ariadna Montiel reunida con “El Guano”.

Les puso marca de agua de El Universal, juró que el diario las había publicado y que “nada de inteligencia artificial”. El Universal tuvo que emitir un comunicado para aclarar lo obvio: no las publicó, desconoce su origen, se trata de una suplantación y ya está denunciando el contenido.

Las imágenes, además, son tan lejanas y difusas que ni siquiera se distingue a nadie con claridad. Un mes antes, el mismo Levy había lanzado contra la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, un paquete de acusaciones de mayor calibre

Presunta red de lavado de dinero, trata de personas, huachicol, nexos con el crimen organizado, financiamiento ilícito de campaña y la adquisición de cuatro departamentos de lujo en Miami (uno de ellos valuado en 3.8 millones de dólares) a través de supuestos prestanombres.

Llegó a calificarla, junto con el gobernador de Puebla, de “narco gobernadora”. El Gobierno de Tlaxcala y la propia Cuéllar respondieron con el mismo tono que El Universal: “información falsa”, “guerra sucia”, “no tengo que aclarar algo que no existe” y el reto de que presentara pruebas ante autoridad competente.

Hasta la fecha, esas pruebas no se han exhibido de forma pública y verificable que permita sustentar judicialmente las acusaciones.

El mecanismo es idéntico: Levy lanza la acusación grave, la difunde con tono de certeza absoluta, le pone el barniz de “ya lo sabía” o “ya lo adelanté”, y espera el impacto.

Cuando el medio como El Universal o el gobierno salen a desmentir, el daño mediático ya está hecho… pero también se produce un efecto colateral que él no controla: cada desmentido serio, documentado y reiterado termina por limpiar el rostro de quien fue señalado.

Porque la opinión pública, aunque lenta, termina aprendiendo el patrón. Cuando El Universal —un medio que no es precisamente blando con el poder— se ve forzado a decir “esto no es nuestro”, la acusación contra Montiel pierde peso.

Cuando el Gobierno de Tlaxcala y la propia gobernadora rechazan de forma consistente y sin ambigüedades las acusaciones de Levy, y éste no presenta documentación pública que las sostenga, el efecto es el mismo: la sospecha se desplaza del acusado hacia el acusador.

Cada “guerra sucia” que se desmiente, cada foto falsa que se deslinda, cada departamento en Miami que no se acredita, suma un punto a favor de quienes han sido blanco de esas campañas.

Así opera el desgaste. Levy no necesita demostrar, solo necesita sembrar. Pero cuando los desmentidos se acumulan —y se acumulan porque las acusaciones se repiten sin prueba—, el resultado es paradójico: el gobierno de Tlaxcala, la figura de Lorena Cuéllar y todos aquellos a los que ha incriminado con el mismo método terminan fortalecidos en la narrativa de “víctimas de una maquinaria de desinformación”.

No porque se demuestre su pureza absoluta, porque es claro que no son impolutos, sino porque el acusador se revela como alguien que lanza primero y verifica (o no) después.

El problema de fondo no es solo la mentira puntual, es la industrialización de la acusación sin sustento.

Cada vez que un medio serio o un gobierno se ve obligado a salir a decir “esto no es cierto”, se pierde un poco más la confianza en quien hace el señalamiento y por efecto espejo, se limpia un poco más el rostro de quienes han sido el blanco reiterado de esas campañas.

Levy ha convertido la difusión de material no verificado en su principal herramienta, el problema es que, cuando los desmentidos se vuelven costumbre, la herramienta se vuelve contra él y termina lavando, sin quererlo, la imagen de aquellos a los que pretendía manchar. Así el títere de Estados Unidos, el peor que pudo elegir la oposición.

El cargo El método Levy apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Esa ruptura, nacida de la Corriente Democrática entre 1986 y 1987, tuvo consecuencias nacionales bien documentadas, menos visibilizadas, pero igualmente reales, fueron sus repercusiones en entidades pequeñas y profundamente priistas como Tlaxcala.

Hasta finales de los años ochenta, Tlaxcala funcionaba como un enclave casi perfecto del partido hegemónico, el control priista no se limitaba a la gubernatura: abarcaba ayuntamientos, el Congreso local, las estructuras sindicales y campesinas, y las redes clientelares que garantizaban resultados predecibles. 

En un estado de dimensiones reducidas, con fuerte peso rural y tradiciones de lealtad al poder central, la idea de una oposición competitiva parecía lejana. La ruptura de Cárdenas, Muñoz Ledo e Ifigenia cambió esa ecuación.

Cuando la Corriente Democrática salió del PRI y construyó el Frente Democrático Nacional de 1988, no solo cuestionó la legitimidad de la elección presidencial, sembró la posibilidad de que el voto opositor pudiera organizarse y, eventualmente, ganar. 

Esa semilla llegó a Tlaxcala con retraso, pero llegó. El punto de inflexión local se produjo en 1998, cuando el PRD —el partido que aquellos tres habían fundado apenas nueve años antes— conquistó la gubernatura con Alfonso Sánchez Anaya. 

Para un estado que había sido bastión priista durante décadas, aquel triunfo no fue un accidente electoral: fue la traducción concreta de la ruptura nacional a escala estatal. La neutralidad que José Antonio Álvarez Lima privilegio en la entidad fue factor y entre ambos Tlaxcala logró la transición.

El gobierno de Sánchez Anaya, aunque breve y no exento de contradicciones, representó algo más profundo que un simple cambio de partido. Demostró que incluso en una entidad con estructuras de poder densas y una cultura política tradicional era posible alternar. 

Abrió espacio a cuadros locales que hasta entonces habían operado en la marginación, obligó al PRI a competir de manera distinta y contribuyó a sepultar la idea de que el poder en Tlaxcala era inamovible. 

Ese precedente, junto con los triunfos casi simultáneos en Zacatecas y Baja California Sur, formó parte de la primera ola de gubernaturas de oposición que el PRD logró en el país. Sin la ruptura de 1987-1989, ese escenario habría sido mucho más difícil de imaginar.

El contexto tlaxcalteca permite apreciar con mayor claridad el alcance real de aquella generación; en estados grandes o con tradición opositora más antigua, la democratización pudo avanzar por otras vías. En Tlaxcala, el camino pasó necesariamente por la construcción de una izquierda electoral que tuviera capacidad de disputar el poder local. 

La figura de Cárdenas —más simbólica que operativa en el estado— funcionó como referente moral y político que legitimaba la disidencia; la presencia de Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo aportaba el peso intelectual y organizativo que hacía creíble la alternativa. Juntos, convirtieron lo que pudo haber sido una disputa interna del PRI en el embrión de un sistema de partidos competitivo.

Hoy, cuando aquellos tres han desaparecido, Tlaxcala ofrece una lectura sobria del legado, la alternancia de 1998 no se consolidó de manera permanente. El PRD no logró mantener el poder y el mapa político local se reconfiguró con la llegada de otras fuerzas. 

Sin embargo, el umbral ya se había cruzado: la posibilidad de que el poder cambiara de manos por la vía electoral dejó de ser una abstracción y esa es, quizá, la medida más precisa de la trascendencia de la ruptura. No se trata solo de haber fundado un partido o de haber denunciado un fraude, sino de haber hecho pensable, en lugares como Tlaxcala, que el régimen podía ser disputado y, en determinadas circunstancias, derrotado.

La democracia mexicana no se construyó únicamente en las grandes ciudades ni en los grandes escenarios nacionales, también se construyó en estados pequeños, donde cada avance costó más y cada precedente pesó más. 

La salida de Cárdenas, Muñoz Ledo e Ifigenia del PRI fue el acto que hizo posible ese proceso, su desaparición física cierra una generación, pero no borra la transformación que impulsaron. En Tlaxcala, como en el resto del país, esa transformación sigue siendo parte del paisaje político que heredamos.

Las tres de ley… 1- El peso de Cuauhtemoc Cárdenas se puede medir desde los textos redactados por distintas figuras: “Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México.

Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”: Andrés Manuel López Obrador

2- “Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país.

Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos. 

Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática.

Hijo del general Lázaro Cárdenas, supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales. 

Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación.

Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, a toda su familia, amigos y seres queridos. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México.”: Claudia Sheinbaum Pardo

3- Los mensajes de otros perfiles políticos como el del propio Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI; Ricardo Monreal; Marcelo Ebrard; Manuel Velasco Coello, entre tantos otros, no hacen sino dimensionar la figura que ayer se fue.

El cargo Cuauhtemoc, la ruptura y Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El enemigo fue el propio teléfono de Taddei, o de sus familiares, desde donde salieron videos, contratos millonarios, una red de proveedores y la evidencia de una cercanía que rebasó lo institucional. Y, a diferencia de lo que nunca ocurrió con Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, esta vez sí es posible señalar con nombre y apellido a quien presionó para que la salida se concretara: Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante los gobiernos panistas y el peñista, el IFE y después el INE acumularon señalamientos de opacidad, contratos privilegiados y redes de influencia. Hubo escándalos, reportajes y denuncias, pero ninguno de aquellos presidentes movió un dedo para forzar la renuncia de un consejero presidente o presidenta. 

Todos preferían el cálculo político: mejor un organismo cuestionado pero controlable que una crisis abierta. Taddei, designada en 2023 con el respaldo de Andrés Manuel López Obrador, terminó atrapada en una red de empresas vinculadas a José Alfredo Hernández Casillas. 

La cercanía personal se volvió pública. La respuesta de Sheinbaum no fue el silencio: pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que informara sobre el caso y dejó claro que “no debe haber sombra de corrupción en el INE”. El mensaje fue inequívoco: la impunidad no es política de Estado.

Tras esto Blanca Yassahara Cruz García asume la presidencia provisional. Originaria de Huajuapan de León, Oaxaca, abogada con maestría en Derecho por la BUAP y más de una década en el Servicio Profesional Electoral del INE, presidió el Instituto Electoral del Estado de Puebla entre 2022 y 2026. 

Llegó al Consejo General en abril de este año con el respaldo de Morena, PT y Verde; su trayectoria técnica es sólida, pero no está libre de sombras: durante su gestión en Puebla se adjudicó un contrato de casi 130 millones de pesos a Comercializadora JVLY, empresa vinculada al mismo grupo de Hernández Casillas, y enfrentó acusaciones de oposición por una presunta transferencia de votos que ayudó a Fuerza por México a conservar su registro local. 

Con estos antecedentes, ella es la que llega al interinato con la promesa de detener contratos, revisar designaciones y recuperar la colegialidad. Hasta aquí el relato oficial de la depuración. Pero hay otra lectura que pocos quieren poner sobre la mesa: el verdadero juego de fondo es quién se queda con el control del árbitro electoral y ahí entra otro Guadalupe.

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente del partido de nueva creación **Somos**, es hoy el actor más beneficiado por estos movimientos. Somos no es un partido más: en sus filas y en su Consejo Consultivo figuran Lorenzo Córdova Vianello, Edmundo Jacobo Molina, Marco Antonio Baños y toda una red de ex altos mandos del INE de la era Córdova-Murayama. 

Exdirectores del Registro Federal de Electores, de Administración, de Informática, secretarios particulares, consultores electorales. La estructura técnica que durante años se presentó como “neutral” y “profesional” ahora opera abiertamente desde un partido político. Todos ellos eran los que prostituyeron al IFE (después INE), ese que nunca se tocó, aún cuando el robo era visible y cuestionable también desde las presidencias.

Por eso no es casual que desde distintos frentes se escuche con tanta fuerza el grito de “que se vayan todos los de la 4T”. No es solo indignación por los contratos de Taddei. Es una estrategia clara: si se logra el despido masivo de quienes llegaron con el respaldo de Morena, se abre el camino para que la red sembrada por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama recupere el control absoluto del Instituto. 

Una red que nunca se fue del todo, que sigue enquistada en puestos de dirección, en el Servicio Profesional Electoral y en la memoria institucional. Una red que ahora tiene partido propio y que, con Acosta Naranjo a la cabeza, se presenta como la “defensora de la autonomía” mientras opera para reconquistar el terreno perdido.

La ironía es brutal. Quienes durante años criticaron al “INE de Lorenzo” por su sesgo, sus gastos millonarios y su desconexión con la realidad, ahora ven en la caída de Taddei la oportunidad perfecta para regresar a ese mismo modelo… pero esta vez con un partido que puede capitalizar electoralmente el descontento. 

Guadalupe Acosta Naranjo no necesita que le den la presidencia del INE, le basta con que el organismo quede en manos de “técnicos independientes” que, en realidad, son los mismos de siempre, los indefendibles que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama dejaron sembrados.

Este episodio ayuda a entender el alcance real de la Cuarta Transformación. No se trata solo de programas sociales ni de la retórica de “el pueblo manda”; Se trata de una lógica distinta de poder: cuando los hechos se acumulan y la evidencia es pública, ni siquiera los cuadros más cercanos quedan a salvo. 

Fox, Calderón y Peña Nieto construyeron un sistema donde las instituciones electorales podían ser cuestionadas, pero rara vez depuradas desde arriba. La 4T, con todos sus defectos y contradicciones, está demostrando que sí está dispuesta a cortar cuando el costo político de no hacerlo se vuelve mayor.

Pero también está demostrando que la batalla por el INE no terminó con la renuncia de Taddei, apenas empieza, porque mientras una Guadalupe cae por sus propias sombras, Guadalupe Acosta —el de Somos, el cuate de Córdova, el de la red que nunca se fue— se prepara para capitalizar el vacío. Guadalupe vs Guadalupe… y el árbitro electoral, otra vez, en el centro del ring. Esto no ha terminado.

El cargo La lucha por el INE apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Las acciones se mantuvieron intermitentes, con paso restringido pero no cerrado del todo, y para este martes se prevén nuevas afectaciones a partir de las 7:00 horas en la “Y” Griega.

Las acciones forman parte del paro nacional que el gobierno federal atribuye principalmente a la reducción del tope de deducción de peajes en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 300 a 250 millones de pesos, medida que, según Hacienda, solo impactaría a 170 grandes empresas.

Los transportistas, en cambio, insisten en que el problema de fondo es la inseguridad, el estado de las carreteras, los cobros abusivos de grúas y la falta de condiciones operativas dignas.

Tlaxcala no es un estado periférico en esta ecuación: es un punto neurálgico. Su ubicación geográfica lo convierte en zona de paso obligado entre el Valle de México, Puebla, el puerto de Veracruz y los corredores hacia el norte.

El Arco Norte, que se toca en Calpulalpan, es el principal libramiento de la zona metropolitana y evita el colapso del tráfico pesado en la capital.

La federal México-Veracruz, que atraviesa Xaloztoc, es vía prioritaria para el comercio exterior.

La Y Griega articula flujos regionales, y Mena-Tlaxco conecta hacia Hidalgo y el Bajío.

Cuando estos puntos se tensionan, aunque sea de forma intermitente, el efecto se multiplica: retrasos en cadenas de suministro, costos logísticos más altos y presión sobre el abasto que rebasa las fronteras estatales.

Por eso el gobierno no puede reducir la movilización a un asunto meramente hacendario. En su intento por deslegitimar el paro acaba exhibiendo insensibilidad y falta de conocimiento

Aunque las cifras oficiales sobre el estímulo fiscal sean correctas y el ajuste resulte fiscalmente razonable, ignorar la dimensión de seguridad e infraestructura es politicamente corto.

En una zona de paso obligado, cada hora de demora se traduce en costos reales para la industria, el comercio y la ciudadanía. Sin contar el costo político.

Tlaxcala no solo padece el bloqueo: lo amplifica, y mientras el reclamo se limite a “170 empresas”, como pretende marcarlo Sheinbaum, la percepción en la carretera seguirá siendo que no se está atendiendo el problema completo.

Las tres de ley… 1- Alito Moreno, el porro mayor del PRI, no encontró mejor respuesta que un puñetazo cuando un ciudadano lo cuestionó por su actuar político; la agresión ocurrió afuera de la casa del huachicolero Ernesto Ruffo, donde el dirigente priista acudió a pactar la alianza PRIANISTA. El escenario no podría ser más elocuente: negocia con quien nadie debería, y cuando le recuerdan su historial, responde con violencia.

2- Su justificación fue tan patética como reveladora: dijo que el ciudadano “lo había mandado Morena”. En lugar de asumir la crítica o rebatirla con argumentos, Alito optó por victimizarse y criminalizar el cuestionamiento. Así responde quien ya no tiene discurso: atribuyendo a la oposición cualquier molestia que le generen sus propias decisiones.

3- La reacción de Alito expone el nerviosismo de una dirigencia acorralada: les duele que los exhiban, les duele que les recuerden su hipocresía y, sobre todo, les duele que la gente se atreva a interpelarlos. El PRI de Alito ya no discute: intimida.

El cargo Bloqueos y más apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La revisión abarca contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos, y se extiende al INE, a los organismos públicos locales electorales, a servidores públicos y a proveedores relacionados. 

El comunicado de la ASF no individualizó empresas ni anticipó responsabilidades, pero los reportajes que precedieron la indagatoria sí: señalan a Cajas Graf, Corporativo Zeg y TOL Producciones, vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. 

José Alfredo, apoderado de Cajas Graf, aparece en los videos de convivencia con Taddei y su familia que detonaron la crisis. Esa red no se queda en el ámbito federal: Tlaxcala aporta una conexión concreta y verificable. 

El Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) documentó que Cajas Graf obtuvo un contrato por 12 millones 420 mil 972.60 pesos para material electoral de 2024, mediante la licitación pública ITE-LP-02-2024, con fallo del 8 de febrero. 

Esto no es un dato menor, abre una línea periodística clara: quiénes compitieron, si existían vínculos entre los participantes, cómo se justificaron los precios, qué papel jugaron las autoridades locales y nacionales, por qué una licitación previa quedó desierta y cómo se armó la siguiente. 

Hasta ahora no hay confirmación oficial de una investigación específica contra el ITE ni pruebas de responsabilidad de sus funcionarios. Pero la coincidencia de la empresa, el monto y el contexto nacional obliga a examinar si la contratación tlaxcalteca guarda relación con las prácticas que la ASF revisa a escala federal.

La salida de Taddei, anunciada apenas un día después de que ella misma asegurara a sus colaboradores que se quedaba “para proteger al Instituto”, refuerza la percepción de que el costo político se volvió insostenible. 

Su mensaje habla de “serenidad y dignidad”, de 33 años de servicio electoral y de que las instituciones permanecen mientras las personas cumplen ciclos. 

Sin embargo, la secuencia —defensa, presión mediática y de la ASF, renuncia— deja al INE en una posición delicada justo cuando arranca el proceso electoral 2026-2027.

La credibilidad del árbitro no se recompone solo con una dimisión, se recompone si las investigaciones avanzan con rigor, si se esclarecen los vínculos entre proveedores y estructuras administrativas, y si el relevo no se convierte en un botín político.

En este escenario, los beneficiados son claros. El gobierno de Claudia Sheinbaum y la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados ganan la posibilidad de presentar la salida como un acto de rendición de cuentas y de colocar un perfil menos contaminado —o más afín— al frente del organismo. 

La oposición obtiene munición para cuestionar la autonomía real del INE, y la lógica de control institucional se fortalece: cada escándalo de este tipo refuerza la narrativa de que el árbitro electoral necesita “renovación”. 

La hipótesis del “fuego amigo” no está probada, pero tampoco es descabellada; un INE presidido por alguien envuelto en señalamientos de corrupción es un pasivo innecesario. Cortar ahora permite contener el daño y reacomodar piezas antes de que el proceso electoral avance.

La normativa es inequívoca. La designación del consejero o consejera presidente corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, no al Senado ni al Ejecutivo. 

Ante la falta absoluta, los diez consejeros restantes eligen de inmediato un presidente provisional de entre ellos y lo notifican a la Cámara. 

Como Taddei lleva menos de seis años en el cargo (su periodo termina en 2032), el sustituto definitivo concluirá el tiempo restante. El procedimiento incluye convocatoria pública, comité técnico de evaluación, quintetas y votación por dos terceras partes de los presentes; si no hay acuerdo, se recurre a la insaculación. 

En la práctica, la mayoría oficialista tendrá un peso decisivo, aunque la regla de las dos terceras partes obliga a cierta negociación.

Lo que ocurrió en Tlaxcala no prueba, por sí solo, una red nacional de corrupción, pero sí demuestra que las mismas empresas señaladas en el ámbito federal operaron en entidades federativas y que existen documentos oficiales que permiten verificar montos, procedimientos y actores. 

Esa es la línea que debe seguirse: no la especulación, sino el expediente. Si la contratación del ITE se explica por reglas transparentes y competencia real, el dato queda como una coincidencia, pero si aparecen patrones de precios, participantes relacionados o justificaciones débiles, se suma a la investigación más amplia que ya abrió la ASF.

La renuncia de Taddei puede servir para limpiar la imagen del INE o para confirmar que el organismo solo se depura cuando el escándalo ya es insostenible. Algo que por cierto jamás se hizo con Lorenzo Córdova Vianello.

El resultado dependerá de si las autoridades —federales y locales— investigan con independencia o con cálculo político. Las instituciones, como dijo la propia consejera, permanecen, el problema es cuando empiezan a parecer solo el escenario donde se administran los ciclos del poder.

El cargo Taddei: falló y se fue apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Araceli no llegó a pedir limosna mediática a MR Noticias, vino a exigir lo mínimo que un Estado que presume de justicia debería entregar sin que nadie lo ruegue: verdad, investigación seria y clasificación correcta del delito.

Karina no era “una más”, fue una joven que todos los días regresaba a casa, que hacía ejercicio, que trabajaba, que no llegaba borracha ni drogada. Su madre lo repite con la rabia de quien conoce a su hija mejor que cualquier perito: “Mi hija no era alcohólica, no era drogadicta. Era una niña ejemplar”. 

Y sin embargo, en pocas horas pasó de contestar el teléfono con voz clara a aparecer con los brazos y el abdomen morados, irreconocible, “como si llevara más de tres días de muerta” cuando apenas habían pasado horas. Esa transformación no es un accidente. Es una herida abierta que la Fiscalía General de Justicia del Estado parece preferir dejar en la amnesia colectiva.

La carpeta está incompleta, faltan estudios y lo peor es que está en Nativitas y la familia pide —con toda razón— que la trasladen a la mesa de feminicidios de Tlaxcala. El abogado ya revisó lo que hay y confirma lo evidente: no está lista. 

Mientras tanto, la clasificación sigue siendo homicidio y no feminicidio, como si el cuerpo de una mujer joven, morado, irreconocible y abandonado en manos de quien debía cuidarla no bastara para activar el protocolo más básico… como si las madres tuvieran que convertir su duelo en trámite burocrático para que alguien se dignara a mover un dedo.

La Fiscalía no es la única que calla, pero ya hay un escrito dirigido a la gobernadora solicitando audiencia y sigue sin respuesta. El silencio institucional se vuelve cómplice cuando se suma al de una fiscalía que, como bien se dijo en la entrevista, parece haber llegado solo a calentar el asiento. 

Mientras tanto, las familias temen, por eso la señora Araceli lo dijo sin rodeos: tienen miedo de que algo les pase. Cuando una madre tiene que pedir protección al mismo tiempo que pide justicia, el mensaje es claro: el Estado no solo no investiga; tampoco protege.

No es ni se trata de un caso aislado, al menos en estos casos parece tratarse de un patrón. Carpetas que duermen el sueño de los justos, estudios que nunca llegan, clasificaciones que se resisten a nombrar el feminicidio por lo que es. 

Redes sociales llenas de juicios fáciles de quienes nunca han tenido que identificar el cuerpo de su hija y una fiscalía que, una y otra vez, obliga a las madres a convertirse en investigadoras, abogadas y activistas porque las instituciones prefieren la comodidad de la inacción.

La justicia no puede seguir siendo un trámite que se archiva mientras las madres gritan, si la Fiscalía no mueve la carpeta, si no completa los estudios y si no clasifica correctamente, entonces no solo están fallando a una familia; están confirmando, una vez más, que en Tlaxcala el dolor de las mujeres sigue siendo negociable.

Las tres de ley…  1- Ana Lilia Rivera Rivera ya es la coordinadora oficial, pero la dirigencia estatal de Jaina Meneses y el gobierno siguen sin reconocerla de lleno, lo que mantiene abierta la fractura entre “morenistas de base” y “lorenistas”.

2. Un cambio en el Consejo Estatal sería la señal definitiva de que la decisión nacional se impone y le daría a Rivera control real de la estructura partidista rumbo a 2027.

3. Lo que está en juego es la unidad: sin alineación, el partido llega dividido a la elección; con ella, se ordena la maquinaria y se fortalece el proyecto de transformación en Tlaxcala. Parece que pronto tendremos noticias de estos cambios.

El cargo Justicia para Karina apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.