Durante años, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ocotlán (CAPAO) operó en un limbo jurídico que muchos en la comunidad conocían de sobra: un organismo autónomo sin reglamento formal, regido por usos y costumbres, no auditable y, en la práctica, un “ente fantasma”. Esa condición no solo limitaba su capacidad de gestión; también la volvía vulnerable a conflictos internos, disputas con el Ayuntamiento y acusaciones cruzadas de opacidad.
Hoy esa historia empieza a cambiar de raíz. Después de dos años de “picar piedra”, como lo describe su actual presidente Víctor Garrido Lechuga, el Congreso del Estado aprobó y promulgó la transformación de la CAPAO en la Comisión Local de Agua Potable y Alcantarillado de Ocotlán (CLAPAO). Se trata de la primera comisión de carácter local —no municipal— que se convierte en organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio en todo el estado.
No es un detalle menor. Hasta ahora, la mayoría de las comisiones comunitarias de agua en Tlaxcala operan en condiciones similares a las que tenía Ocotlán: sin patrimonio formal, sin acceso directo a programas estatales o federales y con una dependencia constante de la intermediación municipal. La CLAPAO rompe ese molde.
Más derechos… y más obligaciones
Garrido es claro al explicar el sentido del cambio: “Ahora sí vamos a ser un organismo público. Ya no vamos a ser un ente fantasma”. La nueva figura implica obligaciones de transparencia y fiscalización equivalentes a las de un ayuntamiento, pero también abre puertas que antes estaban cerradas. Entre las más importantes destaca el acceso a esquemas como el “peso por peso” de la Comisión Estatal del Agua, así como la posibilidad de gestionar recursos federales y estatales sin depender de triangulaciones con el municipio.
El patrimonio de los pozos y las concesiones pasará a nombre de la propia comisión. El padrón de usuarios —más de 7 mil tomas, que representan a decenas de miles de habitantes— quedará sujeto a un reglamento formal. Y, en un plazo aproximado de un mes, se constituirá un Consejo de la Comunidad que dará continuidad institucional más allá de las administraciones.
Un camino de conflictos y resistencia
El proceso no fue sencillo ni limpio. La CAPAO de Ocotlán ha sido escenario de elecciones impugnadas, nulidades judiciales, tomas de instalaciones, suspensiones de servicio y constantes fricciones con el Ayuntamiento capitalino. En 2025 y 2026 se vivieron momentos de alta tensión en los que la propia legitimidad del organismo estuvo en entredicho. Que hoy se haya logrado la aprobación en Cabildo y después en el Congreso habla de una combinación de presión comunitaria, negociación política y persistencia.
Garrido reconoce que hubo acuerdos —incluyendo con el secretario del Ayuntamiento, Víctor Hugo Gutiérrez Morales— y que el presidente municipal Alfonso Sánchez García “les echó la mano” para que los habitantes de Ocotlan tuvieran certeza total. También deja claro que no se trata de un regalo: “El tema más difícil era que saliera de Cabildo”.
Un modelo para el resto del estado
Aquí está el verdadero peso del asunto. Si la CLAPAO funciona como se espera —con reglamento, transparencia, patrimonio propio y capacidad real de gestión—, se convertirá en el referente que muchas otras comunidades de Tlaxcala llevan años esperando. En lugares como Ixtulco, Cuauhtlapoala o Metepec, donde las comisiones operan bajo esquemas parecidos al que tenía Ocotlán, el precedente puede abrir caminos.
No se trata de romantizar. La nueva figura también implica mayor escrutinio, más responsabilidades y la necesidad de construir una estructura administrativa sólida. El organigrama cambiará, habrá tabulador y, sobre todo, se terminarán las “ocurrencias”. Pero es preferible rendir cuentas con reglas claras que seguir operando en la penumbra jurídica.
Ocotlán acaba de dar un paso que otras comunidades apenas están empezando a imaginar. Ahora falta que el ejemplo no se quede en el papel y que la CLAPAO demuestre, con resultados, que la autonomía formal también puede traducirse en mejor servicio, menos conflictos y más certeza para los usuarios. El resto del estado -con todas las comunidades- estará observando.
