En Tlaxcala se puede saturar el espacio público durante meses con bardas, lonas y espectaculares a favor de un aspirante, y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) encuentra siempre un matiz, un tercero responsable o una dilación conveniente.
Pero basta que un hombre de 84 años aparezca en una fotografía con Ana Lilia Rivera Rivera para que el mismo órgano se transforme en una maquinaria de notificaciones insistentes, apercibimientos de cárcel y multas que superan una pensión mensual.
Eso es exactamente lo que está ocurriendo con Rubén Sanluis Meneses. Su hija, Marlen Sanluis, lo denunció públicamente: personal del ITE ha visitado de manera reiterada el domicilio del adulto mayor. Primero le entregaron un cuestionario.
Él respondió por correo electrónico, perro después llegó otro requerimiento con preguntas prácticamente idénticas, aparentemente se negó a recibirlo porque ya había contestado. Y el día anterior al reclamo público le llevaron un tercer documento con amenazas de amonestación, arresto o sanción económica desproporcionada. Todo por haber salido en una foto publicada en redes sociales junto a la senadora con licencia, Ana Lilia Rivera Rivera.
No se trata de un operador político, no se trata de un financiador de propaganda, simplemente se trata de un ciudadano de 84 años que lee, escribe libros y vive de su pensión. Un adulto mayor que, según la lógica del Instituto, representa un riesgo electoral mayor que los cientos de bardas y espectaculares que durante meses inundaron los 60 municipios a favor de Alfonso Sánchez García.
El contraste es el verdadero problema. Mientras la propaganda anticipada a favor del entonces alcalde capitalino se desplegaba con total naturalidad —y el ITE, en varios momentos, prefería no ver o atribuir la responsabilidad a terceros—, cualquier mínimo guiño mediático o fotográfico hacia Ana Lilia Rivera detona una reacción inmediata y desproporcionada.
Medios de comunicación también han sido requeridos por cubrir actos de la senadora, tal como hoy le sucede al adulto mayor. El patrón es claro: se tolera lo masivo cuando conviene y se persigue lo mínimo cuando molesta.
El contexto importa. El 28 de septiembre de 2026, Ana Lilia Rivera fue designada coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación por la dirigencia nacional de Morena, imponiéndose en el proceso interno.
La derrota política de quienes apostaron por otra carta no se resolvió en las urnas partidistas; ahora parece resolverse con requerimientos, notificaciones y presión institucional contra quienes, de forma involuntaria, voluntaria o casual, aparecieron cerca de la ganadora.
El ITE insiste en que solo cumple con sus funciones y técnicamente puede ser cierto, pero la selectividad con la que ejerce esas funciones es imposible de ocultar. Un árbitro que actúa con celeridad inusual contra un pensionado de 84 años y que durante meses mostró una paciencia casi infinita frente a la saturación propagandística del lado oficialista no es neutral: es un actor más del tablero.
Sanluis Meneses ya respondió, ya dijo lo que tenía que decir y aun así siguen llegando requerimientos a su domicilio. Como si la insistencia pudiera convertir una fotografía en delito electoral, como si el miedo a un hombre que escribe libros a los 84 años fuera más urgente que el control real de los excesos que sí afectaron la equidad del espacio público y los dineros de las arcas en Tlaxcala.
Al final, el mensaje que envía el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones es nítido y peligroso: en Tlaxcala se puede llenar el estado de propaganda anticipada y el árbitro apenas se inmuta, pero si un adulto mayor tiene la audacia de aparecer en una foto con la persona “equivocada”, entonces sí hay que mover a los notificadores con una diligencia que envidiaría cualquier secretaría de gobierno.
Lo que sigue sucediendo en Tlaxcala no es legalidad, es venganza disfrazada de procedimiento y el señor Sanluis Meneses, a sus 84 años, ya tiene el capítulo perfecto para su próximo libro: cómo el poder todavía le teme a quien solo se tomó una fotografía y lo persigue por estar del lado opuesto al de la autoridad electoral. Vaya delito.