Hace unos meses, en los Diálogos Circulares, pregunté al secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Álvarado, si el problema de la basura en Tlaxcala se originaba, en buena medida, en el gran negocio que representa. Su respuesta fue tibia, evasiva y, a todas luces, mentirosa.
Aquino Álvarado desestimó de plano esa posibilidad y terminó negando que la basura constituya un negocio. Si debo elegir entre su ignorancia o hipocresía, sostengo que se trató de una mentira deliberada. Negar el millonario botín que los residuos generan para él y para el grupo político que lo rodea —el llamado grupo Morelos— no borra la realidad.
Que el secretario pretenda desconocer a Rafael Gutiérrez Moreno, el histórico y poderoso líder del sindicato de pepenadores de la Ciudad de México y padre de Cuauhtémoc Gutiérrez, no significa que ese negocio no exista. El apodado “rey de la basura” se ganó el calificativo precisamente por el volumen de dinero que se mueve alrededor de los residuos.
Una vez expuesto el punto, conviene detallar lo que ocurre hoy en Tlaxcala.
La empresa que pretende quedarse con el manejo de la basura —llegada de Nuevo León, según han reconocido los propios funcionarios— busca cobrar $350 pesos por tonelada. Antes, los camiones recolectores pagaban 25 mil pesos anuales y nada más. El salto representa un incremento del 672 por ciento tan solo por este cobro.
La cuenta es sencilla. Según los propios trabajadores del sector, cada unidad recoge alrededor de 10 toneladas semanales. En un mes son 40 toneladas. A $350 pesos por tonelada, el costo anual por vehículo se dispara a cerca de 168 mil pesos. ¿Cuántas unidades operan realmente en el estado? Nadie lo ha aclarado con precisión.
No se trata solo de los camiones municipales. En la capital y en otras localidades es visible, al menos, una flota particular que realiza la misma labor. Si se estima, de manera conservadora, un vehículo municipal y uno particular por cada uno de los 60 municipios, el monto anual rondaría los 20 millones de pesos solo por esas 120 unidades. El negocio, sin embargo, no termina ahí.
Ahora también quieren pasar por la báscula a los “pepenadores”. A quienes viven del reciclaje se les ha informado que deberán pagar por trabajar: antes no lo hacían, pero hoy se les anuncia una cuota cuyo monto aún nadie conoce con exactitud. Y no se trata de 60 personas por municipio. El círculo se cierra: se cobra a recolectores, a municipios y a quienes sobreviven de lo que otros desechan.
La empresa foránea tiene, sin duda, muchas ganas de “quitarnos el problema de encima”, siempre que recolectores, pepenadores y ayuntamientos le entreguen una generosa porción del erario y, de paso, las escasas ganancias de quienes nadie contempla en los discursos oficiales.
Sobre el nuevo tiradero, ubicado a aproximadamente un kilómetro del anterior, en Tetla de la Solidaridad, poco se sabe. ¿Cómo se adquirieron las 70 hectáreas de las que se hablan? ¿Compra, expropiación o algún otro mecanismo? La ciudadanía de Tlaxcala merece saber a quién se benefició y a quién se afectó con esta decisión.
Sostengo que se trata de un capricho porque el acceso es un camino de terracería de apenas poco más de cinco metros de ancho, por el que deben circular vehículos cargados con toneladas de basura durante al menos un kilómetro y medio. El tramo exacto sigue siendo un misterio: los operadores del sitio cerraron el acceso y evitaron que cualquiera pudiera constatar el destino final de los residuos de Tlaxcala, pero aquí se los dejo: https://maps.app.goo.gl/gUNt4Uw7L54cwGX26
Las tres de ley: 1. Ahora que el Ayuntamiento de Tlaxcala presume multas y sanciones por tirar basura en vía pública, valdría la pena saber si esa basura incluye la que dejó su ex candidato y hoy “refrescado” alcalde, quien regresó de unas vacaciones pagadas.
2. De ser así, ¿quién sanciona al frustrado aspirante a gobernador y a su estructura, que mantiene tapizada la capital y buena parte de los municipios con propaganda electoral convertida en basura?
3. ¿Por qué la autoridad municipal se toma la atribución de difundir imágenes de supuestos infractores antes de que sean presentados ante el juzgado cívico? Nadie ha respondido y es natural: las dudas persiguen a un equipo que todavía no explica cómo se le fue la liebre llamada “Coordinación”.
