En un estado como Tlaxcala, donde la conflictividad social ha marcado las últimas décadas con brotes de inseguridad que van desde extorsiones hasta delitos de alto impacto, el Congreso local ha decidido “fortalecer” el sistema de seguridad pública con reformas que, en el mejor de los casos, parecen un parche insuficiente y, en el peor, una receta para el fracaso.
Aprobadas hace apenas una semana, estas modificaciones a la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana establecen un estándar mínimo de un policía por cada mil habitantes en los municipios. Sí, leyó bien: uno solo.
Como si Tlaxcala gozara de un oasis de paz, nuestros legisladores optaron por un umbral que ni siquiera roza los mínimos recomendados por especialistas, quienes insisten en que lo ideal sería al menos tres elementos por cada mil personas, como se ve en otras regiones del país y del mundo. ¿El resultado? Un marco legal que deja a la entidad rezagada, exponiendo a policías y ciudadanos a una indefensión crónica.
El argumento oficial y avalado ademas por la 65 Legislatura, es que estas reformas armonizan con las leyes federales y responden a la necesidad de profesionalizar los cuerpos policiacos.
Aquí se crean figuras como las Mesas de Paz y Municipales para coordinar esfuerzos contra el delito, un Servicio Profesional de Carrera Policial para seleccionar “los mejores perfiles”, y hasta una Policía de Género en cada ayuntamiento, liderada por una mujer. Suena progresista, ¿verdad? También se establece una Unidad Antiextorsión interinstitucional y una Unidad de Asuntos Internos para combatir la corrupción interna.
Pero debajo de esta fachada de innovación, el núcleo del problema persiste: la cobertura policial es ridículamente baja. Con un policía por mil habitantes –y eso de manera gradual, para no “afectar” las finanzas municipales–, ¿cómo se supone que se enfrentará a la delincuencia organizada que acecha en zonas como Apizaco, Tlaxcala capital, Huamantla o Zacatelco?
Peor aún, el texto de la reforma ignora –o minimiza– la realidad sobre el terreno: muchos policías tlaxcaltecas carecen de elementos mínimos técnicos y tácticos para operar con eficacia. No hablamos solo de números insuficientes, sino de agentes que, como señaló la diputada panista Miriam Martínez Sánchez, no pueden combatir el crimen “con charpes ni palos”.
Sin equipamiento adecuado, capacitación continua y recursos presupuestales reales, estos elementos se convierten en blancos fáciles, dejando a los ciudadanos en una vulnerabilidad absoluta.
Los municipios, que ya destinan millonarios presupuestos a fiestas y adornos efímeros, ahora tienen un “plazo razonable” para cumplir, pero sin garantías de apoyo estatal. ¿Y la certificación? Al menos el 75% de los policías debe obtenerla, pero los que fallen serán vetados por tres años de cualquier rol en seguridad. Un “candado” que suena justo, pero que no resuelve la escasez crónica ni la falta de herramientas para enfrentar amenazas reales.
Y luego está el elefante en la habitación: el mando único o coordinado, ahora impuesto como parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La reforma lo armoniza todo, pero con un ejemplo disuasorio que nadie en Tlaxcala puede ignorar. Recordemos al “Cachorro” –Hildeberto Pérez Álvarez, ex alcalde de Zacatelco–, quien terminó tras las rejas por su insubordinación al no someterse a este esquema de control centralizado.
Su caso, fresco en la memoria colectiva, sirve como advertencia implícita: ¿quién se atreverá a oponerse ahora? Los munícipes, con presupuestos raquíticos y presiones políticas, se verán obligados a ceder autonomía, concentrando el poder en manos estatales y federales.
En un estado pequeño como Tlaxcala, donde la proximidad entre autoridades y comunidades debería ser una ventaja, este mando único podría traducirse en una burocracia lejana que ignora las realidades locales, desde los pueblos indígenas hasta los grupos vulnerables.
Voces disidentes en el Congreso, como la diputada perredista Laura Yamili Flores Lozano y la independiente Blanca Águila Lima, advirtieron que este estándar es inferior a los internacionales y podría quedar en “letra muerta” sin recursos. Incluso propusieron elevar el mínimo a tres policías por mil, pero fueron rechazadas.
Mientras tanto, la ley promueve participación ciudadana a través de foros y consultas –incluyendo perspectiva de género y lenguaje incluyente–, pero ¿de qué sirve el diálogo si los policías en el frente están desarmados y desprotegidos?
Las tres de ley... 1- A los policías les toca bailar con la más fea, mire que fueron regañados por detener al borrachales que administraba Apizaco y que tras este bochornoso espectáculo fue destituido del cargo. Homero Meneses perdió un peón que había colocado en Apizaco, pero no se preocupen: sin duda habrá espacio junto a Gelacio Montiel para otro más.
2- Los que se anotaron un 10 fueron los que detuvieron al roedor de la Magdalena Tlaltelulco, Marco Antonio Pluma, un ex alcalde que lo mismo construía casas que operaba antros, o prestaba dinero. Lo único malo del joven emprendedor es que todo era con dinero público y ahora tendrá una larga jornada tras las rejas, en esa tranquilidad quizá encuentre la iluminación para pensar en qué invertir sus jugosas ganancias.
3- Los policías de la entidad no solamente son pocos, sino que tienen una rotación que puede comprobarse en los mandos directivos. El titular de Huamantla antes estuvo en Chiautempan, como ese antes en Contla y así sucesivamente, eso nos habla de una falta de policías porque simplemente no existe un estimulo para ingresar a los cuerpos policiales. ¿cuándo se les ofrecerá más y mejores condiciones, prestaciones y armamento? mientras eso no suceda estamos destinados a lo que la suerte diga.
