En un contexto de intensos esfuerzos por combatir la tala ilegal en Tlaxcala –donde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha asegurado más de 462 mil metros cúbicos de madera este año a partir de 30 denuncias–, un reciente operativo en la Planta Tratadora de Madera Reciclada “Maderas del Caribe” ha generado controversia y cuestionamientos sobre posibles abusos de autoridad.
La empresa, dedicada al tratamiento y comercialización de madera reciclada debidamente acreditada y legal, fue intervenida el lunes 23 de septiembre, pero hasta ahora, las autoridades no han presentado evidencia que justifique la clausura ni las detenciones, lo que apunta a un patrón preocupante de afectación a inocentes orquestado por instancias como la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (Propaet). Según lo dicho por los afectados.
El cateo, ejecutado alrededor de las 17:30 horas en la carretera Atltzayanca-Mesa Redonda, a la altura de San José Buena Vista, involucró a la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Propaet, bajo una orden judicial por presuntas irregularidades en tala ilegal.
Sin embargo, más de 24 horas después, no se han reportado hallazgos específicos, material asegurado ni detalles que sustenten las acciones.
En cambio, siete personas –incluidos trabajadores de la empresa– permanecen detenidas en instalaciones de la FGR sin autorización de libertad provisional, pese a la ausencia de pruebas en el sitio.
Denunciantes y allegados califican el incidente como un “teatro montado” y “venganza personal”, destacando el trato vejatorio a los empleados: “Llegando encañonando a la gente, cortando cartuchos y todo, tratando a los trabajadores como delincuentes”.
Un audio difundido por un testigo presencial –quien se identificó como amigo de los afectados– describe cómo, tras el cateo inicial, entre 10 y 14 grúas remolcaron vehículos y maquinaria sin relación con la acusación formal, alegando: “Quieren llevarse algo que no está en lo que se les acusa” y “Esto es una plena injusticia”.
Además, el inmueble permanece sin sellos de clausura, custodiado solo por una patrulla de la Guardia Nacional, lo que resalta irregularidades en el procedimiento y la falta de justificación para la intervención.
Este caso se inscribe en un panorama de vigilancia forestal reforzada en Tlaxcala, donde el estado se ha sumado a esfuerzos federales con operativos conjuntos que han derivado en 72 puestas a disposición y 13 detenciones en lo que va de 2025.
No obstante, incidentes como este generan dudas sobre la proporcionalidad de las acciones y posibles sesgos, especialmente por el rol recurrente de la Propaet en intervenciones contra empresas que no se alinean con sus intereses.
Maderas del Caribe, con años de operación en la región y enfoque en madera recuperable y pisos sólidos, representa el sustento de familias locales, y su afectación sin base aparente podría interpretarse como una persecución.
El testigo hizo un urgente llamado a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y a la presidenta Claudia Sheinbaum para intervenir y esclarecer el caso.
Hasta el cierre de esta nota, ni la FGR ni la Propaet han respondido públicamente a las denuncias, y la empresa no ha emitido un pronunciamiento oficial –posiblemente por temor a represalias–.
