- Habitantes de Ocotlán, la comunidad más grande del estado, alzan la voz contra el gobierno municipal de Alfonso Sánchez García, acusándolo de proteger irregularidades financieras y sabotear el suministro de agua potable.
En entrevista con Víctor Garrido Lechuga, titular de la Comisión de Agua Potable de Ocotlán (CAPAO), se revelaron graves acusaciones de opacidad y conflictos de interés que involucran al presidente de comunidad, José Julio Buendía, exdirector de CAPAO.
En este espacio Garrido Lechuga denunció que, tras la salida de Buendía de la CAPAO, se reportó un déficit financiero significativo. Aunque Buendía afirmó haber dejado 131 mil pesos en caja, el comité encontró únicamente 12 mil 650 pesos, enfrentando un adeudo de casi 400 mil pesos, incluyendo pagos de electricidad de pozos y cobros adelantados a tiendas como Soriana.
Además, hay 22 millones de pesos no comprobados durante los dos años de gestión de Buendía (11 millones por año), sin facturas ni documentación. A pesar de oficios enviados al municipio y al secretario del ayuntamiento, Víctor Hugo Gutiérrez, no han recibido respuestas, lo que refuerza la percepción de encubrimiento.
El conflicto escaló con un presunto sabotaje del municipio, que habría incitado a la población a no pagar el agua, reduciendo el cumplimiento de pagos del 40% histórico al 25-30%. Esto ha puesto en riesgo la operación de los pozos, vitales para el abasto de agua, y el pago de salarios a trabajadores.
Víctor Lechuga también denunció un intento de desalojo violento de las oficinas de CAPAO el viernes pasado, encabezado por un grupo de choque con personas armadas, presuntamente respaldado por el director de Órgano de Control, Luis Pineda, y ligado al presidente de comunidad. Una denuncia penal y un amparo están en curso por estas agresiones.
La ciudadanía, representada por la Comisión, exige tres puntos clave en la mesa de diálogo de hoy con autoridades estatales, federales y municipales:
- Compromiso del municipio para pagar la electricidad de los pozos y evitar un conflicto social, tal y como lo ofreció el propio presidente de comunidad, José Julio Buendía.
- Auditoría inmediata a José Julio Buendía por los 22 millones no comprobados.
- Entrega de un nuevo pozo gestionado previamente, actualmente retenido por el municipio.
Tras el incumplimiento de acuerdos en la primera mesa, como una campaña para promover pagos, el comité advirtió que esta segunda reunión es decisiva. “Damos 24 horas para respuestas, o tomaremos otras decisiones”, afirmó Víctor Lechuga, aludiendo a posibles manifestaciones que son organizadas por la propia comunidad inconforme.
En la mesa participarán representantes de Gobernación Estatal y Federal, el secretario del ayuntamiento, Víctor Hugo Gutiérrez, el jurídico municipal y la síndico, aunque se espera la presencia del presidente municipal para decisiones con peso.
Mientras tanto, Ocotlán enfrenta una crisis que amenaza el acceso al agua y la estabilidad social, con la ciudadanía demandando transparencia y rendición de cuentas. “No es por el comité, es por los pobladores”, enfatizó el titular de la Capao, subrayando el impacto en miles de familias que se ven afectadas por la falta de agua.
