En el lado positivo podría funcionar como un ejercicio de memoria histórica. Documentar de manera formal las intervenciones presidenciales, las presiones sobre el IFE y las irregularidades que el Tribunal Electoral ya reconoció en su momento —aunque no las consideró determinantes— permitiría a una nueva generación de ciudadanos entender por qué aquella diferencia de 0.56 puntos porcentuales sigue siendo un parteaguas. 

También enviaría un mensaje de que ningún acto de intromisión desde el poder, por lejano que sea, queda del todo impune en el terreno político y simbólico. En el mejor de los casos, serviría para reforzar garantías de no repetición y para contrastar el sistema electoral de entonces con el actual.

En el lado negativo: el riesgo de que se convierta en un instrumento de distracción es evidente. Llega en plena crisis del caso Taddei y cuando el INE enfrenta señalamientos de corrupción. La oposición ya lo interpreta como un intento de cambiar el foco de la conversación pública, y figuras como Luis Carlos Ugalde lo describen abiertamente como estrategia para desacreditar el pasado pre-2018. 

Reabrir un proceso cerrado hace dos décadas, sin posibilidad real de anular resultados ni de fincar responsabilidades penales, puede alimentar polarización, desgaste institucional y la percepción de que el Congreso prioriza batallas simbólicas sobre problemas urgentes. Además, si la comisión se integra solo con la mayoría oficialista, perderá credibilidad desde el origen.

El paso que sigue para confirmar su creación es relativamente sencillo y está en manos de la mayoría. Ariadna Montiel y Ricardo Monreal ya coordinaron la presentación formal de la solicitud ante el grupo parlamentario. El siguiente movimiento es que la iniciativa se turne al Pleno de la Cámara de Diputados, se discuta y se someta a votación. 

Con la coalición Morena-PT-Verde, no se necesita el apoyo de PAN, PRI ni Movimiento Ciudadano. Una vez aprobada, se definirán su integración, objetivos, duración y facultades y ese voto en el pleno será el “visto bueno” real. Todo lo demás —convocatorias a testigos, revisión de documentos o proyecciones del documental de Mandoki— vendrá después, si es que la comisión no se diluye en el ruido político del momento.

Personalmente sostengo que desempolvar el pasado es, en principio, bueno. Exhibir los excesos de 2006, documentar las interferencias y poner sobre la mesa lo que durante años se minimizó o se negó dejará a la oposición sin el comodín de la “normalidad democrática” de aquella época. Quedará en evidencia que el sistema no era tan limpio como se pretendió vender, y eso tiene valor político e histórico.  

Pero ese ejercicio no puede ni debe convertirse en distractor. México ya vivió demasiadas veces el truco de inventar un enemigo, un escándalo o un fantasma para que la opinión pública mire hacia otro lado mientras los problemas reales —seguridad, pobreza, corrupción institucional, crisis de confianza en el INE— siguen ahí, sin resolverse. 

Este caso no puede ser el nuevo chupacabras: un problema artificial, ruidoso y mediático que absorbe la atención colectiva mientras lo urgente se pudre en silencio.  

Si la comisión se usa para esclarecer, bienvenida, si se usa para entretener y desviar, será otra oportunidad perdida. La diferencia no está en el pasado que se revisa, sino en la honestidad con la que se enfrente el presente.

El cargo Que no sea otro chupacabras apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Lo extraordinario no fue solo el agujero financiero sino lo que vino después: el presidente Santiago Peña renunció, enfrenta juicio político e investigaciones, y varios directivos y funcionarios están imputados o detenidos. Eso no ocurrió en México en 1994.

El Error de Diciembre —la devaluación del peso, la crisis bancaria y el rescate conocido como Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa)— dejó una factura que los mexicanos siguen pagando tres décadas después. 

En aquel momento se socializaron deudas privadas, se convirtieron pasivos bancarios en deuda pública y el costo fiscal fue enorme. Hubo crisis económica profunda, caída del PIB, inflación disparada y un rescate que aún pesa en las finanzas públicas. 

Pero pese a todo lo que le cuento no hubo una renuncia presidencial forzada por el escándalo bancario, ni una oleada de detenciones de altos funcionarios o de los responsables directos del desastre. El sistema absorbió el golpe, los costos se diluyeron en el tiempo y la responsabilidad política se diluyó también.

La diferencia es reveladora. En Paraguay, el episodio de Ueno Bank no se trató solo de números rojos, se trató de un banco que concentraba una porción importante de los depósitos del sistema, que manejaba cientos de millones de dólares de fondos públicos y de pensiones, y que, según las investigaciones, había canalizado recursos hacia empresas vinculadas a su propio grupo económico. 

Cuando el índice de solvencia se desplomó por debajo de la mitad del mínimo legal, el costo no se quedó en el balance del banco: subió hasta la Presidencia. Peña, que había sido accionista del grupo hasta meses antes, terminó fuera del poder. 

Entonces el Congreso activó el juicio político. La Fiscalía imputó a decenas de personas, y el Banco Central cambió de dirección: en pocos días, la crisis financiera se transformó en crisis política e institucional.

En México, el rescate de 1995 se diseñó de otra manera. El Fobaproa absorbió los pasivos, el Congreso los convirtió en deuda pública años después y el Estado asumió el costo… bueno el estado y todos los mexicanos 

De acuerdo con estimaciones recientes expuestas por el gobierno federal, el costo de este adeudo histórico implica que cada mexicano paga aproximadamente 500 pesos al año a través del presupuesto público y esto será así hasta el 2050 o 2060. Todo gracias al PRI de Alejandro Moreno Cárdenas.

Sí, hubo debates, críticas, comisiones y reclamos que duran hasta hoy. Pero la estructura de poder no se quebró, nadie del primer nivel terminó renunciando por el colapso bancario ni enfrentando procesos penales inmediatos por ese episodio. La factura la pagó —y sigue pagando— el contribuyente.

No se trata de romantizar lo ocurrido en Paraguay. Tres millones de personas sin acceso a sus cuentas es un drama real: fondos de jubilación atrapados es una herida profunda, y todavía falta ver cuánto se recuperará realmente de los activos del banco. Pero el contraste es claro: en un caso, la crisis bancaria se resolvió con un cheque del Estado y continuidad política. En el otro, la crisis bancaria derribó a un presidente y abrió procesos legales.

Quizá la lección más incómoda no sea solo financiera sea política. Cuando los responsables de un desastre bancario tienen nombre, apellido y cargo, y cuando las instituciones reaccionan con velocidad, el costo se vuelve personal, pero cuando el sistema decide que el costo debe ser colectivo y diluido, la factura la pagan todos… excepto quienes tomaron las decisiones.

Paraguay está viviendo, en tiempo real, lo que México decidió no vivir en 1994-1995: que una crisis bancaria también puede costar el poder.

El cargo Crisis bancaria sin factura política apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) comienza a moverse el tablero político rumbo a la elección municipal de 2027. La posibilidad de que Luis Antonio Herrera Pérez se convierta en su candidato a la presidencia municipal de Tlaxcala toma cada vez mayor fuerza, particularmente ante la apuesta del tricolor por incorporar perfiles ciudadanos que puedan representar una alternativa electoral frente a Morena.

El empresario y promotor deportivo ha comenzado a llamar la atención de distintos sectores de la capital. Su trayectoria en el ámbito empresarial y deportivo, así como su acercamiento con la ciudadanía, lo colocan en una posición que vale la pena analizar. Para quienes consideran que el PRI necesita renovar sus perfiles y recuperar la confianza del electorado, Herrera podría representar una apuesta distinta a los políticos de siempre.

No se trata solamente de encontrar un candidato con reconocimiento público, sino de identificar a alguien que tenga capacidad de convocatoria, estructura territorial y posibilidades reales de competir. En ese escenario, Luis Antonio Herrera parece haber encontrado una ventana de oportunidad.

Hay un dato que no debe pasar inadvertido: en septiembre pasado, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dio la bienvenida al empresario como posible candidato a la alcaldía capitalina, mientras que el dirigente estatal, Enrique Padilla Sánchez, confirmó que el partido mantiene acercamientos con personajes externos a sus estructuras tradicionales. El mensaje es claro: el tricolor está dispuesto a abrir la puerta a nuevos perfiles.

Además, una medición del Centro de Estudios de Opinión Pública, levantada entre el 26 y el 29 de junio de 2026, colocó a Herrera con 34 por ciento de las preferencias dentro del segmento de posibles candidatos ciudadanos, por encima de Sandra Montiel Zainos, quien obtuvo 25 por ciento. Aunque estos resultados no representan una medición interna del PRI, sí ofrecen un indicador del reconocimiento que ha alcanzado el empresario entre los perfiles ciudadanos evaluados.

La competencia no está definida: aparecen otros aspirantes

Pero la candidatura no está entregada ni mucho menos definida. Dentro del propio priismo y de los círculos políticos capitalinos también comienzan a mencionarse otros nombres que buscarían colocarse en la contienda.

Entre ellos destacan:

• Héctor Martínez, conocido como «El Panu», quien también aparece entre los perfiles mencionados para competir por la presidencia municipal.
• Iván Sebastián Sánchez, otro de los perfiles priistas considerados en ese mismo ejercicio.
• Aldo Lima Carrillo, cuyo nombre también aparece en registros de seguimiento de actores políticos como posible aspirante priista a la presidencia municipal.
• Ivanov García Santacruz, identificado igualmente como un perfil priista mencionado para competir por la alcaldía capitalina.

La verdadera prueba será la competitividad

El desafío para el PRI no será únicamente elegir a quien tenga mayores simpatías dentro de sus estructuras, sino construir una candidatura que pueda conectar con los habitantes de las 11 comunidades y las colonias de la capital.

Luis Antonio Herrera tiene una ventaja que el priismo parece estar observando: no representa, al menos en su trayectoria pública reciente, al político tradicional formado exclusivamente en las estructuras partidistas. Su actividad empresarial y deportiva le ha permitido construir relaciones y reconocimiento en distintos sectores.

Sin embargo, también tendrá que demostrar que ese reconocimiento puede convertirse en organización política, respaldo territorial y votos.

Por su parte, Héctor Martínez y los demás perfiles tendrán que mostrar qué tanto capital político conservan y qué capacidad tienen para construir una candidatura competitiva.

Hay otra variable: la posibilidad de una alianza opositora. Si PRI y PAN deciden construir una candidatura común, la selección del abanderado podría cambiar considerablemente el escenario y obligar a los partidos a privilegiar al perfil con mayores posibilidades de triunfo.

La pregunta es inevitable: ¿está el PRI dispuesto a apostar por un empresario ciudadano como Luis Antonio Herrera o terminará inclinándose por alguno de sus cuadros tradicionales?

La capital representa mucho más que una presidencia municipal. Es un escaparate político y una posición estratégica rumbo al futuro de Tlaxcala.

Por ahora, Luis Antonio Herrera gana terreno, pero la competencia apenas comienza. Y en el PRI, donde las decisiones suelen cocinarse entre acuerdos, negociaciones y equilibrios internos, todavía falta conocer quién tendrá la última palabra.

Porque una cosa es levantar la mano y otra muy distinta es conseguir la candidatura y ganar la elección.

El cargo Luis Antonio Herrera gana terreno rumbo a la alcaldía apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Rosario Robles denunció este martes que su hija, Mariana Moguel Robles, actual delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Tlaxcala, fue obligada a descender de su vehículo con violencia durante un bloqueo en la autopista México-Puebla.

“Presidenta deje de estar defendiendo a su partido y dedíquese a gobernar. Acaban de bajar con violencia a mi hija Mariana de su auto en la autopista a Puebla por personas que incendiaron vehículos y exigían temas relacionados con un penal. Se le cae el país a pedazos”, escribió la política en su cuenta de X.

Horas después, Robles agradeció mensajes y llamadas de preocupación y confirmó que su hija se encuentra bien. “Es la realidad de inseguridad y de miedo de quienes transitan por las carreteras del país”, añadió.

El bloqueo fue protagonizado por familiares de personas recluidas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla.

Los manifestantes, algunos encapuchados y con cartulinas, cerraron la circulación para exigir la destitución del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, y el cese de presuntas extorsiones y cobros de piso al interior del reclusorio. También señalaron maltratos a los internos.

Los cierres se prolongaron alrededor de cuatro horas en varios puntos. Finalmente, los inconformes accedieron a retirarse tras dialogar con Rodolfo Huerta Espinosa, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación de Puebla.

El Gobierno de Puebla informó que no tiene reportes de vehículos incendiados ni de actos de violencia graves, aunque sí se quemaron llantas. La versión de Rosario Robles, sin embargo, habla de violencia directa contra su hija.

Mariana Moguel Robles, comunicóloga y exdiputada local, fue designada en abril de 2026 como delegada del CEN del PRI en Tlaxcala con la tarea de reorganizar la estructura territorial del partido de cara a 2027. Su presencia en la entidad la convierte en una de las figuras más visibles de la oposición local.

El cargo Asaltan a delegada del PRI en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Sánchez García sigue creyendo —equivocadamente— que con pucheros y desplantes recuperará las candidaturas que le negaron a Lorena Cuéllar Cisneros, su principal promotora, después de que ella se negó a respetar las encuestas. La historia es reciente y elocuente.

El 28 de septiembre, pasado el mediodía, la gobernadora intentó contactar por teléfono a Citlali Hernández y a Ariadna Montiel según lo dicho por medios nacionales. Ante el rechazo, envió mensajes desconociendo los resultados. Después esperó la reunión con Claudia Sheinbaum y cuando finalmente se concretó, casi una semana más tarde, puso sobre la mesa lo que consideraba “digno” de lo logrado mediante el dispendio y la amenaza: dos diputaciones federales y al menos 25 presidencias municipales pero la respuesta de quien gobierna el país fue un NO rotundo.

Por eso ahora Cuéllar se encuentra en tierra de Trump, intentando operar con el menos indicado: Marco Antonio Mena Rodríguez. Esa salida revela dos cosas. Primero, que ya lo perdonó por haberle ganado la primera elección con mapacherías. Segundo, que le tiene una fe excesiva, porque Mena no ganó por su propia operación. Quien lo dude puede revisar la declaración de Mariano González Zarur, quien admitió haberlo impuesto.

La reaparición de Sánchez García afirmando que “nada estaba escrito” y el viaje al extranjero de la gobernadora tienen un solo objetivo: dejar claro que no están dispuestos a sumarse si no obtienen espacios, candidaturas y el reconocimiento a la mapachada de los últimos meses.

Solo así se entiende que, después de las vacaciones pagadas que se tomó, ahora diga que está “en espera” de ver si acepta la elección hecha por el pueblo de Tlaxcala. Como ocurre con sus encuestas, parece creer que esa pequeña diferencia la decidió alguien más. ¿En serio pretende ir en contra del pueblo al que aspiraba gobernar?

No dudo en afirmar que buscará la diputación federal, lo que sí puso en tela de juicio fue su permanencia en MORENA. Afirmó que estaría en esas filas “a menos de que suceda algo extraordinario”. Tremenda pérdida de un enorme ideólogo tendría el movimiento si eso ocurriera.

Sus declaraciones, formuladas al concluir la entrega de patrullas a la policía municipal, fueron reveladoras. “Regresamos con todo a seguir trabajando como lo veníamos haciendo”, dijo tras reincorporarse al cargo una vez que se le agriara la aspiración a la coordinación estatal. 

Sobre la reelección como alcalde, reconoció que le ha ido bien y que le gusta la cercanía con la gente, “pero también me gustaría explorar nuevos horizontes en el tema de la diputación federal”. Quien sabe si los capitalinos comparten esa fantasía del eterno aspirante.

Recalcó que continúa con el proyecto de la Cuarta Transformación y con el apoyo a Sheinbaum, pero admitió que no ha tenido acercamiento real con Ana Lilia Rivera: solo un mensaje de texto que contestó y que no tuvo continuidad. “Seguimos a la espera”.

Ahí está el mensaje real. Está en espera de que le ofrezcan, de que le den lo que exige, de que le compren la voluntad así como él intentó hacerlo, de que lo valoren en la dimensión que él considera justa, para después decidir si suma tooooodo su capital político a la mujer que, con y sin partido, llevaba ventaja en las encuestas serias.

Por eso no precisó si se sumará al trabajo de la coordinadora estatal y dejó abierta, con cierta ridícula solemnidad, la puerta a la gubernatura: “Todavía ahorita es una coordinación, no hay candidato. Hay que esperar a que se vayan dando los tiempos”. Y añadió que si obtiene la postulación federal, su apoyo a Ana Lilia “prácticamente se daría en automático”.

La lectura es sencilla. Mientras MORENA tomó una decisión institucional y la ratificó desde la dirigencia nacional y desde la Presidencia, un sector local —el de Alfonso y la gobernadora— sigue apostando a la presión, al chantaje y a la narrativa del agravio.

La madurez política no consiste en exigir espacios después de rechazar las reglas. Consiste en aceptar los resultados y sumarse al proyecto, algo que, por ahora, ni Alfonso Sánchez García ni quienes lo acompañan parecen dispuestos a hacer. ¿Con qué argumentos, con qué cara, con qué estructura?… solo ellos saben.

El cargo Regresó: igual o peor apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Pero basta que un hombre de 84 años aparezca en una fotografía con Ana Lilia Rivera Rivera para que el mismo órgano se transforme en una maquinaria de notificaciones insistentes, apercibimientos de cárcel y multas que superan una pensión mensual.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo con Rubén Sanluis Meneses. Su hija, Marlen Sanluis, lo denunció públicamente: personal del ITE ha visitado de manera reiterada el domicilio del adulto mayor.

Primero le entregaron un cuestionario, él respondió por correo electrónico, pero después llegó otro requerimiento con preguntas prácticamente idénticas, aparentemente se negó a recibirlo porque ya había contestado. Y el día anterior al reclamo público le llevaron un tercer documento con amenazas de amonestación, arresto o sanción económica desproporcionada. Todo por haber salido en una foto publicada en redes sociales junto a la senadora con licencia, Ana Lilia Rivera Rivera.

No se trata de un operador político, no se trata de un financiador de propaganda, simplemente se trata de un ciudadano de 84 años que lee, escribe libros y vive de su pensión. Un adulto mayor que, según la lógica del Instituto, representa un riesgo electoral mayor que los cientos de bardas y espectaculares que durante meses inundaron los 60 municipios a favor de Alfonso Sánchez García.

El contraste es el verdadero problema. Mientras la propaganda anticipada a favor del entonces alcalde capitalino se desplegaba con total naturalidad —y el ITE, en varios momentos, prefería no ver o atribuir la responsabilidad a terceros—, cualquier mínimo guiño mediático o fotográfico hacia Ana Lilia Rivera detona una reacción inmediata y desproporcionada. 

Medios de comunicación también han sido requeridos por cubrir actos de la senadora, tal como hoy le sucede al adulto mayor. El patrón es claro: se tolera lo masivo cuando conviene y se persigue lo mínimo cuando molesta.

El contexto importa. El 28 de septiembre de 2026, Ana Lilia Rivera fue designada coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación por la dirigencia nacional de Morena, imponiéndose en el proceso interno.

La derrota política de quienes apostaron por otra carta no se resolvió en las urnas partidistas; ahora parece resolverse con requerimientos, notificaciones y presión institucional contra quienes, de forma involuntaria, voluntaria o casual, aparecieron cerca de la ganadora.

El ITE insiste en que solo cumple con sus funciones y técnicamente puede ser cierto, pero la selectividad con la que ejerce esas funciones es imposible de ocultar. Un árbitro que actúa con celeridad inusual contra un pensionado de 84 años y que durante meses mostró una paciencia casi infinita frente a la saturación propagandística del lado oficialista no es neutral: es un actor más del tablero.

Sanluis Meneses ya respondió, ya dijo lo que tenía que decir y aun así siguen llegando requerimientos a su domicilio. Como si la insistencia pudiera convertir una fotografía en delito electoral, como si el miedo a un hombre que escribe libros a los 84 años fuera más urgente que el control real de los excesos que sí afectaron la equidad del espacio público y los dineros de las arcas en Tlaxcala.

Al final, el mensaje que envía el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones es nítido y peligroso: en Tlaxcala se puede llenar el estado de propaganda anticipada y el árbitro apenas se inmuta, pero si un adulto mayor tiene la audacia de aparecer en una foto con la persona “equivocada”, entonces sí hay que mover a los notificadores con una diligencia que envidiaría cualquier secretaría de gobierno.

Lo que sigue sucediendo en Tlaxcala no es legalidad, es venganza disfrazada de procedimiento y el señor Sanluis Meneses, a sus 84 años, ya tiene el capítulo perfecto para su próximo libro: cómo el poder todavía le teme a quien solo se tomó una fotografía y lo persigue por estar del lado opuesto al de la autoridad electoral. Vaya delito.

El cargo El delito de salir en una foto apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La revisión abarca contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos, y se extiende al INE, a los organismos públicos locales electorales, a servidores públicos y a proveedores relacionados. 

El comunicado de la ASF no individualizó empresas ni anticipó responsabilidades, pero los reportajes que precedieron la indagatoria sí: señalan a Cajas Graf, Corporativo Zeg y TOL Producciones, vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. 

José Alfredo, apoderado de Cajas Graf, aparece en los videos de convivencia con Taddei y su familia que detonaron la crisis. Esa red no se queda en el ámbito federal: Tlaxcala aporta una conexión concreta y verificable. 

El Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) documentó que Cajas Graf obtuvo un contrato por 12 millones 420 mil 972.60 pesos para material electoral de 2024, mediante la licitación pública ITE-LP-02-2024, con fallo del 8 de febrero. 

Esto no es un dato menor, abre una línea periodística clara: quiénes compitieron, si existían vínculos entre los participantes, cómo se justificaron los precios, qué papel jugaron las autoridades locales y nacionales, por qué una licitación previa quedó desierta y cómo se armó la siguiente. 

Hasta ahora no hay confirmación oficial de una investigación específica contra el ITE ni pruebas de responsabilidad de sus funcionarios. Pero la coincidencia de la empresa, el monto y el contexto nacional obliga a examinar si la contratación tlaxcalteca guarda relación con las prácticas que la ASF revisa a escala federal.

La salida de Taddei, anunciada apenas un día después de que ella misma asegurara a sus colaboradores que se quedaba “para proteger al Instituto”, refuerza la percepción de que el costo político se volvió insostenible. 

Su mensaje habla de “serenidad y dignidad”, de 33 años de servicio electoral y de que las instituciones permanecen mientras las personas cumplen ciclos. 

Sin embargo, la secuencia —defensa, presión mediática y de la ASF, renuncia— deja al INE en una posición delicada justo cuando arranca el proceso electoral 2026-2027.

La credibilidad del árbitro no se recompone solo con una dimisión, se recompone si las investigaciones avanzan con rigor, si se esclarecen los vínculos entre proveedores y estructuras administrativas, y si el relevo no se convierte en un botín político.

En este escenario, los beneficiados son claros. El gobierno de Claudia Sheinbaum y la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados ganan la posibilidad de presentar la salida como un acto de rendición de cuentas y de colocar un perfil menos contaminado —o más afín— al frente del organismo. 

La oposición obtiene munición para cuestionar la autonomía real del INE, y la lógica de control institucional se fortalece: cada escándalo de este tipo refuerza la narrativa de que el árbitro electoral necesita “renovación”. 

La hipótesis del “fuego amigo” no está probada, pero tampoco es descabellada; un INE presidido por alguien envuelto en señalamientos de corrupción es un pasivo innecesario. Cortar ahora permite contener el daño y reacomodar piezas antes de que el proceso electoral avance.

La normativa es inequívoca. La designación del consejero o consejera presidente corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, no al Senado ni al Ejecutivo. 

Ante la falta absoluta, los diez consejeros restantes eligen de inmediato un presidente provisional de entre ellos y lo notifican a la Cámara. 

Como Taddei lleva menos de seis años en el cargo (su periodo termina en 2032), el sustituto definitivo concluirá el tiempo restante. El procedimiento incluye convocatoria pública, comité técnico de evaluación, quintetas y votación por dos terceras partes de los presentes; si no hay acuerdo, se recurre a la insaculación. 

En la práctica, la mayoría oficialista tendrá un peso decisivo, aunque la regla de las dos terceras partes obliga a cierta negociación.

Lo que ocurrió en Tlaxcala no prueba, por sí solo, una red nacional de corrupción, pero sí demuestra que las mismas empresas señaladas en el ámbito federal operaron en entidades federativas y que existen documentos oficiales que permiten verificar montos, procedimientos y actores. 

Esa es la línea que debe seguirse: no la especulación, sino el expediente. Si la contratación del ITE se explica por reglas transparentes y competencia real, el dato queda como una coincidencia, pero si aparecen patrones de precios, participantes relacionados o justificaciones débiles, se suma a la investigación más amplia que ya abrió la ASF.

La renuncia de Taddei puede servir para limpiar la imagen del INE o para confirmar que el organismo solo se depura cuando el escándalo ya es insostenible. Algo que por cierto jamás se hizo con Lorenzo Córdova Vianello.

El resultado dependerá de si las autoridades —federales y locales— investigan con independencia o con cálculo político. Las instituciones, como dijo la propia consejera, permanecen, el problema es cuando empiezan a parecer solo el escenario donde se administran los ciclos del poder.

El cargo Taddei: falló y se fue apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, Enrique Padilla Sánchez, aseguró que el partido mantiene un trabajo permanente en municipios y distritos a través de los llamados “Defensores de México”, estructura que, dijo, ya supera los 500 integrantes y tiene como propósito escuchar las demandas ciudadanas y construir propuestas de gobierno.

Padilla Sánchez sostuvo que el PRI no pretende limitar su proceso interno exclusivamente a militantes históricos, sino sumar a quienes tengan capacidad de organización, presencia social y disposición para participar en un proyecto común. Como ejemplo mencionó la incorporación de Luis Antonio Herrera, además de perfiles priistas y ciudadanos que ya se han registrado para participar en el proceso.

En la capital del estado, señaló que existen diversos perfiles interesados, entre ellos el regidor Alejandro Sarmiento, además de otros actores políticos y sociales. En San Pablo del Monte, afirmó que existen dos proyectos con fuerza propia que actualmente buscan convertirse en una sola propuesta electoral, mientras que en Apizaco destacó el trabajo de la diputada Sandra Aguilar.

El dirigente priista insistió en que el partido pretende evitar confrontaciones internas y construir una lógica de equipo. “No hay una competencia”, sostuvo al explicar que los distintos aspirantes realizan trabajo territorial mientras el partido evalúa quién puede representar de mejor manera al proyecto.

La estrategia también contempla abrir espacios a quienes anteriormente militaron en el PRI y posteriormente abandonaron sus filas. En ese contexto, Padilla reiteró que el partido mantiene abierta la puerta para actores como Alfonso Sánchez García, aunque precisó que la propuesta priista para encabezar su proceso estatal continúa siendo Anabel Ávalos.

El mensaje político de Padilla es claro: el PRI pretende recuperar competitividad no únicamente mediante sus estructuras tradicionales, sino ampliando su coalición social y sumando perfiles externos. El dirigente aseguró que el partido trabaja para presentar propuestas relacionadas con seguridad, salud, educación, infraestructura y desarrollo.

Frente a Morena, al que reconoció como el partido gobernante y principal fuerza electoral, Padilla rechazó dar por definida la elección de 2027 y aseguró que las preferencias electorales actuales no necesariamente reflejan el resultado que tendrán las urnas. La apuesta priista será, dijo, convertir organización territorial, apertura política y propuestas en una alternativa electoral.

Con esta estrategia, el PRI busca llegar a 2027 con una estructura más amplia y con capacidad para competir en municipios y distritos, mientras mantiene abierta la posibilidad de incorporar a figuras que puedan aportar votos, organización y presencia ciudadana.

El cargo PRI abre la puerta a ciudadanos y expriistas para disputar Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, Enrique Padilla Sánchez, afirmó que su partido presentó inicialmente una denuncia relacionada con el caso de Casa de Gobierno ante la autoridad electoral, pero posteriormente recurrió a la vía penal al considerar que el asunto correspondía a esa materia.

Padilla Sánchez sostuvo que ahora corresponde a las autoridades determinar, con base en las pruebas y procedimientos correspondientes, qué procede en el caso. Su exigencia, dijo, es que exista una explicación clara sobre los hechos denunciados y que las instituciones actúen conforme a sus atribuciones.

Pero el dirigente priista llevó el debate más allá de la coyuntura electoral y cuestionó la manera en que se ha planteado el desarrollo de Tlaxcala. A su juicio, uno de los principales problemas es que los proyectos estatales suelen estar vinculados a los periodos de gobierno, en lugar de formar parte de una estrategia de largo plazo que trascienda administraciones.

Como ejemplo de las demandas ciudadanas que, aseguró, recoge el PRI en territorio, mencionó las condiciones de las calles, además de problemas relacionados con seguridad, salud, educación y medio ambiente. Para Padilla, un proyecto de desarrollo debe construirse con planeación, comunicación y participación de las comunidades.

El dirigente priista también se refirió al polémico proyecto del Polo de Economía Circular para el Bienestar, cuya realización fue descartada por el Gobierno estatal tras una nueva valoración técnica. Padilla consideró que cualquier proyecto de desarrollo debe contemplar desde el principio el diálogo con las comunidades, acuerdos claros y una ruta de trabajo conocida por la población.

En materia educativa, cuestionó los resultados que México ha obtenido en evaluaciones internacionales como PISA, particularmente en matemáticas y comprensión lectora, y sostuvo que el desarrollo estatal también depende de fortalecer la ciencia, la tecnología y la formación de nuevas generaciones.

Sin embargo, el mensaje político más directo apareció al abordar el proceso electoral de 2027. Padilla hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales a evitar cualquier condicionamiento del voto y pidió que los ciudadanos puedan acudir a las urnas de manera libre, directa y democrática.

“Somos tlaxcaltecas y nos vamos a quedar acá”, planteó el dirigente priista al pedir a las autoridades generar condiciones de tranquilidad política y evitar amenazas o condicionamientos relacionados con programas o servicios públicos.

El PRI pretende así colocarse como una fuerza opositora que no solamente dispute candidaturas, sino que construya una agenda propia sobre desarrollo, servicios públicos, seguridad, educación y libertades democráticas. La apuesta será convertir esas demandas en discurso electoral y, posteriormente, en propuestas de gobierno.

A meses de que 2027 comience a dominar formalmente la agenda política estatal, el mensaje de Enrique Padilla marca una ruta: oposición, reconstrucción territorial y vigilancia del ejercicio del poder. La disputa por Tlaxcala empieza también en el terreno del discurso, y el PRI busca recuperar ahí un espacio que durante años perdió.

El cargo PRI exige cuentas por Casa de Gobierno y reclama un nuevo rumbo para Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El mensaje en redes fue claro: educación como pilar, reconocimiento a los maestros y “lo mejor está por venir”. En la reunión la acompañaron José Antonio Álvarez Lima, Cutberto Chávez de la Rosa y Teresa Meneses Morales; esa foto estaba lista para circular, todo sea por mostrar el músculo y así fue.

El acercamiento no es menor; Cepeda Salas sigue siendo, al menos en el papel, el líder moral del magisterio nacional. Mantiene su escaño en el Senado y la representación formal del sindicato más grande del país, incluso se dice que a nivel America latina sigue siendo algo para presumir.

Pero el papel es una cosa y el territorio otra; en Coahuila, su tierra natal, poco o nada aportó para evitar que el PRI retuviera la geografía en la golpiza que el tricolor le dio a la 4T. El liderazgo nacional de Cepeda no se tradujo en fuerza local real, esa contradicción viaja ahora a Tlaxcala de la mano de Rivera Rivera donde todos esperan que la realidad sea otra.

Tampoco es menor la compañía local; Cutberto Chávez de la Rosa carga una de las peores calificaciones en la Sección 31. Desde esa trinchera, según las propias quejas del magisterio, se perjudicó a los maestros más de lo que se les defendió y para muestra está Gwendolynee Amaro, ex titular de la delegación D-III-1, a la que Chávez De la Rosa entregó a Homero Meneses Hernández. 

Teresa Meneses, secretaria general de la Sección 55 —la de los maestros estatales—, aún tiene pendiente demostrar qué puede gestionar realmente desde esa posición. Hasta ahora, el saldo es de expectativas más que de resultados, pero está a tiempo y eso le favorece porque es “recién llegada”.

Pese a esos lastres, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera necesita exactamente esas imágenes, el 2027 no se gana solo con discurso de transformación, se gana proyectando fuerza en los gremios que todavía mueven estructura y voto.  Uno de esos sin duda es el de los maestros que siempre han sido esa base electoral que todos quieren, aunque ya en el ejercicio del poder casi siempre acaban abandonando o castigando.

El SNTE, con todas sus grietas, sigue siendo un actor, Ana Lilia Rivera lo sabe y por eso se dejó querer; aparecer en esa foto con Cepeda, con Chávez y con Meneses tiene una finalidad y no necesariamente porque sean los mejores aliados posibles, sino porque son los que tiene a la mano para presumir músculo… es lo que hay.

La operación es transparente: se trata de convertir un encuentro protocolario en señal de poder, pero la pregunta que queda abierta no es si la foto se tomó, sino si ese músculo resistirá el escrutinio de quienes conocen de cerca a cada uno de los protagonistas, en política, a veces la imagen vale más que el historial, hasta que el historial cobra la factura.

Las 3 de Ley… 1- Extraña manera tienen los congresistas tlaxcaltecas de entender la soberanía. Los mismos que abrieron la puerta a Luis Antonio Ramírez Hernández para ser secretario de Gobierno sin ser nacido en Tlaxcala, son los que ayer celebraron la confirmación de la reforma que obliga a renunciar a cualquier otra nacionalidad para aspirar a la Presidencia o a una gubernatura.

2- En algo coincido con ellos: la propuesta no es un capricho xenófobo, sino una afirmación de que el poder político en México exige lealtad plena e indivisible. Quien pretenda gobernar un Estado o la República no puede tener un pie en otro país. La Constitución, al endurecer los artículos 82, 116 y 122, recuerda que la soberanía no se negocia ni se comparte.

3- La renuncia es un acto de coherencia. No basta con nacer mexicano: para ejercer el máximo poder público se exige un acto voluntario y explícito —renunciar a la otra nacionalidad—, y ese es un filtro de convicción. Pero a quienes no les importó mancillar o torcer la Constitución local y ahora celebran ser una de las entidades que “pusieron el pecho a las balas” para lograrla, hay que recordarles su entreguismo. Violentar la confianza de quienes los eligieron también es un acto de traición.

El cargo Músculo con fisuras apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.