En Paraguay, un banco digital con casi tres millones de clientes se derrumbó en cuestión de días. El Banco Central intervino Ueno Bank por insolvencia grave, se congelaron cuentas, aparecieron préstamos millonarios a empresas del propio grupo propietario y, de repente, el país entero despertó sin poder tocar su dinero.
Lo extraordinario no fue solo el agujero financiero sino lo que vino después: el presidente Santiago Peña renunció, enfrenta juicio político e investigaciones, y varios directivos y funcionarios están imputados o detenidos. Eso no ocurrió en México en 1994.
El Error de Diciembre —la devaluación del peso, la crisis bancaria y el rescate conocido como Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa)— dejó una factura que los mexicanos siguen pagando tres décadas después.
En aquel momento se socializaron deudas privadas, se convirtieron pasivos bancarios en deuda pública y el costo fiscal fue enorme. Hubo crisis económica profunda, caída del PIB, inflación disparada y un rescate que aún pesa en las finanzas públicas.
Pero pese a todo lo que le cuento no hubo una renuncia presidencial forzada por el escándalo bancario, ni una oleada de detenciones de altos funcionarios o de los responsables directos del desastre. El sistema absorbió el golpe, los costos se diluyeron en el tiempo y la responsabilidad política se diluyó también.
La diferencia es reveladora. En Paraguay, el episodio de Ueno Bank no se trató solo de números rojos, se trató de un banco que concentraba una porción importante de los depósitos del sistema, que manejaba cientos de millones de dólares de fondos públicos y de pensiones, y que, según las investigaciones, había canalizado recursos hacia empresas vinculadas a su propio grupo económico.
Cuando el índice de solvencia se desplomó por debajo de la mitad del mínimo legal, el costo no se quedó en el balance del banco: subió hasta la Presidencia. Peña, que había sido accionista del grupo hasta meses antes, terminó fuera del poder.
Entonces el Congreso activó el juicio político. La Fiscalía imputó a decenas de personas, y el Banco Central cambió de dirección: en pocos días, la crisis financiera se transformó en crisis política e institucional.
En México, el rescate de 1995 se diseñó de otra manera. El Fobaproa absorbió los pasivos, el Congreso los convirtió en deuda pública años después y el Estado asumió el costo… bueno el estado y todos los mexicanos
De acuerdo con estimaciones recientes expuestas por el gobierno federal, el costo de este adeudo histórico implica que cada mexicano paga aproximadamente 500 pesos al año a través del presupuesto público y esto será así hasta el 2050 o 2060. Todo gracias al PRI de Alejandro Moreno Cárdenas.
Sí, hubo debates, críticas, comisiones y reclamos que duran hasta hoy. Pero la estructura de poder no se quebró, nadie del primer nivel terminó renunciando por el colapso bancario ni enfrentando procesos penales inmediatos por ese episodio. La factura la pagó —y sigue pagando— el contribuyente.
No se trata de romantizar lo ocurrido en Paraguay. Tres millones de personas sin acceso a sus cuentas es un drama real: fondos de jubilación atrapados es una herida profunda, y todavía falta ver cuánto se recuperará realmente de los activos del banco. Pero el contraste es claro: en un caso, la crisis bancaria se resolvió con un cheque del Estado y continuidad política. En el otro, la crisis bancaria derribó a un presidente y abrió procesos legales.
Quizá la lección más incómoda no sea solo financiera sea política. Cuando los responsables de un desastre bancario tienen nombre, apellido y cargo, y cuando las instituciones reaccionan con velocidad, el costo se vuelve personal, pero cuando el sistema decide que el costo debe ser colectivo y diluido, la factura la pagan todos… excepto quienes tomaron las decisiones.
Paraguay está viviendo, en tiempo real, lo que México decidió no vivir en 1994-1995: que una crisis bancaria también puede costar el poder.
