La propuesta de Morena de crear una Comisión Especial por la Democracia y la Verdad en la Cámara de Diputados para revisar la elección de 2006 reabre una herida que nunca cicatrizó del todo. De avanzar, generaría efectos de doble filo.
En el lado positivo podría funcionar como un ejercicio de memoria histórica. Documentar de manera formal las intervenciones presidenciales, las presiones sobre el IFE y las irregularidades que el Tribunal Electoral ya reconoció en su momento —aunque no las consideró determinantes— permitiría a una nueva generación de ciudadanos entender por qué aquella diferencia de 0.56 puntos porcentuales sigue siendo un parteaguas.
También enviaría un mensaje de que ningún acto de intromisión desde el poder, por lejano que sea, queda del todo impune en el terreno político y simbólico. En el mejor de los casos, serviría para reforzar garantías de no repetición y para contrastar el sistema electoral de entonces con el actual.
En el lado negativo: el riesgo de que se convierta en un instrumento de distracción es evidente. Llega en plena crisis del caso Taddei y cuando el INE enfrenta señalamientos de corrupción. La oposición ya lo interpreta como un intento de cambiar el foco de la conversación pública, y figuras como Luis Carlos Ugalde lo describen abiertamente como estrategia para desacreditar el pasado pre-2018.
Reabrir un proceso cerrado hace dos décadas, sin posibilidad real de anular resultados ni de fincar responsabilidades penales, puede alimentar polarización, desgaste institucional y la percepción de que el Congreso prioriza batallas simbólicas sobre problemas urgentes. Además, si la comisión se integra solo con la mayoría oficialista, perderá credibilidad desde el origen.
El paso que sigue para confirmar su creación es relativamente sencillo y está en manos de la mayoría. Ariadna Montiel y Ricardo Monreal ya coordinaron la presentación formal de la solicitud ante el grupo parlamentario. El siguiente movimiento es que la iniciativa se turne al Pleno de la Cámara de Diputados, se discuta y se someta a votación.
Con la coalición Morena-PT-Verde, no se necesita el apoyo de PAN, PRI ni Movimiento Ciudadano. Una vez aprobada, se definirán su integración, objetivos, duración y facultades y ese voto en el pleno será el “visto bueno” real. Todo lo demás —convocatorias a testigos, revisión de documentos o proyecciones del documental de Mandoki— vendrá después, si es que la comisión no se diluye en el ruido político del momento.
Personalmente sostengo que desempolvar el pasado es, en principio, bueno. Exhibir los excesos de 2006, documentar las interferencias y poner sobre la mesa lo que durante años se minimizó o se negó dejará a la oposición sin el comodín de la “normalidad democrática” de aquella época. Quedará en evidencia que el sistema no era tan limpio como se pretendió vender, y eso tiene valor político e histórico.
Pero ese ejercicio no puede ni debe convertirse en distractor. México ya vivió demasiadas veces el truco de inventar un enemigo, un escándalo o un fantasma para que la opinión pública mire hacia otro lado mientras los problemas reales —seguridad, pobreza, corrupción institucional, crisis de confianza en el INE— siguen ahí, sin resolverse.
Este caso no puede ser el nuevo chupacabras: un problema artificial, ruidoso y mediático que absorbe la atención colectiva mientras lo urgente se pudre en silencio.
Si la comisión se usa para esclarecer, bienvenida, si se usa para entretener y desviar, será otra oportunidad perdida. La diferencia no está en el pasado que se revisa, sino en la honestidad con la que se enfrente el presente.
