El Ayuntamiento de Apizaco, encabezado por el presidente municipal Javier Rivera Bonilla, dio cumplimiento a una recomendación emitida en 2024 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, relacionada con un hecho ocurrido en 2023.

Durante la diligencia, el alcalde dejó en claro que, aunque los hechos no ocurrieron en la presente administración, su gobierno actúa con responsabilidad, apego a la ley y compromiso con la justicia, atendiendo de manera puntual las resoluciones de los organismos autónomos.

Como parte del cumplimiento de la recomendación, el Ayuntamiento brindó atención psicológica a las víctimas indirectas, así como una compensación económica como medida de reparación integral del daño, en cumplimiento de una obligación jurídica.

El presidente municipal reconoció que ninguna acción puede reparar la pérdida de una vida, pero subrayó que estas medidas representan un acto de responsabilidad del Estado para acompañar a las familias afectadas.

Asimismo, reiteró el compromiso de su administración para garantizar la no repetición de este tipo de hechos, mediante el fortalecimiento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con mejores controles de ingreso, capacitación constante y supervisión de los elementos.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, señaló que: “No todas las autoridades asumen la responsabilidad del Estado cuando los hechos no ocurrieron en su administración; por eso es importante reconocer la voluntad de este Ayuntamiento de cumplir y responder con responsabilidad.”

En el evento estuvieron presentes; el secretario ejecutivo de la CEDH, José Sánchez Sánchez; la síndico municipal, María de la Paz Flores Hernández, el secretario del Ayuntamiento, Juan Pablo Morales Rico, así como las víctimas indirectas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Apizaco refrenda su compromiso con la legalidad, la justicia y la construcción de un mejor futuro para todas y todos.

El cargo CUMPLE AYUNTAMIENTO DE APIZACO CON RECOMENDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EMITIDA EN 2024 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Se destacaron cifras impresionantes: más de 17,600 acciones realizadas en beneficio de más de 45,000 personas, con énfasis en la resolución de conflictos mediante diálogo y conciliación, la atención a quejas (405 nuevas, 630 expedientes atendidos, 408 concluidos), y la priorización de la prevención sobre la sanción.

En ese besamanos se enfatizó el respaldo del gobierno estatal, la transversalización de la agenda de derechos humanos y la autonomía respetada del organismo.

El evento incluyó la entrega de la Presea en Derechos Humanos 2025 a Constantina Bautista Nava, una hablante de náhuatl que defiende la identidad y derechos de pueblos originarios, lo que se presentó como símbolo de inclusión e interculturalidad.

Sin embargo usted dígame tres nombres de mujeres u hombres que actualmente ocupen una cartera o espacio en la CEDH o en el propio Gobierno estatal. Salvo que los nuevos apellidos del pueblo sean Marroquín, Vivanco o de los Montero, no veo mucha congruencia en esta entrega.

La titular del ejecutivo estatal no podía faltar y reforzó este discurso, calificando a la CEDH como pilar de la justicia social y destacando políticas de su administración en favor de mujeres víctimas de violencia, comunidades indígenas e igualdad sustantiva.

El acto tuvo presencia de los tres poderes, autoridades municipales y -dicen- que hasta de la sociedad civil, proyectando una imagen de unidad, corresponsabilidad y avances institucionales. ¿entonces no fueron acarreados?

Sin embargo, este relato oficial contrastó drásticamente con lo ocurrido apenas dos días después, el 27 de febrero de 2026, en el foro: “Proteger a quienes informan y defienden derechos: diálogo, apoyo y acción”, organizado por la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) y el Consejo de Medios de Comunicación de Tlaxcala (COMECOT).

El acto se celebró con la participación de representantes de la Quinta Visitaduría General de la CNDH (Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos): Uriel Flores Zamudio y Fernando Corona García, director y visitador adjunto, de manera respectiva.

En este espacio, periodistas, comunicadores y activistas expusieron una realidad mucho más cruda y crítica hacia la propia CEDH Tlaxcala y las autoridades estatales en general: Carpetas de investigación “encapsuladas” o sin avance (entre 14 y 19 mencionadas); omisiones, dilaciones y señalamientos de corrupción dentro de la CEDH; negativa o sesgo en acompañamiento; filtración de información sensible, represalias graves (tortura, quema de domicilios, desaparición forzada, persecución, hackeos).

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La #UPET y el #Comecot convocaron a los #activistas de #Tlaxcala y lo que pretendía ser un #foro acabó por convertirse en una valvula de escape donde se dio una versión distinta del informe que horas antes había presentado la CEDH

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Por si fuera poco se habló de la ausencia de recomendaciones, pues en su lugar se han hecho uso de exhortos u observaciones. Aun cuando esas figuras son inexistentes y solo buscan mejorar la estética de la CEDH.

Los representantes de la CNDH, con evidente sorpresa en el rostro, tomaron nota de expedientes específicos, como casos de Juan Manuel N. y Erika N.), se comprometieron a seguimiento personalizado y reconocieron la gravedad de las denuncias, aunque aclararon limitaciones competenciales.

Sin embargo se plantearon visitas recurrentes y mesas permanentes, pero varios participantes mostraron escepticismo por experiencias previas de impunidad y falta de respuestas concretas.

Así que mientras el informe de la CEDH se percibe como un ejercicio de autocomplacencia institucional y alineación política con el gobierno estatal, que prioriza cifras agregadas y narrativa positiva sobre prevención y diálogo, el otro informe cumplió su cometido.

Mientras el acto oficial proyectaba Tlaxcala como un estado que “escucha, repara y protege”, el foro evidenció una crisis profunda de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, con señalamientos directos a la CEDH por omisión, dilación y hasta corrupción.

El contraste tan cercano en el tiempo resalta una disonancia entre el discurso oficial y la experiencia vivida por quienes enfrentan vulneraciones cotidianas.

La presencia de la CNDH permitió visibilizar este diagnóstico duro y demandar mayor intervención federal, lo que pone presión sobre la CEDH local para demostrar resultados más allá de reportes anuales que nadie cree y que solo son aplaudidos por las familias y los burocratas.

En resumen, el informe oficial parece más un acto de legitimación política que un ejercicio de rendición de cuentas crítica y autocrítica.

El foro, por el contrario, funcionó como contrapeso ciudadano y periodístico, exponiendo que las cifras “en papel” no se traducen necesariamente en cambios sustantivos en la realidad de la protección de derechos en Tlaxcala.

El cargo El otro informe en Derechos Humanos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) fortalecieron su vínculo institucional, esto durante la reunión de trabajo sostenida en la sede de la agrupación periodística, ubicada en la capital del estado, hasta donde los representantes del organismo nacional acudieron para iniciar una serie de acciones en beneficio del gremio.

En el encuentro promovido por la Mesa Directiva de la UPET, Laura Nava Arontes, Directora General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, acompañada por la visitadores adjuntos Carla Aurora Adame Bravo y Sergio Martínez Bañuelos, presentó una serie de apoyos y servicios dirigidos a proteger y acompañar a los comunicadores tlaxcaltecas.

“Este acercamiento representa un paso significativo en la colaboración entre ambas instancias, con el objetivo de prevenir agresiones, garantizar canales ágiles de denuncia y promover una cultura de respeto a la libertad de expresión en Tlaxcala”, dijo Martín Rodríguez Hernández, presidente de la UPET.

Entre los compromisos signados se encuentra la realización de un foro regional de trabajo conjunto, mismo que se proyecta para el mes de marzo en una universidad. La propuesta es organizar y promover encuentros periódicos, a fin de intercambiar información y socializar la labor de la CNDH a favor del gremio periodístico.

Estos foros incluirían a periodistas, comunicadores de redes sociales y defensores de derechos humanos, partiendo de un diagnóstico previo, sobre topicos específicas como la cobertura del 8-M, violencia digital, criminalización, nota roja y agresiones por género, a fin de generar protocolos de actuación.

Además se dio a conocer la existencia de una línea directa de atención que permite el acompañamiento las 24 horas, durante los 365 días del año, pues a través de una guardia telefónica especializada puede atender de manera inmediata temas como agresiones y amenazas a comunicadores de la entidad

En este contexto los funcionarios de la CNDH ofrecieron acompañamiento en quejas por violaciones a derechos humanos, lo que se traducirá en orientación para presentar denuncias ante la CNDH, incluso ante rezagos o falta de respuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Los visitadores y la titular del programa definieron plazos claros con los que se cuentan, como los 30 días para impugnar resoluciones notificadas, o 6 meses en casos de omisión, para impulsar recursos de revisión contra autoridades locales.

Durante la mesa de trabajo entre los periodistas tlaxcaltecas y la CNDH se abordó la vinculación con el Mecanismo Federal de Protección, que incluye el acompañamiento técnico para preparar solicitudes de incorporación al mecanismo, así como el seguimiento a las evaluaciones de riesgo, a cargo de la Junta de Gobierno (integrada por dependencias federales y sociedad civil).

Esto privilegia la seguridad del comunicador pues brindará la gestión de medidas urgentes como botones de asistencia, escoltas, cerco perimetral, o incluso la extracción de la persona en riesgo, todo con la finalidad de preservar su integridad física

Nava Arontes compartió también la posibilidad de ofrecer capacitación gratuita en línea que incluirá cursos, diplomados y materiales educativos sobre derechos humanos, perspectiva de género, riesgo y violencia contra periodistas.

Duarte el encuentro la CNDH realizó la entrega de material informativo como pósteres, trípticos y banners digitales que la UPET distribuirá entre sus agremiados a fin de garantizar la socialización de la información

En su oportunidad los visitadores Carla Adame y Sergio Martínez ofrecieron interlocución directa y seguimiento permanente para los comunicadores tlaxcaltecas sin distingo de la agrupación a la que se pertenezca

Esta mesa de trabajo encabezada por la Mesa Directiva de la UPET y la CNDH fortalece la red de protección para el ejercicio periodístico en la entidad y abre una vía permanente de colaboración que busca reducir la vulnerabilidad de quienes informan y defienden derechos humanos en la entidad.

El cargo Acuerdan UPET y CNDH colaboración, acompañamiento y capacitación continua apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

No fue fácil, llegó a ser rechazado. Todo lo que hizo fue decir lo que cientos o miles de mujeres esperaban pero no se atrevían a exigir. Eso le valió ser señalado y sentenciado por una sotana, un hombre que olvidó el amor al prójimo.

Ha pasado exactamente una década desde abril de 2015, cuando Tlaxcala se convirtió en el epicentro de una batalla ideológica que expuso lo peor de la intolerancia religiosa y política en México.

Francisco Mixcoatl Antonio, entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), se atrevió a defender lo indefendible para algunos: los derechos reproductivos de las mujeres.

Al promover una acción de inconstitucionalidad contra reformas regresivas al Código Penal local —que eliminaban causales para la interrupción del embarazo en casos de violación, malformaciones fetales, graves o inseminación artificial no consentida—, Mixcoatl no solo cuestionó un marco legal punitivo, sino que desafió el statu quo conservador de una entidad mayoritariamente católica.

Su gesto, anclado en el principio de progresividad de los derechos humanos, lo convirtió en blanco de una persecución que rozó lo medieval: lo tildaron de “Anticristo” en homilías y arengas, lo acosaron en marchas masivas y, lo más lacerante, extendieron su veneno hasta sus hijas, obligándolo a cambiarlas de escuela para blindarlas de los insultos de compañeras influenciadas por el fervor ideológico. Fanatismo puro.

La marcha del 22 de abril de 2015, convocada por el obispo Francisco Moreno Barrón —fallecido en octubre de 2025—, reunió a miles de feligreses de municipios como Tepetitla, Papalotla y Huamantla, culminando frente a las instalaciones de la CEDHT con la entrega de cajas repletas de 132 mil 104 firmas recolectadas para exigir el desistimiento de la acción judicial.

Moreno Barrón, en su mensaje inicial, no escatimó en retórica apocalíptica: “El aborto no es un derecho humano, sino un atentado en contra de la vida”, proclamó, ignorando que la acción de Mixcoatl buscaba precisamente evitar la criminalización de víctimas de violencia sexual y embarazos no deseados, alineándose con estándares internacionales de derechos humanos.

La Diócesis condicionó la manifestación a esta entrega simbólica, pero lo que siguió fue un asedio personal: Mixcoatl, subiendo al templete improvisado para dialogar, enfrentó rechiflas y gritos que lo “crucificaron verbalmente”, como él mismo lo recordaría años después.

Activistas de la Red de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México (Ddeser) y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) denunciaron de inmediato la manipulación: el obispo había convocado bajo premisas “mentirosas y falsas”, exagerando el alcance de la acción para avivar el pánico moral.

No fue solo la Iglesia. El poder político se sumó con saña. Miembros de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local —representantes de un Legislativo que había aprobado y luego retractado las causales de despenalización por presiones conservadoras— presionaron a Mixcoatl en un desayuno tenso con el clero, exigiéndole retractarse.

“Fui objeto de homilías donde decían que el Anticristo había regresado”, evocó Mixcoatl en una reciente entrevista con el periodista Fabián Robles Medrano (www.faronoticias.com) recordando cómo cuestionaron su paternidad: “¿Cómo un padre de familia defiende el aborto?”. El ombudsman, católico practicante y respetuoso de las creencias ajenas, resistió: “No era un derecho mío, sino de las mujeres vulneradas”.

Su familia pagó el precio: las hijas, expuestas a bullying escolar por “el papá a favor del aborto”, sufrieron el derrame tóxico de una ideología que priorizaba el dogma sobre la empatia infantil.

Esta persecución no fue un arrebato aislado, sino el reflejo de un conservadurismo enquistado que, en Tlaxcala —el estado más pequeño y visto como “provincia moral”—, temía que un avance local detonara una “cascada” en el resto del país.

Medios locales documentaron cómo el Episcopado se reunió para bloquear la acción, temiendo romper “un paradigma” en derechos reproductivos.

El Congreso, en lugar de legislar con ética, defendió “lo indefendible”, como criticaría Mixcoatl, priorizando credos personales sobre la igualdad y la no discriminación.

El resultado: un retroceso que criminalizaba a víctimas de violación, obligándolas a parir contra su voluntad, en un contexto donde el 19% de los casos de violación ni siquiera llegan a sentencia en estados similares.

A toro pasado, ya diez años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reivindicado a Mixcoatl con una contundencia que duele por su tardanza.

El 2 de diciembre de 2025, en la Acción de Inconstitucionalidad 89/2024 —promovida por el Ejecutivo federal, ante la “timidez” de autoridades locales—, el Pleno invalidó por unanimidad disposiciones de la Ley de Salud y el Código Penal de Tlaxcala que condicionaban el aborto a denuncias previas o autorizaciones ministeriales, despenalizándolo de facto y eliminando barreras que revictimizaban a mujeres en contextos de violencia.

La sentencia, ponenciada por la ministra Yasmín Esquivel, reitera que el derecho a decidir es “esencial a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad”, alineándose con jurisprudencia de 2021 y beneficiando retroactivamente a procesadas por aborto.

Así Tlaxcala se suma a 25 entidades con despenalización, pero el avance llega de fuera: porque en la entidad los servidores públicos son timoratos y conservadores; ahora el Congreso debe derogar artículos impugnados y publicar la resolución en el Periódico Oficial estatal para su vigencia inmediata.

¿Qué decir a los perseguidores de entonces? Su cruzada no salvó vidas; las puso en riesgo, estigmatizando a mujeres que hoy, gracias a la Corte, podrán decidir sin miedo a la cárcel o la burocracia punitiva.

Moreno Barrón y sus aliados eclesiásticos, con su llamado a marchas y recolección de firmas, no defendieron la “vida” abstracta, sino un control patriarcal que la SCJN ha desmantelado.

Los diputados que lo acosaron, priorizando “moñitos” simbólicos sobre legislación ética, comparten una responsabilidad compartida que la historia juzgará como cobardía, así como hoy reconoce la tarea de Mixcoatl y a las hijas del maestro en derecho , acosadas por defender un derecho ajeno

Su padre no era el Anticristo, sino un precursor. Que sirva de lección: ignorar derechos fundamentales no es piedad; es violencia, hipocresía y un cántico que todos tararean pero que a nadie le gusta aceptar, son volver al pasado.

El cargo Mixcoatl y su tardía canonización apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordoñez Brasdefer, informó que se ofrece acompañamiento a familiares de la persona privada de la libertad (PPL), que fue hallada suspendida al interior de su celda, la madrugada de este 21 de octubre al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO) Varonil de Tlaxcala.

 La ombudsperson precisó que el primer visitador de la CEDH acudió tanto al Cereso, como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) para iniciar la investigación correspondiente, recabar los indicios y acompañar las diligencias que realicen las autoridades para esclarecer este hecho.

Es preciso recordar que recientemente se hizo público un video donde un PPL acusó actos de amenazas e intimidación por parte de autoridades del centro de reclusión para que los PPL realizaran hechos delictivos fuera del penal.

Reporta alrededor de 400 quejas en lo que va del año

En otro tema Ordoñez Brasdefer informó que en lo que va del año, el órgano garante ha recibido alrededor de 400 quejas, y entre mil 200 y mil 300 peticiones de observadores.

Señaló que las dependencias más grandes son las que tienen mayor incidencia en quejas, es el caso de las secretarías de Educación, Salud, y Seguridad Ciudadana, así como los ayuntamientos.

Explicó que el caso de los observadores, se trata de la solicitud para que un representante de la CEDH esté presente en una diligencia o una audiencia para que se respeten los derechos de los ciudadanos.

Pesé a que no precisó datos, indicó que a la fecha se ha resuelto más del 50% de quejas, e indicó que en el caso de las recomendaciones que el órgano garante ha emitido el 90% de ellas han sido aceptadas.

El cargo Inicio CEDH investigación tras muerte de PPL en Cereso varonil, da acompañamiento a familiares apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Inicialmente, Meneses justificó la falta de acción argumentando escasez de recursos, luego mencionó la carencia de maestros y plazas disponibles, y más tarde adujo restricciones normativas. Sin embargo, su postura quedó en entredicho al ignorar un mandato del Poder Judicial que lo obligaba a cumplir con las demandas de los padres de familia y acatar una orden judicial. En pocas palabras: se demostró que la única escasez es de voluntad porque hasta hoy no ha obedecido la ley.

Estos mismos padres han confrontado directamente al secretario, acusándolo de beneficiarse de la imagen de las comunidades indígenas al usar sus prendas y tomarse fotos con ellos, sin que su supuesto respeto por estas comunidades se refleje en acciones concretas. La respuesta de Meneses fue desconcertante: “Si me invitan a comer y me cobran con un grupo o un salón, pues ya no vengo”. Se los dijo en el contexto de un desayuno que los padres ofrecían a las autoridades.

La controversia tiene su origen en un grupo de seis padres de familia de San Francisco Tetlanohcan, quienes interpusieron un juicio de amparo (número 891/2025-2) ante un juez federal por irregularidades en el proceso de preinscripción a primer grado en una escuela primaria bilingüe (náhuatl-español).

La SEPE-USET, encabezada por Meneses Hernández, emitió una convocatoria en febrero que priorizó la inscripción de niños con hermanos en la escuela (4-7 de febrero) y relegó a la población general a una segunda etapa (10-14 de febrero), generando inconformidad por la falta de equidad.

Tras analizar el caso, el juez federal falló a favor de los padres, ordenando a la SEPE-USET reabrir la plataforma de preinscripción en plazos de cinco días, luego tres días y finalmente 24 horas. La SEPE-USET incumplió, alegando estar en período vacacional (hasta el 25 de agosto), después uno de esos mismos colaboradores confirmo que podría ser “pasando el cumpleaños del secretario”.

Entonces fue tarde, porque el juzgado determinó que la SEPE-USET, y varios funcionarios, están en desacato, enfrentando posibles sanciones como inhabilitación del servicio público (3-9 años), hasta tres años de prisión o multas de hasta 500 UMAs.

La reacción de la SEPE-USET fue presentar un juicio de revisión del amparo, aparentemente para dilatar el proceso y evitar cumplir la orden judicial. Algunos especulan que la estrategia de Homero Meneses es prolongar el conflicto hasta el fin del ciclo escolar, eludiendo así la resolución judicial. Esto plantea cuestionamientos sobre su compromiso ético y los valores de izquierda que dice representar el titular de educación de la entidad.

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La #controversia tiene su origen en un grupo de seis #padresdefamilia de San Francisco Tetlanohcan, quienes interpusieron un #juiciodeamparo (número 891/2025-2) ante un #juezfederal por irregularidades en el proceso de preinscripción a primer grado en una escuela primaria bilingüe (náhuatl-español).

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Entre los funcionarios requeridos por el juzgado están Homero Meneses Hernández, secretario de Educación; Omar Cuautecontzi Ávila, director de Planeación Educativa; Guadalupe Texis Salazar, supervisora de Educación Primaria Indígena; José Fausto Ramírez, del Departamento de Asuntos Jurídicos; Dalmira Solís García, del Departamento de Estadística; Alberto Montiel Mendoza, jefe de Departamento de Estadística; Margarita Cisneros Tzontzi, jefa del Departamento de Educación Indígena; y Pedro Aztatzi, director de la primaria bilingüe de San Francisco Tetlanohcan. Además, se menciona un presunto despacho, encabezado por Héctor Abraham Meza Sánchez, que actuaría como apoderado legal de Meneses.

Para fortuna de los pueblos originarios la escuela bilingüe enfrenta un aumento constante en la demanda de inscripción, con cuatro años consecutivos incrementando grupos de primer grado. Sin embargo, lejos de apoyar el crecimiento de estas escuelas que promueven la educación náhuatl, la SEPE-USET se negaba a autorizar nuevos grupos o construir aulas adicionales, alegando falta de presupuesto y una supuesta disminución en la tasa de natalidad.

Actualmente, se pretende inscribir a 44 niños en un solo grupo, en un aula de seis por ocho metros, lo cual es pedagógicamente inviable. Según la normativa, el máximo ideal es de 34 alumnos por grupo, un estándar que parece ignorado por las autoridades educativas, cuya prioridad, según Meneses, son otros “compromisos”.

Por ello, los padres acusan a Meneses de discriminación, exclusión y racismo, argumentando que ignora los derechos educativos de la comunidad Náhuatl, a pesar de presentarse como defensor de su cultura. Los inconformes, respaldados por documentos que presentarán este próximo miércoles al secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, señalan que la SEPE-USET viola los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Constitución al limitar el acceso a la educación bilingüe de siete niños.

Los padres y el director han dialogado en múltiples ocasiones con las autoridades, proponiendo soluciones como contribuir económicamente para construir aulas o gestionar recursos. La comunidad incluso adquirió un terreno de 3,000 m² para ampliar la escuela, pero la SEPE-USET rechazó estas iniciativas, aduciendo restricciones normativas.

Ante esta cerrazón, se planea una manifestación el miércoles en el Palacio de Gobierno para exigir la intervención de la gobernadora y del secretario de la sección 31 del SNTE, Cutberto Chávez de la Rosa, quien confirmó la existencia de seis plazas docentes disponibles que podrían resolver el problema.

De no encontrar una solución, los padres amenazan con cerrar la escuela a partir del lunes, lo que podría escalar el conflicto. Las acusaciones de discriminación, desacato judicial y negligencia administrativa contra Meneses y su SEPE-USET marcan un precedente sin igual en su gestión.

El cargo Homero el Racista, en Desacato Judicial apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Como en la serie mexicana “El Recluso”, donde un infiltrado desmantela una mafia carcelaria desde adentro, la realidad en Tlaxcala supera con creces la pantalla: aquí, los internos no solo son víctimas de corrupción, sino herramientas vivas para delitos externos, como asaltos y robos orquestados desde las celdas. Y lo peor: las autoridades parecen ser parte del engranaje, según la lectura del propio reo.

Imaginemos la escena: Ventura, privado de su libertad desde 2023, denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que ha sido extorsionado por mandos como los comandantes Aristóteles O. y Elionaid P. con pagos mensuales de 2,500 a 3,500 pesos para mantener su humilde empleo en el taller de pinzas, o enfrentar castigos, como falsos aislamiento o cosas peores.

“Si no le daba dinero, me decía que me iba a pasar lo mismo que a ‘la yegua’, un compañero que apareció colgado en el área de aislamiento del penal de Apizaco”, relata en su denuncia formal del 12 de junio. Pruebas en mano: transferencias bancarias SPEI, una fechada el 30 de mayo de 2023, directamente a cuentas ligadas a los acusados.

Pero el horror no se detiene en las extorsiones. Un video grabado el 31 de julio desde el interior del penal –difundido en redes y ahora bajo investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)– expone la crudeza: golpizas sistemáticas, amenazas de muerte, robos fuera del recinto y, lo más alarmante, el uso de reos como “mano de obra” para acciones delictivas.

Según los denunciantes, ciertos internos son “liberados” temporalmente para cometer asaltos, robos o intimidaciones en el exterior, a cambio de privilegios o protección. Otros, que se niegan o dejan de pagar, “aparecen colgados” o son eliminados bajo el manto de “disciplina interna”. Es un ecosistema de terror donde el poder carcelario opera como una mafia organizada, con lujos para los cómplices y muerte para los rebeldes.

La esposa de Ventura, en una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), detalla las represalias tras alzar la voz: traslado arbitrario al penal de Apizaco sin notificación, retiro de pertenencias, sanciones sin debido proceso y amenazas directas. “Sufriría un accidente”, le advirtieron, “y ya sabían cómo hacer que pareciera algo natural”.

Incluso, durante visitas, le exigen dinero para devolver objetos personales como un ventilador o una pantalla. Estas denuncias no solo apuntan a comandantes, sino a altos funcionarios como Arturo N., director general del sistema penitenciario, y Juan A., director del Cereso.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) responde con investigaciones internas y “vigilancia especial” para Ventura, citando conflictos con otros reos, mientras colabora con la Fiscalía. La CEDHT, por su parte, ha emitido medidas cautelares, entrevistas y acompañamiento, enfatizando la protección contra represalias. O al menos eso dice garantizar.

Jakqueline Ordoñez Brasdefer, presidenta de la Comisión, asegura -a través de un boletín- que vigilan el cumplimiento, pero ¿es suficiente? En un estado donde las violaciones a derechos humanos –vida, integridad, debido proceso– parecen normalizadas, estas respuestas suenan a protocolo más que a acción decisiva.

Aquí es donde la realidad eclipsa la ficción de “El Recluso”. En la serie, el protagonista Dante Pardo infiltra el penal La Rotunda para exponer corrupción, extorsiones y asesinatos disfrazados de suicidios, con reos usados como peones en crímenes externos. Suena familiar, ¿no? Pero en Tlaxcala, no hay héroe ficticio: es Ventura, un hombre real en peligro inminente, quien grita desde su celda.

La comunidad tlaxcalteca, aterrorizada por estas revelaciones, se pregunta: ¿cuántos “accidentes” más se han encubierto? ¿Cuántos reos son forzados a delinquir para sobrevivir?. Esta denuncia no es un caso aislado; es el síntoma de un sistema penitenciario fallido, donde la reinserción social es un eufemismo para explotación. Ventura Holguín no merece morir por hablar; merece justicia. Y Tlaxcala, una sociedad que ya no puede ignorar el abismo en sus prisiones.

El cargo El Eco del Reo apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En un esfuerzo por consolidar una comunidad universitaria más justa, informada y comprometida con la defensa de la dignidad humana, la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) firmó un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

El acuerdo, signado por la rectora Rosalía Nalleli Pérez Estrada, y la presidenta de la CEDH, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, establece una alianza estratégica para impulsar proyectos conjuntos de formación, actualización, difusión y desarrollo tecnológico en materia de Derechos Humanos.

El documento refuerza la dimensión humanista de la educación superior en la UPTx, abre la puerta a iniciativas innovadoras, como el desarrollo de softwares especializados y la producción de cápsulas informativas que promuevan una cultura de paz, respeto y participación en la defensa de las libertades fundamentales.

La colaboración institucional también contempla acciones permanentes de capacitación dirigidas a estudiantes, docentes y personal administrativo, con el objetivo de construir una comunidad universitaria con mayor conciencia social y sensibilidad frente a los desafíos contemporáneos en materia de derechos y justicia.

La UPTx reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y la construcción de un entorno académico basado en valores, equidad y responsabilidad social.

El cargo UPTX APUESTA POR UNA EDUCACIÓN CON CONCIENCIA; CAPACITARÁN A SU ALUMNADO EN DERECHOS HUMANOS apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El expositor, con una sólida trayectoria de 28 años en medios tradicionales, digitales y multimedia, y miembro activo de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, ofreció un análisis profundo sobre las responsabilidades éticas del periodismo en la era digital.

Castrillón Cue definió la violencia mediática como una práctica que puede surgir por accidente u omisión, afectando directa o indirectamente a las personas mediante acciones como:
* Discriminación
* Exposición sin consentimiento
* Difamación
* Revictimización
* Descrédito sin evidencias
* Vulneración injustificada de datos personales

“En ocasiones, sin darnos cuenta, cometemos errores que dañan la dignidad de las personas”, advirtió el experto, destacando que estas prácticas ocurren tanto en medios tradicionales como digitales.

Las 10 Formas Prevalentes de Violencia Mediática

Durante su intervención, Castrillón Cue enumeró y explicó las “10 formas más comunes” en que los medios y periodistas incurren en violencia mediática:

1. Sensacionalismo y “clickbait”: Empleo de titulares amarillistas o morbosos para atraer audiencia.
2. Revictimización: Culpar o responsabilizar indirectamente a las víctimas de sucesos.
3. Falta de consentimiento informado: Realizar entrevistas sin explicar claramente el contexto y uso de la información.
4. Violación de privacidad: Publicación injustificada de datos personales.
5. Exposición gráfica innecesaria: Mostrar imágenes o detalles sensibles de víctimas sin justificación ética.
6. Omisión del derecho de réplica: No dar oportunidad, condicionar o limitar el derecho de las personas afectadas a responder.
7. Manipulación de información: Alterar declaraciones o contexto para distorsionar la realidad.
8. Uso de estereotipos: Recurrir a prejuicios basados en raza, clase, género u orientación sexual.
9. Exposición de menores sin consentimiento: Publicar imágenes o información de niños/adolescentes sin autorización de tutores.
10. Lenguaje estigmatizante o discriminatorio: Utilizar términos que fomenten prejuicios durante coberturas o en noticias.

Luis Roberto Castrillón Cue, destacó la importancia de ejercer un periodismo responsable y consciente del impacto social que tienen los contenidos que se difunden, especialmente en contextos donde la libertad de expresión puede verse rebasada y amenazada por discursos de odio, desinformación o campañas de desprestigio.

La actividad, dirigida a periodistas, comunicadores y público interesado, buscó generar conciencia y reflexión crítica sobre el impacto ético y social de las prácticas informativas.

Finalmente, la presidenta de la CEDH, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, subrayó que el respeto a la dignidad humana es fundamental en el ejercicio periodístico, especialmente en el complejo ecosistema de las redes sociales.

El cargo CEDH impulsa la reflexión sobre Ética Periodística y Violencia Mediática en Redes apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) inició una queja de oficio en contra del presidente municipal de Mazatecochco, Emilio González Cortés, derivado de la denuncia presentada por la regidora Anayeli González Castro, quien refirió haber sido víctima de violencia política en razón de género por parte de dicha autoridad municipal.

En el marco de un evento público realizado en el plantel 09 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE) en ese municipio, la presidenta de la CEDHT, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, exhortó al alcalde a desempeñar su cargo con perspectiva de género y a garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas servidoras públicas que integran su equipo de trabajo, y en particular de las mujeres.

Durante el evento, en el que se impartió la conferencia “El derecho humano a la identidad de origen” por el defensor de los pueblos originarios y ex Ombudsperson de Nayarit, Maximino Muñoz de la Cruz, la titular del organismo subrayó la importancia de que las autoridades locales ejerzan sus funciones conforme a los principios de igualdad, no discriminación y legalidad.

Ordóñez Brasdefer informó que, desde el conocimiento del caso, personal de la CEDHT realizó un rastreo hemerográfico y en redes sociales, además de solicitar informes a las instancias correspondientes, a fin de integrar los elementos necesarios para el análisis del caso y, en su caso, proceder conforme a sus atribuciones.

Asimismo, precisó que la realización de actividades de promoción y difusión en materia de derechos humanos no se contrapone con la existencia de quejas contra autoridades, sino que refuerza la obligación institucional de incidir en la transformación de las prácticas institucionales y culturales que perpetúan la violencia o discriminación.

“Cuando hay quejas por posibles violaciones a derechos humanos, no se cancela nuestra presencia institucional; al contrario, es necesario reforzarla para hacer patente la responsabilidad de las autoridades en garantizar los derechos fundamentales”, afirmó.

Finalmente, la presidenta de la CEDHT reiteró el llamado al ayuntamiento de Mazatecochco para implementar procesos de capacitación con enfoque de género, orientados a prevenir futuras vulneraciones y fortalecer la cultura institucional de respeto a los derechos humanos.

El cargo Inició CEDHT queja de oficio por el tema de violencia de género en ayuntamiento de Mazatecochco apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.