Ni anticristo, ni odiador, mucho menos amante de la sangre. Francisco Mixcoatl Antonio fue un adelantado y con la entrevista de Fabián Robles Medrano, el último de los periodistas al que puedo presumir y reconocer por su calidad, la historia le tiene un lugar especial en la historia de cientos de mujeres.
No fue fácil, llegó a ser rechazado. Todo lo que hizo fue decir lo que cientos o miles de mujeres esperaban pero no se atrevían a exigir. Eso le valió ser señalado y sentenciado por una sotana, un hombre que olvidó el amor al prójimo.
Ha pasado exactamente una década desde abril de 2015, cuando Tlaxcala se convirtió en el epicentro de una batalla ideológica que expuso lo peor de la intolerancia religiosa y política en México.
Francisco Mixcoatl Antonio, entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), se atrevió a defender lo indefendible para algunos: los derechos reproductivos de las mujeres.
Al promover una acción de inconstitucionalidad contra reformas regresivas al Código Penal local —que eliminaban causales para la interrupción del embarazo en casos de violación, malformaciones fetales, graves o inseminación artificial no consentida—, Mixcoatl no solo cuestionó un marco legal punitivo, sino que desafió el statu quo conservador de una entidad mayoritariamente católica.
Su gesto, anclado en el principio de progresividad de los derechos humanos, lo convirtió en blanco de una persecución que rozó lo medieval: lo tildaron de “Anticristo” en homilías y arengas, lo acosaron en marchas masivas y, lo más lacerante, extendieron su veneno hasta sus hijas, obligándolo a cambiarlas de escuela para blindarlas de los insultos de compañeras influenciadas por el fervor ideológico. Fanatismo puro.
La marcha del 22 de abril de 2015, convocada por el obispo Francisco Moreno Barrón —fallecido en octubre de 2025—, reunió a miles de feligreses de municipios como Tepetitla, Papalotla y Huamantla, culminando frente a las instalaciones de la CEDHT con la entrega de cajas repletas de 132 mil 104 firmas recolectadas para exigir el desistimiento de la acción judicial.
Moreno Barrón, en su mensaje inicial, no escatimó en retórica apocalíptica: “El aborto no es un derecho humano, sino un atentado en contra de la vida”, proclamó, ignorando que la acción de Mixcoatl buscaba precisamente evitar la criminalización de víctimas de violencia sexual y embarazos no deseados, alineándose con estándares internacionales de derechos humanos.
La Diócesis condicionó la manifestación a esta entrega simbólica, pero lo que siguió fue un asedio personal: Mixcoatl, subiendo al templete improvisado para dialogar, enfrentó rechiflas y gritos que lo “crucificaron verbalmente”, como él mismo lo recordaría años después.
Activistas de la Red de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México (Ddeser) y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) denunciaron de inmediato la manipulación: el obispo había convocado bajo premisas “mentirosas y falsas”, exagerando el alcance de la acción para avivar el pánico moral.
No fue solo la Iglesia. El poder político se sumó con saña. Miembros de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local —representantes de un Legislativo que había aprobado y luego retractado las causales de despenalización por presiones conservadoras— presionaron a Mixcoatl en un desayuno tenso con el clero, exigiéndole retractarse.
“Fui objeto de homilías donde decían que el Anticristo había regresado”, evocó Mixcoatl en una reciente entrevista con el periodista Fabián Robles Medrano (www.faronoticias.com) recordando cómo cuestionaron su paternidad: “¿Cómo un padre de familia defiende el aborto?”. El ombudsman, católico practicante y respetuoso de las creencias ajenas, resistió: “No era un derecho mío, sino de las mujeres vulneradas”.
Su familia pagó el precio: las hijas, expuestas a bullying escolar por “el papá a favor del aborto”, sufrieron el derrame tóxico de una ideología que priorizaba el dogma sobre la empatia infantil.
Esta persecución no fue un arrebato aislado, sino el reflejo de un conservadurismo enquistado que, en Tlaxcala —el estado más pequeño y visto como “provincia moral”—, temía que un avance local detonara una “cascada” en el resto del país.
Medios locales documentaron cómo el Episcopado se reunió para bloquear la acción, temiendo romper “un paradigma” en derechos reproductivos.
El Congreso, en lugar de legislar con ética, defendió “lo indefendible”, como criticaría Mixcoatl, priorizando credos personales sobre la igualdad y la no discriminación.
El resultado: un retroceso que criminalizaba a víctimas de violación, obligándolas a parir contra su voluntad, en un contexto donde el 19% de los casos de violación ni siquiera llegan a sentencia en estados similares.
A toro pasado, ya diez años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reivindicado a Mixcoatl con una contundencia que duele por su tardanza.
El 2 de diciembre de 2025, en la Acción de Inconstitucionalidad 89/2024 —promovida por el Ejecutivo federal, ante la “timidez” de autoridades locales—, el Pleno invalidó por unanimidad disposiciones de la Ley de Salud y el Código Penal de Tlaxcala que condicionaban el aborto a denuncias previas o autorizaciones ministeriales, despenalizándolo de facto y eliminando barreras que revictimizaban a mujeres en contextos de violencia.
La sentencia, ponenciada por la ministra Yasmín Esquivel, reitera que el derecho a decidir es “esencial a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad”, alineándose con jurisprudencia de 2021 y beneficiando retroactivamente a procesadas por aborto.
Así Tlaxcala se suma a 25 entidades con despenalización, pero el avance llega de fuera: porque en la entidad los servidores públicos son timoratos y conservadores; ahora el Congreso debe derogar artículos impugnados y publicar la resolución en el Periódico Oficial estatal para su vigencia inmediata.
¿Qué decir a los perseguidores de entonces? Su cruzada no salvó vidas; las puso en riesgo, estigmatizando a mujeres que hoy, gracias a la Corte, podrán decidir sin miedo a la cárcel o la burocracia punitiva.
Moreno Barrón y sus aliados eclesiásticos, con su llamado a marchas y recolección de firmas, no defendieron la “vida” abstracta, sino un control patriarcal que la SCJN ha desmantelado.
Los diputados que lo acosaron, priorizando “moñitos” simbólicos sobre legislación ética, comparten una responsabilidad compartida que la historia juzgará como cobardía, así como hoy reconoce la tarea de Mixcoatl y a las hijas del maestro en derecho , acosadas por defender un derecho ajeno
Su padre no era el Anticristo, sino un precursor. Que sirva de lección: ignorar derechos fundamentales no es piedad; es violencia, hipocresía y un cántico que todos tararean pero que a nadie le gusta aceptar, son volver al pasado.
