El informe de actividades 2025 presentado por Jaqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Tlaxcala, se caracterizó por un tono institucional muy positivo, enfocado en logros cuantitativos y en armonía con el gobierno estatal.
Se destacaron cifras impresionantes: más de 17,600 acciones realizadas en beneficio de más de 45,000 personas, con énfasis en la resolución de conflictos mediante diálogo y conciliación, la atención a quejas (405 nuevas, 630 expedientes atendidos, 408 concluidos), y la priorización de la prevención sobre la sanción.
En ese besamanos se enfatizó el respaldo del gobierno estatal, la transversalización de la agenda de derechos humanos y la autonomía respetada del organismo.
El evento incluyó la entrega de la Presea en Derechos Humanos 2025 a Constantina Bautista Nava, una hablante de náhuatl que defiende la identidad y derechos de pueblos originarios, lo que se presentó como símbolo de inclusión e interculturalidad.
Sin embargo usted dígame tres nombres de mujeres u hombres que actualmente ocupen una cartera o espacio en la CEDH o en el propio Gobierno estatal. Salvo que los nuevos apellidos del pueblo sean Marroquín, Vivanco o de los Montero, no veo mucha congruencia en esta entrega.
La titular del ejecutivo estatal no podía faltar y reforzó este discurso, calificando a la CEDH como pilar de la justicia social y destacando políticas de su administración en favor de mujeres víctimas de violencia, comunidades indígenas e igualdad sustantiva.
El acto tuvo presencia de los tres poderes, autoridades municipales y -dicen- que hasta de la sociedad civil, proyectando una imagen de unidad, corresponsabilidad y avances institucionales. ¿entonces no fueron acarreados?
Sin embargo, este relato oficial contrastó drásticamente con lo ocurrido apenas dos días después, el 27 de febrero de 2026, en el foro: “Proteger a quienes informan y defienden derechos: diálogo, apoyo y acción”, organizado por la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) y el Consejo de Medios de Comunicación de Tlaxcala (COMECOT).
El acto se celebró con la participación de representantes de la Quinta Visitaduría General de la CNDH (Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos): Uriel Flores Zamudio y Fernando Corona García, director y visitador adjunto, de manera respectiva.
En este espacio, periodistas, comunicadores y activistas expusieron una realidad mucho más cruda y crítica hacia la propia CEDH Tlaxcala y las autoridades estatales en general: Carpetas de investigación “encapsuladas” o sin avance (entre 14 y 19 mencionadas); omisiones, dilaciones y señalamientos de corrupción dentro de la CEDH; negativa o sesgo en acompañamiento; filtración de información sensible, represalias graves (tortura, quema de domicilios, desaparición forzada, persecución, hackeos).
@martin_rodriguez.com La #UPET y el #Comecot convocaron a los #activistas de #Tlaxcala y lo que pretendía ser un #foro acabó por convertirse en una valvula de escape donde se dio una versión distinta del informe que horas antes había presentado la CEDH
Por si fuera poco se habló de la ausencia de recomendaciones, pues en su lugar se han hecho uso de exhortos u observaciones. Aun cuando esas figuras son inexistentes y solo buscan mejorar la estética de la CEDH.
Los representantes de la CNDH, con evidente sorpresa en el rostro, tomaron nota de expedientes específicos, como casos de Juan Manuel N. y Erika N.), se comprometieron a seguimiento personalizado y reconocieron la gravedad de las denuncias, aunque aclararon limitaciones competenciales.
Sin embargo se plantearon visitas recurrentes y mesas permanentes, pero varios participantes mostraron escepticismo por experiencias previas de impunidad y falta de respuestas concretas.
Así que mientras el informe de la CEDH se percibe como un ejercicio de autocomplacencia institucional y alineación política con el gobierno estatal, que prioriza cifras agregadas y narrativa positiva sobre prevención y diálogo, el otro informe cumplió su cometido.
Mientras el acto oficial proyectaba Tlaxcala como un estado que “escucha, repara y protege”, el foro evidenció una crisis profunda de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, con señalamientos directos a la CEDH por omisión, dilación y hasta corrupción.
El contraste tan cercano en el tiempo resalta una disonancia entre el discurso oficial y la experiencia vivida por quienes enfrentan vulneraciones cotidianas.
La presencia de la CNDH permitió visibilizar este diagnóstico duro y demandar mayor intervención federal, lo que pone presión sobre la CEDH local para demostrar resultados más allá de reportes anuales que nadie cree y que solo son aplaudidos por las familias y los burocratas.
En resumen, el informe oficial parece más un acto de legitimación política que un ejercicio de rendición de cuentas crítica y autocrítica.
El foro, por el contrario, funcionó como contrapeso ciudadano y periodístico, exponiendo que las cifras “en papel” no se traducen necesariamente en cambios sustantivos en la realidad de la protección de derechos en Tlaxcala.
