Desde febrero de 2023, Homero Meneses Hernández, titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala y la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (SEPE-USET), ha sido señalado por discriminar, rechazar y marginar a estudiantes de una escuela indígena, quienes, por decisión arbitraria del funcionario, carecen de mejoras en sus condiciones escolares. No sé por qué me recordó a Lorenzo Cordova Vianello, ex presidente del INE, aquel que se burló de los pueblos originarios y que acabó exhibido en los libros de texto.
Inicialmente, Meneses justificó la falta de acción argumentando escasez de recursos, luego mencionó la carencia de maestros y plazas disponibles, y más tarde adujo restricciones normativas. Sin embargo, su postura quedó en entredicho al ignorar un mandato del Poder Judicial que lo obligaba a cumplir con las demandas de los padres de familia y acatar una orden judicial. En pocas palabras: se demostró que la única escasez es de voluntad porque hasta hoy no ha obedecido la ley.
Estos mismos padres han confrontado directamente al secretario, acusándolo de beneficiarse de la imagen de las comunidades indígenas al usar sus prendas y tomarse fotos con ellos, sin que su supuesto respeto por estas comunidades se refleje en acciones concretas. La respuesta de Meneses fue desconcertante: “Si me invitan a comer y me cobran con un grupo o un salón, pues ya no vengo”. Se los dijo en el contexto de un desayuno que los padres ofrecían a las autoridades.
La controversia tiene su origen en un grupo de seis padres de familia de San Francisco Tetlanohcan, quienes interpusieron un juicio de amparo (número 891/2025-2) ante un juez federal por irregularidades en el proceso de preinscripción a primer grado en una escuela primaria bilingüe (náhuatl-español).
La SEPE-USET, encabezada por Meneses Hernández, emitió una convocatoria en febrero que priorizó la inscripción de niños con hermanos en la escuela (4-7 de febrero) y relegó a la población general a una segunda etapa (10-14 de febrero), generando inconformidad por la falta de equidad.
Tras analizar el caso, el juez federal falló a favor de los padres, ordenando a la SEPE-USET reabrir la plataforma de preinscripción en plazos de cinco días, luego tres días y finalmente 24 horas. La SEPE-USET incumplió, alegando estar en período vacacional (hasta el 25 de agosto), después uno de esos mismos colaboradores confirmo que podría ser “pasando el cumpleaños del secretario”.
Entonces fue tarde, porque el juzgado determinó que la SEPE-USET, y varios funcionarios, están en desacato, enfrentando posibles sanciones como inhabilitación del servicio público (3-9 años), hasta tres años de prisión o multas de hasta 500 UMAs.
La reacción de la SEPE-USET fue presentar un juicio de revisión del amparo, aparentemente para dilatar el proceso y evitar cumplir la orden judicial. Algunos especulan que la estrategia de Homero Meneses es prolongar el conflicto hasta el fin del ciclo escolar, eludiendo así la resolución judicial. Esto plantea cuestionamientos sobre su compromiso ético y los valores de izquierda que dice representar el titular de educación de la entidad.
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Entre los funcionarios requeridos por el juzgado están Homero Meneses Hernández, secretario de Educación; Omar Cuautecontzi Ávila, director de Planeación Educativa; Guadalupe Texis Salazar, supervisora de Educación Primaria Indígena; José Fausto Ramírez, del Departamento de Asuntos Jurídicos; Dalmira Solís García, del Departamento de Estadística; Alberto Montiel Mendoza, jefe de Departamento de Estadística; Margarita Cisneros Tzontzi, jefa del Departamento de Educación Indígena; y Pedro Aztatzi, director de la primaria bilingüe de San Francisco Tetlanohcan. Además, se menciona un presunto despacho, encabezado por Héctor Abraham Meza Sánchez, que actuaría como apoderado legal de Meneses.
Para fortuna de los pueblos originarios la escuela bilingüe enfrenta un aumento constante en la demanda de inscripción, con cuatro años consecutivos incrementando grupos de primer grado. Sin embargo, lejos de apoyar el crecimiento de estas escuelas que promueven la educación náhuatl, la SEPE-USET se negaba a autorizar nuevos grupos o construir aulas adicionales, alegando falta de presupuesto y una supuesta disminución en la tasa de natalidad.
Actualmente, se pretende inscribir a 44 niños en un solo grupo, en un aula de seis por ocho metros, lo cual es pedagógicamente inviable. Según la normativa, el máximo ideal es de 34 alumnos por grupo, un estándar que parece ignorado por las autoridades educativas, cuya prioridad, según Meneses, son otros “compromisos”.
Por ello, los padres acusan a Meneses de discriminación, exclusión y racismo, argumentando que ignora los derechos educativos de la comunidad Náhuatl, a pesar de presentarse como defensor de su cultura. Los inconformes, respaldados por documentos que presentarán este próximo miércoles al secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, señalan que la SEPE-USET viola los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Constitución al limitar el acceso a la educación bilingüe de siete niños.
Los padres y el director han dialogado en múltiples ocasiones con las autoridades, proponiendo soluciones como contribuir económicamente para construir aulas o gestionar recursos. La comunidad incluso adquirió un terreno de 3,000 m² para ampliar la escuela, pero la SEPE-USET rechazó estas iniciativas, aduciendo restricciones normativas.
Ante esta cerrazón, se planea una manifestación el miércoles en el Palacio de Gobierno para exigir la intervención de la gobernadora y del secretario de la sección 31 del SNTE, Cutberto Chávez de la Rosa, quien confirmó la existencia de seis plazas docentes disponibles que podrían resolver el problema.
De no encontrar una solución, los padres amenazan con cerrar la escuela a partir del lunes, lo que podría escalar el conflicto. Las acusaciones de discriminación, desacato judicial y negligencia administrativa contra Meneses y su SEPE-USET marcan un precedente sin igual en su gestión.
