En las sombras del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala, un hombre encadenado no solo por barrotes, sino por un sistema podrido de extorsiones, amenazas y abusos, ha decidido romper el silencio. Ventura Holguín Vigil, un reo que vive con el miedo constante a una muerte “accidental”, ha destapado una red de terror -que lleva muchos años madurando- que hace palidecer a las ficciones más crudas.
Como en la serie mexicana “El Recluso”, donde un infiltrado desmantela una mafia carcelaria desde adentro, la realidad en Tlaxcala supera con creces la pantalla: aquí, los internos no solo son víctimas de corrupción, sino herramientas vivas para delitos externos, como asaltos y robos orquestados desde las celdas. Y lo peor: las autoridades parecen ser parte del engranaje, según la lectura del propio reo.
Imaginemos la escena: Ventura, privado de su libertad desde 2023, denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que ha sido extorsionado por mandos como los comandantes Aristóteles O. y Elionaid P. con pagos mensuales de 2,500 a 3,500 pesos para mantener su humilde empleo en el taller de pinzas, o enfrentar castigos, como falsos aislamiento o cosas peores.
“Si no le daba dinero, me decía que me iba a pasar lo mismo que a ‘la yegua’, un compañero que apareció colgado en el área de aislamiento del penal de Apizaco”, relata en su denuncia formal del 12 de junio. Pruebas en mano: transferencias bancarias SPEI, una fechada el 30 de mayo de 2023, directamente a cuentas ligadas a los acusados.
Pero el horror no se detiene en las extorsiones. Un video grabado el 31 de julio desde el interior del penal –difundido en redes y ahora bajo investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)– expone la crudeza: golpizas sistemáticas, amenazas de muerte, robos fuera del recinto y, lo más alarmante, el uso de reos como “mano de obra” para acciones delictivas.
Según los denunciantes, ciertos internos son “liberados” temporalmente para cometer asaltos, robos o intimidaciones en el exterior, a cambio de privilegios o protección. Otros, que se niegan o dejan de pagar, “aparecen colgados” o son eliminados bajo el manto de “disciplina interna”. Es un ecosistema de terror donde el poder carcelario opera como una mafia organizada, con lujos para los cómplices y muerte para los rebeldes.
La esposa de Ventura, en una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), detalla las represalias tras alzar la voz: traslado arbitrario al penal de Apizaco sin notificación, retiro de pertenencias, sanciones sin debido proceso y amenazas directas. “Sufriría un accidente”, le advirtieron, “y ya sabían cómo hacer que pareciera algo natural”.
Incluso, durante visitas, le exigen dinero para devolver objetos personales como un ventilador o una pantalla. Estas denuncias no solo apuntan a comandantes, sino a altos funcionarios como Arturo N., director general del sistema penitenciario, y Juan A., director del Cereso.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) responde con investigaciones internas y “vigilancia especial” para Ventura, citando conflictos con otros reos, mientras colabora con la Fiscalía. La CEDHT, por su parte, ha emitido medidas cautelares, entrevistas y acompañamiento, enfatizando la protección contra represalias. O al menos eso dice garantizar.
Jakqueline Ordoñez Brasdefer, presidenta de la Comisión, asegura -a través de un boletín- que vigilan el cumplimiento, pero ¿es suficiente? En un estado donde las violaciones a derechos humanos –vida, integridad, debido proceso– parecen normalizadas, estas respuestas suenan a protocolo más que a acción decisiva.
Aquí es donde la realidad eclipsa la ficción de “El Recluso”. En la serie, el protagonista Dante Pardo infiltra el penal La Rotunda para exponer corrupción, extorsiones y asesinatos disfrazados de suicidios, con reos usados como peones en crímenes externos. Suena familiar, ¿no? Pero en Tlaxcala, no hay héroe ficticio: es Ventura, un hombre real en peligro inminente, quien grita desde su celda.
La comunidad tlaxcalteca, aterrorizada por estas revelaciones, se pregunta: ¿cuántos “accidentes” más se han encubierto? ¿Cuántos reos son forzados a delinquir para sobrevivir?. Esta denuncia no es un caso aislado; es el síntoma de un sistema penitenciario fallido, donde la reinserción social es un eufemismo para explotación. Ventura Holguín no merece morir por hablar; merece justicia. Y Tlaxcala, una sociedad que ya no puede ignorar el abismo en sus prisiones.
