En entrevista para “Al Chile” que se transmite a través de MR Noticias, Santacruz —quien hoy dirige el despacho Santa Cruz y Asociados— afirmó que el auditor Arturo Lucio Salas Miguela y su antecesora, Isabel Maldonado Textle, no tenían facultades legales para auditar recursos federales desde la reforma constitucional de 2015, y que, sin embargo, sometieron a decenas de alcaldes a procesos penales y administrativos.

Santacruz sostuvo que, a diferencia de controversias anteriores, en esta ocasión el Auditor Superior es parte directa del fallo, por lo que no podrá eludir su responsabilidad, pues a decir del propio fiscalizador las dos anteriores controversias constitucionales no le alcanzaban, “lo cual es una miopía constitucional”, declaró.

El exdiputado señaló que el auditor no solo excedió sus funciones, sino que causó un daño económico a los municipios al obligarlos a retener porcentajes para supuestamente fiscalizar recursos federales, una atribución que corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Santacruz Carreño celebró la resolución del Pleno de la SCJN —por unanimidad— que declara que el Órgano de Fiscalización Superior y el Congreso local ejercieron “indebidamente sus facultades de supervisión y control” sobre recursos federales.

También lanzó un mensaje a la ciudadanía y a los presidentes municipales: “Que los alcaldes le pierdan el miedo […] esta pesadilla que se ha vivido con el auditor y quien le antecedió se acaba con esta controversia constitucional”, puntualizó.

Consultado sobre las consecuencias directas, el exalcalde señaló que los diputados —en especial el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso— podrían enfrentar juicio político.

En cuanto al auditor, sostuvo que incurrió en un delito federal por usurpación de funciones, y llamó a la Fiscalía Especializada Anticorrupción a revisar los casos de exalcaldes que fueron encarcelados o perseguidos con base en estas auditorías ilegales.

Finalmente, Santacruz Carreño aceptó socializar su información para posibles asesorías a los municipios para el cierre de sus administraciones, por lo que dejó su número de contacto: 241 100 43 60, en Apizaco.

El cargo Juicio político y responsabilidad penal para Salas Miguela y Zainos Flores: OSC apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) Arturo Lucio Salas Miguela gana un sueldo mensual con prestaciones que llega a los 130 mil 577.77 pesos, este funcionario gana más que lo que percibe la gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuéllar Cisneros que recibe un sueldo bruto mensual de 119 mil 534.20 pesos, según el tabulador publicado en el Periódico Oficial del Estado en 2025.

De acuerdo al tabulador de sueldos del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) publicado en el Periódico Oficial de Tlaxcala, el auditor tiene un sueldo base de 61 mil 943 pesos, más 28 mil 533 de percepción complementaria garantizada, 26 mil 673 de adicionales y 13 mil 388 pesos de aguinaldo y prima vacacional.

El titular del OFS de Tlaxcala recibirá ese sueldo más el incremento anual que establece la Ley durante el periodo 2023-2030, por el que fue designado.

Y por si fuera poco las percepciones mensuales de los directores van desde los 74 mil 933 pesos hasta los 88 mil 992.

Mientras que los subdirectores y jefes de unidad ganan 61 mil 791 pesos, y los subdirectores percibe un sueldo mensual de 54 mil 766 pesos de un subdirector.

El cargo Cuál austeridad, el titular del OFS gana más que la gobernadora apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Arturo Lucio Salas Miguela, reveló que para el próximo Ejercicio Fiscal 2026 solicitó un incremento presupuestal del 3 por ciento respecto al recurso ejercido este año, lo que representa una suma total de 92 millones de pesos (MDP).

En entrevista, el Auditor Superior explicó que durante el presente año el OFS contó con 88 millones de pesos, por lo que el ajuste planteado ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala responde únicamente a los parámetros establecidos a nivel federal.

“En cuanto al presupuesto, nosotros nos ajustamos de acuerdo con los precriterios que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y realmente, el crecimiento que se está dando ahorita en el anteproyecto es de aproximadamente un tres por ciento, no hay más”, precisó Salas Miguela.

El funcionario detalló que el 80 por ciento del presupuesto del Órgano de Fiscalización se destina año con año al Capítulo 1000, correspondiente al pago de nómina del personal que labora en este ente dependiente del Congreso del Estado.

Bajo este contexto, puntualizó que el recurso asignado por el Poder Ejecutivo —y posteriormente aprobado por el Legislativo— se enfocará principalmente en la nómina y la operatividad institucional.

“Nosotros como tal no ejecutamos obra, más que los mantenimientos de los edificios”, agregó el Auditor Superior, quien subrayó que el presupuesto 2026 tendrá el mismo destino que en ejercicios anteriores, privilegiando el funcionamiento interno del OFS.

El cargo OFS de Tlaxcala planea ejercer 92 mdp en 2026, la mayoría para nómina apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Los recientes escándalos en Contla, Apizaco y el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tlaxcala exponen un sistema donde las autoridades, lejos de proteger a la ciudadanía, perpetúan el desorden y el abuso.

Las cifras son claras, los nombres están sobre la mesa, y la indignación crece entre los tlaxcaltecas que merecen algo mejor, pero que al momento de votar vuelven a tropezar con la misma piedra o con los mismos apellidos.

Ejemplo de esto es Contla donde los hermanos Eddy y Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, parece que se turnaron la presidencia municipal en periodos consecutivos para dejar un rastro de irregularidades que suman un probable daño patrimonial de 8 millones 372 mil 929.92 pesos durante el segundo semestre de 2024.

La LXV Legislatura local, sin embargo, mostró una alarmante selectividad al reprobar únicamente la cuenta pública de Ana Ivonne, quien en el inicio de su gestión, entre agosto y diciembre de 2024, generó una afectación de 4 millones 865 mil 112.53 pesos.

Entre los hallazgos del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) se encuentran pagos indebidos por 2 millones 375 mil 059.41 pesos por conceptos que no cumplen especificaciones técnicas, 704 mil 426.97 pesos en obras no fiscalizadas, 564 mil 481 pesos en gastos improcedentes, y una serie de irregularidades que van desde procesos constructivos deficientes hasta bienes y servicios sin comprobación.

Por su parte, Eddy Roldán, quien cerró su administración entre julio y agosto de 2024, logró que el Congreso local aprobara sus cuentas públicas a pesar de un probable daño patrimonial de 3 millones 507 mil 817.39 pesos.

En este periodo, el OFS detectó pagos injustificados por 633 mil 864.97 pesos, erogaciones por obras no ejecutadas por 533 mil 048.42 pesos, y una larga lista de irregularidades que incluyen bienes no recibidos, gastos sin comprobantes y obras pagadas a sobreprecio.

¿Cómo es posible que estas cifras no hayan encendido las alarmas de los legisladores? La aparente continuidad en las prácticas de los hermanos Roldán Xolocotzi sugiere no solo una falta de rendición de cuentas, sino una estrategia calculada para beneficiarse del erario, mientras se preparan, según rumores, para buscar un escaño en la próxima legislatura.

Mientras tanto, en Apizaco, la inseguridad sigue siendo una herida abierta. El reciente asalto a mano armada a cuatro hombres de Tlaxco, quienes tras retirar 600 mil pesos de una sucursal BBVA fueron interceptados en un negocio de comida, es solo un capítulo más en la ola de violencia que azota la ciudad.

Este incidente, sumado a otros asaltos recientes, ha generado un clima de temor entre vecinos y comerciantes, quienes exigen respuestas concretas de la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado es un primer paso, pero insuficiente si no se traduce en resultados tangibles.

Por si fuera poco, el escándalo en el CERESO de Tlaxcala ha puesto a la entidad en medios nacionales, producto de la incredulidad que despiertan los señalamientos.

La detención del exdirector del penal, Juan Antonio N., junto con dos colaboradores, tras las denuncias de un interno, Ventura N., revela un sistema penitenciario podrido desde su núcleo.

Las acusaciones de extorsión, cuotas obligatorias a reclusos y la autorización de salidas clandestinas para cometer delitos, con la complacencia de las autoridades, son un golpe directo a la confianza ciudadana.

La red de corrupción, que apenas comienza a desmantelarse, podría implicar a más funcionarios en los próximos días. Este caso, que ha trascendido a nivel nacional, no solo expone la crisis en el CERESO, sino que plantea una pregunta ineludible: ¿quién vigila a los vigilantes?

Tlaxcala no puede seguir siendo rehén de la corrupción y la impunidad. Los casos de Contla, Apizaco y el CERESO son síntomas de un problema mayor: la falta de voluntad política para castigar a los responsables y garantizar justicia. Es cierto cayó un presunto delincuente, el del Cereso, pero tras los daños a las arcas municipales faltarían 60 por rendir cuentas tras las rejas.

El cargo Cayó un presunto delincuente; faltarían 60 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Así lo reveló el auditor al entregar el informe general y los informes individuales de la Cuenta Pública al Congreso del Estado, un documento que debería ser un llamado de atención para las autoridades municipales que, una y otra vez, prometieron transparencia y buen manejo financiero.

La auditoría realizada -dicen- con apego a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, según Salas Miguela, revisó a 108 entes fiscalizables, incluyendo los 60 municipios, el Congreso local, entidades paraestatales, organismos autónomos, una dependencia no sectorizada, un patronato y cinco comisiones de agua potable.

El resultado: un panorama desolador. De 17 mil 301 millones de pesos administrados, provenientes de recursos federales, estatales y remanentes de 2023, se gastaron 17 mil 716.5 millones, de los cuales el OFS auditó el 85.8%, es decir, 15 mil 200.9 millones.

El informe detalla que se emitieron 18 mil 241 observaciones, de las cuales 9 mil 110 (49.9%) fueron solventadas, mientras que 9 mil 131 (51.1%) siguen pendientes.

Del monto observado por probable daño patrimonial, los entes fiscalizables lograron aclarar, justificar, o reintegrar 659 millones de pesos, un 62.7%. Sin embargo, aún queda un faltante de 391.8 millones de pesos, equivalente al 37.3%, que sigue sin explicación clara. Estas cifras no son solo números; representan recursos que pudieron destinarse a obra pública, servicios básicos o programas sociales que urgen en Tlaxcala.

El diputado Ever Alejandro Campech Avelar, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCyCP), no se quedó callado. Durante la entrega del informe, subrayó que el Congreso utilizará estos resultados para evaluar el desempeño de los entes fiscalizados y advirtió que “los parámetros van a cambiar”.

En un tono firme, exhortó a las autoridades municipales a asumir su responsabilidad: “No tiene por qué existir ese posible daño patrimonial. Los presidentes municipales tienen tiempo para solventar las observaciones. Esos 391.8 millones de pesos son recursos que se traducen en falta de resultados para las y los ciudadanos”.

Por eso el titular del OFS presume que en su esfuerzo por garantizar la transparencia, realizó 263 auditorías: 123 financieras, 75 en obra pública y 65 de desempeño. Sin embargo, los números hablan por sí solos. A pesar de las promesas de rectitud y las advertencias del Legislativo, el manejo de los recursos públicos en Tlaxcala sigue siendo un talón de Aquiles. Los municipios, en particular, parecen no aprender la lección o quizá aprendieron pero a evadir la responsabilidad.

Las tres de ley… 1- Arturo Lucio Salas Miguela, reconoció que los procesos para sancionar a exfuncionarios públicos, por presuntas irregularidades administrativas, son lentos y, en muchos casos, no hay seguimiento claro sobre el avance de las investigaciones una vez que el organismo presenta las denuncias correspondientes.

2- Aunque actualmente existen alrededor de 140 denuncias presentadas ante diversas instancias, también dijo desconocer el estatus de cada proceso.

3- Si de algo está seguro Miguela, como el resto de la población, es de la necesidad de fortalecer el marco jurídico vigente para agilizar los procesos sancionatorios contra los infractores, pues actualmente el porcentaje de sanciones emitidas con respecto al total de denuncias se mantiene en bajo nivel.

@martin_rodriguez.com

Los #millones que #desaparecen en la contabilidad, pretenden #justificarla a través de #documentos o lo que es peor, acuerdosverbales. Así vemos en Tlaxcala las Cuentas Públicas.

♬ original sound – Martín Rodríguez

El cargo Observaciones o solventaciones millonarias apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Lo anterior de acuerdo con los informes de resultados que este martes entregó el titular del OFS, Arturo Lucio Salas Miguela, al Congreso del estado, y que servirá para la elaboración de los dictámenes de los estados financieros de dicho periodo.

En un acto realizado en el Salón Verde del Congreso local, el titular del OFS, Arturo Lucio Salas Miguela, detalló que el monto observado deriva de auditorías financieras, de desempeño y de obra pública, las cuales revelaron que más del 37.3 por ciento de las irregularidades detectadas no fueron subsanadas por los entes fiscalizados durante el periodo legal para solventaciones.

De acuerdo con la exposición del auditor, en el ejercicio 2024, el OFS auditó el uso de 15 mil 200.9 millones de pesos, equivalentes al 85.8 por ciento del total del gasto público estatal y municipal, que ascendió a 17 mil 716.5 millones de pesos.

“La revisión y fiscalización de las cuentas públicas se realizó en estricto apego a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad”, aseguró Lucio Salas, al tiempo que resaltó el uso de herramientas digitales como el Sistema de Fiscalización Electrónica, que permitió mayor eficiencia en los procesos de auditoría.

De ese ejercicio, apuntó, se realizaron 263 auditorías: 123 financieras, 75 de obra pública y 65 de desempeño, dirigidas a 60 municipios, 30 entidades paraestatales, 8 organismos autónomos, el Congreso del estado, los tres Poderes del estado, cinco comisiones de agua potable, un patronato y un organismo no sectorizado.

A nivel programático, estas revisiones dieron lugar a mil 202 acciones específicas, que se tradujeron en 18 mil 241 observaciones y recomendaciones. De ellas, sólo el 49.9 por ciento fue solventado en tiempo, dejando un saldo de 9 mil 131 observaciones no aclaradas, es decir, más de la mitad.

El impacto de estas omisiones, según el OFS, representa un probable daño patrimonial de mil 50.9 millones de pesos, de los cuales únicamente fueron aclarados o reintegrados 659 millones. El resto, que representan 391.8 millones de pesos, permanece como un quebranto que deberá ser atendido en la fase de seguimiento administrativo o, en su caso, con sanciones penales.

El informe también desnudó inconsistencias importantes en la ejecución de 2 mil 894 obras públicas, que representaron una inversión de 3 mil 180.9 millones de pesos. De estas, se fiscalizó sólo el 67.7 por ciento, es decir, mil 808 obras, con una inversión total de 2 mil 152.4 millones.

En cuanto a calidad, se aplicaron 417 pruebas de laboratorio a una muestra de 207 obras. El 16.8 por ciento de estas resultaron negativas, es decir, no cumplieron con los estándares técnicos, lo que abre la puerta a posibles responsabilidades por parte de las constructoras y los funcionarios que supervisaron dichas obras.

Durante el acto de entrega de los informes, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Ever Alejandro Campech Avelar, se deslindó de cualquier intento de blindaje político hacia las autoridades responsables del daño patrimonial. “No habrá intervención de los diputados en los procesos de solventación”, afirmó con tono enérgico.

Campech Avelar hizo un llamado expreso al OFS para que “dé puntual seguimiento a cada caso y recupere los recursos públicos que fueron mal administrados o desviados, y que sancione a los responsables conforme a la ley”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso, Bladimir Zainos Flores sostuvo que la revisión “es un mecanismo esencial para consolidar un Tlaxcala honesto, con cuentas claras, donde los recursos se apliquen en obras, servicios y políticas con sentido social”.

Zainos Flores subrayó que los entes fiscalizables tuvieron la oportunidad de justificar y documentar sus gastos durante el proceso, por lo que el saldo negativo exhibido por el OFS debe asumirse con responsabilidad institucional.

“Los resultados obtenidos son la base para que esta Soberanía determine la aprobación o no de cada cuenta pública. Es hora de eliminar las malas prácticas”, recalcó.

En su intervención, el auditor Arturo Lucio destacó avances tecnológicos implementados durante 2024: desde la digitalización total de la Cuenta Pública, pasando por la adquisición de servidores propios, hasta la creación de un Buzón Digital para mejorar la comunicación con entes fiscalizables.

También anunció que, en 2025, el OFS fiscalizará de manera específica los programas con perspectiva de género y los relacionados con la prevención de la violencia contra las mujeres, como parte de una agenda estratégica que busca dar valor público a la fiscalización.

Además, se estableció un programa de regularización contable con los municipios, orientado a actualizar inventarios y saldos conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Aunque los nombres de los entes con mayores observaciones no fueron revelados en el acto protocolario, fuentes legislativas consultadas por La Jornada de Oriente Tlaxcala confirmaron que al menos 45 de los 60 ayuntamientos del estado concentran el mayor volumen de irregularidades, especialmente en el manejo de participaciones, ejecución de obra y adquisiciones.

CON INFORMACIÓN DE: JUAN LUIS CRUZ PÉREZ -LA  JORNADA DE ORIENTE

El cargo Daño patrimonial en Tlaxcala supera los 391 mdp en 2024 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Pero no es el único que cobra sin trabajar, como sostienen algunos miembros del congreso estatal, también existe el Comité de Participación Ciudadana (CPC), órgano que tiene como tarea vincular a las organizaciones sociales y académicas relacionadas con la prevención, disuasión y erradicación a la corrupción. ¿alguien puede decir que cumplan con esa tarea?

De las cinco personas elegidas, mediante el voto de las dos terceras partes del Congreso del Estado, actualmente solo hay cuatro espacios ocupados, mientras que uno sigue sin titular, pero los casi tres millones de pesos anuales destinados a sus salarios siguen fluyendo.

Aunque las reglas indican que los integrantes deben contar con experiencia en materias de transparencia, rendición de cuentas, y/o erradicación a la corrupción, ninguno de los actuales realiza su labor por la que cobran poco más de 50 mil pesos mensuales durante cinco años que les dura el cargo. Los involucrados están más preocupados por saber quién encabezará la presidencia, que por cierto es rotativa.

Pero de todos lo involucrados el que nos debe preocupar es aquel que como titular tiene la obligación de encabezar los trabajos, pero que lejos de privilegiar las tareas centrales de su encomienda, prefiere hacer negocios al amparo del erario, como si los dineros fueran producto de una herencia a la que poco afecto y cuidado hay que tenerle.

La penosa labor del responsable de erradicar o intentar erradicar la corrupción en Tlaxcala tiene episodios donde pareciera que su finalidad es completamente lo contrario y eso incluye la compra de una camioneta, que no tiene justificación para adquirirla, como la entrega de automóviles a sus incondicionales, sin importar si estos tienen alianza y afecto al dios Baco. La chatarra vehicular será la herencia del titular.

Es probable que su actitud arrogante, sobrada y coqueta se deba no solamente al respaldo que recibió de parte de la legislatura local, sino también al gran apoyo que tiene desde el Organo de Fiscalización Superior (OFS), en donde despacha uno de sus más allegados amigos, al que incluso presume con compadrazgo.

Desde la oficina de Arturo Lucio Salas Miguela hay indicaciones especificas para consentir a Pérez George, aunque haga mal uso de las instalaciones, ignorando que entregue espacios al propio CPC sin que esto esté justificado y aunque haga negocios con las capacitaciones, inventando empresas para esa tarea.

El hecho fue documentado en el 2024 cuando, a meses de su llegada, Sergio Pérez George tomó las riendas de distintas áreas, pero no para mejorar la institución sino para poder dirigir los recursos económicos de la semana de la integridad a otros temas de mayor interés para el ahora titular.

Otra de sus aliadas es Isabel Maldonado Textle, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que desde su oficina, limpia y procura la imagen del que parece ser su nuevo consentido.

Cerrar los ojos ante sus corruptelas es lo que incluye el afecto sincero que ambos se procuran. Solo así se explica que desde el Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno Textle se hayan hecho de la vista gorda por los excesos del titular.

Por si Maldonado Textle desea buscar entre sus papeles y oficios lo que  algunos trabajadores le han compartido, puede comenzar haciendo una revisión en sus paleles de diciembre del 2024. Ahí seguramente aparecerá alguno que le refresque la memoria sobre las denuncias que, de manera económica y vía oficio le hicieron llegar, según algunas de nuestras fuentes.

Ahora que si la memoria de Textle es privilegiada, como suponemos, recordará esos pocos más de 200 mil pesos que Pérez George regaló a una empresa inexistente, por concepto de una platica en el marco de la semana de la integridad. Ese no solamente fue uno de los primeros eventos del responsable de erradicar la corrupción en Tlaxcala, sino uno de los mejores negocios que logró captar a través de una consultoría inexistente.

Que si Pérez George debió dar prioridad a los informes, a los programas de trabajo, a sus programas de implementación de la política anticorrupción, o a sus indicadores o matrices, están equivocados. La tarea principal del nuevo responsable era brillar.

Si a eso le sumamos que desde su llegada mostró voracidad al designar las jefaturas de departamento, importándole poco que esa se una facultad del órgano de gobierno, entonces podemos entender el tamaño del ego y del problema que tendremos durante los próximos años con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción.

Lo verdaderamente preocupante es que en la sesión inmediata a sus primeras locuras ningún solo integrante del Comité Coordinador haya expuesto los abusos del titular del Sistema Anticorrupción en Tlaxcala. La sesión sirvió para aplaudir, escuchar y celebrar lo que estaba por iniciar y que ahora, a poco más de seis meses, se ha convertido en la peor versión de ese organismo.

De ese Órgano de gobierno, integrado por el Consejo de la Judicatura, la Secretaría de la Función Pública, el Auditor Superior y el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto de Acceso a la Información Pública, ninguno se ha percatado del peligro que representa este personaje que presume cercanía con miembros de la cúpula dorada. Más de uno comienza a creer sus alucinaciones, sobre todo cuando la impunidad le acompaña.

Me resulta de risa que el Comité de Participación Ciudadana guarde silencio complice ante estos actos de corrupción, simplemente porque el titular les apoya con un vehículo.

El asunto es que la ley dice que el CPC no guarda relación laboral con la Secretaría Ejecutiva, entonces, eso es desvío de recursos, ¿pero a quién le importa que esto ocurra en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción?.

Por si alguien tiene interés, les comento que algunas de las tareas de esta oficina es proponer al Comité Coordinador los mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana.

Proponer indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar al Organo de Fiscalización Superior.

Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas.

Proponer mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias de contraloría social, así como para recibir directamente información generada por esas instancias y formas de participación ciudadana. ¿Cuándo van a comenzar con esta tarea?

El cargo CORRUPCIÓN en el Sistema Anticorrupción apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La opacidad en el uso de recursos públicos vuelve a sacudir la confianza ciudadana. Esta vez, el escándalo si recae sobre el ex presidente municipal de Chiautempan, Gustavo Jiménez Romero, militante de Morena, quien está señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como responsable de la desaparición de 112 millones 181 mil 357.38 pesos, de fondos federales asignados al municipio en 2023.

De acuerdo con el expediente 2023-D-29010-19-2026-2024, los recursos provenientes del Ramo General 28 —destinado a participaciones para entidades y municipios— no solo carecen de comprobación, sino que su destino final permanece en la oscuridad.

La ASF reveló que el ayuntamiento, bajo la gestión de Jiménez Romero, no presentó registros contables, presupuestales ni documentación justificativa que avalaran el gasto de dichos fondos. En palabras textuales del expediente: “Se desconoce el destino del gasto” y es probable que él tampoco lo sepa, pero su hijo Juan Carlos sin duda sí, dicen sus allegados.

Esos 112 millones forman parte de las Participaciones Federales a Municipios (PFM), un mecanismo clave para financiar obras y servicios locales lo que sin duda limitará la labor de Blanca Angulo Meneses que tendrá que remar contracorriente. Solo por eso tendría que denunciar y dar seguimiento al ladrón de cuello blanco.

La falta de transparencia no solo viola la ley de disciplina financiera, sino que sugiere un posible daño patrimonial al erario, según la ASF. Hasta que el monto no sea reintegrado —o justificado—, el agujero fiscal persistirá, afectando indirectamente a la población que debió beneficiarse con esos recursos.

Ante la gravedad de los hechos, la ASF activó un procedimiento de “Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria”, exigiendo al Órgano Interno de Control (OIC) de Chiautempan investigar y, de ser necesario, sancionar a los servidores públicos involucrados. Esto incluye, desde luego, al exalcalde morenista, quien tendría que responder por la opacidad en su administración.  La carcel debería ser su próximo destino.

Llama la atención que este caso involucre a un miembro de Morena, partido que ha levantado banderas contra la corrupción. Hasta ahora, ni la dirigencia estatal, ni nacional del partido se han pronunciado.

La falta de acciones contundentes podría interpretarse como complicidad o negligencia, alimentando la percepción de que “la austeridad republicana promovida por el gobierno federal no permea en sus bases”. En Tlaxcala parece existir un enorme impermeable.

La presión recae ahora sobre el OIC municipal, que deberá esclarecer si hubo desvío, malversación o simple ineptitud en el manejo de los fondos. De comprobarse responsabilidades, Jiménez Romero y su equipo enfrentarían sanciones administrativas e, incluso, acciones penales. Sin embargo, el verdadero desafío es recuperar el dinero y evitar que casos como este se repitan. No a la impunidad.

El caso de Chiautempan -que involucra al padre y al otrora poderoso junior Juan Carlos- no es solo un número más en un informe: es un recordatorio de que la opacidad sigue minando la democracia.

Mientras las autoridades no rindan cuentas, los millones perdidos serán una deuda más con la ciudadanía, que merece saber cómo, cuándo y en qué se gastan sus impuestos. La pregunta incómoda queda flotando: ¿Quién responde por los 112 millones que Chiautempan nunca vio?

El cargo Chiautempan: dónde quedó la lanita apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

No hay que ser expertos en la contabilidad para saber que durante los largos años que el OFS “ayudó” en la revisión de los entes fiscalizables, en especial los municipios, se hicieron varios negocios al amparo del dinero público y surgieron nuevos ricos, en lo privado.

Imagine usted si no resultaba un jugoso negocio para quienes fueron titulares del OFS; cada uno de los 60 municipios significaba un cliente potencial a quien le sangraban varios miles para “orientarlos” en su contabilidad, o de plano para limpiarles el cochinero. Así funciona hasta hoy ese Órgano.

Pero no siempre fue OFS, debemos recordar que esa fábrica de billetes comenzó siendo conocida como Contraloría del Poder Legislativo en los 90`s, su creación tenía la finalidad de fungir como contrapeso (entre la contraloría del ejecutivo y legislativo) pero a medida que iban pasando los años y con el desgaste de sus integrantes comenzó su etapa como Órgano de Fiscalización Superior (OFS)

Florentino Flores Xelhuantzi, de Contla; Luciano Crispín Corona Gutiérrez, de Xicohtzinco; Isabel Maldonado Textle, de Tlaxcala y Arturo Lucio Salas Miguela, de San Pablo del Monte, son los nombres que han estado frente al OFS. Sin duda la mejor librada y la que mejores cuentas entregó ha sido la dama que actualmente firma como secretaria de la Función Pública (SFP) en Tlaxcala.

Es cierto, históricamente ya todos los programas federales habían sido auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), solo que esa revisión se hacía de manera aleatoria con los “municipios grandes” que manejaban más millones que otros.

Y eso se entiende, pues todos sabemos que económicamente no reciben ni administran lo mismo Huamantla que Apetatitlán. Y sin embargo le pregunto a usted ¿Qué tuvo que suceder para que esas facultades les fueran arrebatadas a Arturo Lucio Salas Miguela y a Tlaxcala?

Dudo que hasta hoy la ASF se haya enterado que el actual titular del OFS salió muy mal librado de su papel como tesorero en San Pablo del Monte, donde las observaciones a sus cuentas públicas debieron impedir su ascenso al organismo encargado de fiscalizar. Esa no puede ser la explicación, descártela usted.

El fondo es de mayor alcance y tiene otra finalidad, quizá la verdadera razón sea amarrarle las manos a quienes a través del OFS pretendían sumar adeptos a sus causas políticas, obligándolos a formarse con la cantaleta de que “aquellos que no quieran jalar se las verán con el OFS y con Marcela González Castillo”, porque eso dicen algunos miembros de los municipios que se han negado a adherirse al club de Tobby que encabeza Alfonso Sánchez García. Ese que dice ser líder de los alcaldes en Tlaxcala.

Otra razón podría ser que algunos presidentes municipales han librado la cárcel y otros más han caído en ella, y no precisamente por el manejo de los recursos sino porque no saben “acordar” con la gente indicada.

Recordará usted que anteriormente el OFS contaba con 3 años para interponer una demanda ante cualquier autoridad municipal: sindico, presidente, tesorero y director de obras. Actualmente son siete años y sin embargo nada se ha modificado, todo sigue siendo acuerdo político y negociación local.

Ante la impunidad para algunos y la fiereza contra otros -como le sucedió al cachorro de Zacatelco-, quizá es que alguien desde la federación quiera quitarle el poder que implican estas funciones a la persona que mal utiliza sus atribuciones; sobre todo porque las denuncias no avanzan, las autoridades no reaccionan y los analistas contables acaban limpiando la suciedad que existe entre cada hoja auditada

La historia no se equivoca y nos recuerda que las cuentas públicas han sido el espacio ideal para negociar y ver multiplicar cuentas bancarias de los involucrados en la revisión y la calificación, en sentido aprobatorio o reprobatorio.

Remontémonos a 1999 y el sexenio de Alfonso Sánchez Anaya, el gobernador que le abrió la puerta a los despachos contables para hacer fortunas y negocios al amparo del dinero público.

Personajes como Rigoberto Zamudio (papá) otrora presidente del Colegio de Contadores fue uno de los beneficiarios que vivió la bonanza que representó el negocio de las auditorías externas.

Aunque el chiste le duró seis años a Sánchez Anaya, no fue él quien privilegió a los tlaxcaltecas para dejar de pagar millonarias cuentas por parte de los alcaldes para ver solventados sus robos, de no ser por la llegada de Héctor Israel Ortiz Ortiz ese robo institucionalizado se habría mantenido a través de esos despachos que hacían auditorías externas.

Dos de los grandes beneficiarios fueron Florentino Flores y Crispín Corona porque mientras se extinguían esos despachos Anayistas, ellos inventaron nuevas chicanadas en el sexenio de HIOO.

Y sí, reconozco que la ASF ya hacía la fiscalización desde antes, de hecho el último al que le salvó el pellejo fue al ex presidente de la capital, Jorge Corichi Fragoso, que aparentemente iba a ser traicionado por su sucesora Maribel Arenas y la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), a petición del mismo Corichi, realizó la revisión de sus fondos federales. El resultado todos lo conocemos.

Mientras eso sucedía en la Ciudad de México, aquí en Tlaxcala el OFS quedó como el chinito, simplemente revisando los ingresos estatales, como debe ser. De nada sirvió que David Álvarez Ochoa haya querido sepultar la carrera de Jorge Corichi que hoy mismo es director en la Secretaría de Economía con Marcelo Ebrard Casaubón.

En lo personal me agrada la idea de que sea la ASF la que revise con lupa los dineros federales, así se agilizarán las revisiones que se hacen en Tlaxcala, porque actualmente rebasan los seis meses con todo y el dineral que nos cuestan.

Además el comportamiento del ex tesorero municipal en San Pablo del Monte, Arturo Lucio Salas Miguela, no es el mejor, carece de calidad moral y los antecedentes no le ayudan, no olvide usted que siendo tesorero de San Pablo del Monte del 2017 al 2021, el actual titular del OFS acabó con cuentas públicas observadas.

David Álvarez Ochoa tampoco es pulcro ni tiene calidad moral, recordemos que como asesor financiero, en al menos dos campañas políticas, recibió multas del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE). Eso quiere decir que no sabe contar del 1 al 10, o que no entiende los tiempos administrativos, o de plano que es apto para la contabilidad de gasolineras, pero no para una entidad.

Así que si lo analizamos bien podemos tener tranquilidad porque entre Arturio Lucio Salas Miguela del OFS y David Álvarez Ochoa de la secretaría de Finanzas, ¿a cuál le apostaría usted?… yo le apuesto, le creo y le confío a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Las tres de ley… 1- El diputado local Bladimir Zainos Flores nos debe una explicación a todos, mire que tomar a la ligera eso de que los síndicos no quieran firmar las cuentas públicas, no solo habla de falta de sensibilidad de él sino de opacidad por parte de las autoridades municipales.

 2- Síndica o síndico, no hay excusa para omitir la firma en sus cuentas públicas, sin embargo debemos recordar que muchos han dicho que se han negado debido al desconocimiento que tienen en las áreas contables, por eso es importante decirles que el munícipe tiene la obligación de pagarle al “Auxiliar contable” que pueda ayudarle en esa tarea.

3-Si él o la alcaldesa no le facilita ese personal entonces tendríamos que ver y, ahora sí, justificar la negativa de los síndicos a firmar las cuentas. Nadie quiere validar alguna tranza, mucho menos cuando hay intención de solicitar licencia para ir en la búsqueda de nuevos cargos y se piensa en dejar al sindico con el problema fiscal. Nadie está obligado a mentir.

El cargo Adiós OFS… hola ASF apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Esto ocurre con el presidente municipal de Hueyotlipan, el hombre que, pese a su descarada prostitución política, contó con el respaldo de la líder estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Danae Figueroa Martínez, esto luego de que el alcalde recibiera la visita de los amigos de lo ajeno en su hogar.

A mi parecer, la salida más que anticipada de Sóstenes E. Bedolla Espinoza, del partido fundado por el jarocho Dante Delgado Rannauro, es lo mejor que le puede pasar a este instituto político en Tlaxcala.

Y no es mi imaginación, deseo o algún sentimiento en particular, simple sentido común, porque nadie quiere cargar con el desprestigio de otros.

Quizá, la salida de Bedollla Espinoza es porque en Morena ya le leyeron la cartilla y, paralelamente, le prometieron cuidarle las espaldas, luego de que se dé a conocer que el ciudadano presidente compró un camión usado, en más de 2 millones de pesos sin licitar.

De acuerdo a la información que ya está analizando el Órgano de Fiscalización Superior, el todavía alcalde naranja adquirió este vehículo de Marca Internacional, año 2010, por la cantidad de 2 millones 47 mil 368 pesos.

Quizá sus abogados, a los que tiene en una nómina oculta (según regidores), no le advirtieron que su compra es ilegal, con todo y que el hecho fue fundado en el Artículo 1856, del Código Civil de Tlaxcala.

El alcalde -o sus niños asesores- olvida que el Código Civil rige relaciones entre quienes actúan como particulares y aquí es un gobierno municipal el que hace el negocito. Olvidó también que el Ayuntamiento que preside, forma parte de la administración pública municipal, pues el municipio es una persona moral de derecho público.

Les paso otros datos a él y a sus niños abogados, ya que el municipio ejerce recursos públicos; la adquisición del camión se rige y fundamenta en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala que:

En su Artículo 1, señala que el objeto de dicha ley es regular. Entre otros supuestos, la contratación de adquisiciones de bienes muebles de los gobiernos municipales.

En su Artículo 2, señala que son sujetos de dicha ley, entre otros, los gobiernos municipales e instituciones que ejerzan o apliquen recursos públicos.

Quizá no es necesario, pero debo señalar que el presidente municipal de Hueyotlipan evadió la licitación pública, situación que lo puede llevar a la cárcel.

Recordará usted -evidentemente él no-, que el OFS señaló al ex alcalde de Zacatelco por evadir la licitación, atribuyéndole ventas fraccionadas por 2 millones 233 mil 877 pesos. Por ello, el OFS denunció al ex presidente por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades al considerar que hizo pagos ilegales, derivados de compras ilícitas, similares a las del actual edil de Hueyotlipan.

Por lo antes descrito, el ex alcalde de Zacatelco fue condenado a seis meses de prisión y a la reparación del daño; es decir, a devolver 2 millones 233 mil 877 pesos. ¿De verdad, Bedolla Espinoza cree que Marcela González Castillo lo va a salvar de eso?

Anticipo que el antecedente de Zacatelco podría ser una premonición, de la suerte que tendría el alcalde de Hueyotlipan, pues la adquisición del camión tiene todas las características de ser ilícita. A continuación le explico:

El Artículo 22 de la Ley de Adquisiciones señala que se deben asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; además, se podrán contratar adquisiciones mediante los procedimientos de adjudicación consistentes en:

a) Licitación pública
b) Invitación a, cuando menos tres empresas
c) Adjudicación directa

Cada modalidad de adquisición está sujeta a reglas expresamente previstas en la ley y conforme a los topes de montos máximos que, para cada modalidad, se establezcan anualmente en el Presupuesto de Egresos del Estado.

Sabiendo esto, porque para ese cargo se preparó y se está rentando, el presidente de Hueyotlipan evadió la licitación y no observó el Artículo 137 del Presupuesto de Egresos de nuestro Estado para el ejercicio fiscal 2024 que, para la licitación refiere que a los municipios les será aplicable un 30 por ciento del monto de 2 millones 288 mil 85 pesos.

Es decir, si la adquisición es igual o superior a 656 mil 425 mil 536 pesos, se debe hacer licitación; además, para garantizar la entrega de los bienes adquiridos -precio calidad y vicios ocultos- se ha de solicitar garantía al proveedor, mediante cheques certificados de caja o póliza de fianza.

Pese a la claridad de las reglas del munícipe, quien todavía goza de la protección del Movimiento Ciudadano, compró un camión por 2 millones 47 mil 368 pesos, sin hacer licitación; NO emitió convocatoria ni bases de licitación pública; la compra NO asegura las mejores condiciones de precio (el costo real en el mercado no rebasa 1 millón de pesos); tampoco asegura su calidad, pues compró un camión con 15 años de antigüedad; la compraventa NO estableció garantía mediante cheque certificado de caja o póliza de fianza y el contrato de compraventa NO estableció cuál es el destino o uso público que se le dará al camión.

Por lo anterior, es claramente previsible, salvo que haya un acuerdo con Arturo Lucio Salas Miguela, titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), que el Cereso será su próxima oficina de atención ciudadana.

Por congruencia, el OFS debe medir con la misma vara, como lo hizo con el ex alcalde de Zacatelco.

El cargo Bedolla: inversión rumbo al Cereso apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.