Tlaxcala, un estado que debería ser sinónimo de tranquilidad y progreso, se encuentra atrapado en una red de corrupción, impunidad y violencia que parece no tener fin.
Los recientes escándalos en Contla, Apizaco y el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tlaxcala exponen un sistema donde las autoridades, lejos de proteger a la ciudadanía, perpetúan el desorden y el abuso.
Las cifras son claras, los nombres están sobre la mesa, y la indignación crece entre los tlaxcaltecas que merecen algo mejor, pero que al momento de votar vuelven a tropezar con la misma piedra o con los mismos apellidos.
Ejemplo de esto es Contla donde los hermanos Eddy y Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, parece que se turnaron la presidencia municipal en periodos consecutivos para dejar un rastro de irregularidades que suman un probable daño patrimonial de 8 millones 372 mil 929.92 pesos durante el segundo semestre de 2024.
La LXV Legislatura local, sin embargo, mostró una alarmante selectividad al reprobar únicamente la cuenta pública de Ana Ivonne, quien en el inicio de su gestión, entre agosto y diciembre de 2024, generó una afectación de 4 millones 865 mil 112.53 pesos.
Entre los hallazgos del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) se encuentran pagos indebidos por 2 millones 375 mil 059.41 pesos por conceptos que no cumplen especificaciones técnicas, 704 mil 426.97 pesos en obras no fiscalizadas, 564 mil 481 pesos en gastos improcedentes, y una serie de irregularidades que van desde procesos constructivos deficientes hasta bienes y servicios sin comprobación.
Por su parte, Eddy Roldán, quien cerró su administración entre julio y agosto de 2024, logró que el Congreso local aprobara sus cuentas públicas a pesar de un probable daño patrimonial de 3 millones 507 mil 817.39 pesos.
En este periodo, el OFS detectó pagos injustificados por 633 mil 864.97 pesos, erogaciones por obras no ejecutadas por 533 mil 048.42 pesos, y una larga lista de irregularidades que incluyen bienes no recibidos, gastos sin comprobantes y obras pagadas a sobreprecio.
¿Cómo es posible que estas cifras no hayan encendido las alarmas de los legisladores? La aparente continuidad en las prácticas de los hermanos Roldán Xolocotzi sugiere no solo una falta de rendición de cuentas, sino una estrategia calculada para beneficiarse del erario, mientras se preparan, según rumores, para buscar un escaño en la próxima legislatura.
Mientras tanto, en Apizaco, la inseguridad sigue siendo una herida abierta. El reciente asalto a mano armada a cuatro hombres de Tlaxco, quienes tras retirar 600 mil pesos de una sucursal BBVA fueron interceptados en un negocio de comida, es solo un capítulo más en la ola de violencia que azota la ciudad.
Este incidente, sumado a otros asaltos recientes, ha generado un clima de temor entre vecinos y comerciantes, quienes exigen respuestas concretas de la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado es un primer paso, pero insuficiente si no se traduce en resultados tangibles.
Por si fuera poco, el escándalo en el CERESO de Tlaxcala ha puesto a la entidad en medios nacionales, producto de la incredulidad que despiertan los señalamientos.
La detención del exdirector del penal, Juan Antonio N., junto con dos colaboradores, tras las denuncias de un interno, Ventura N., revela un sistema penitenciario podrido desde su núcleo.
Las acusaciones de extorsión, cuotas obligatorias a reclusos y la autorización de salidas clandestinas para cometer delitos, con la complacencia de las autoridades, son un golpe directo a la confianza ciudadana.
La red de corrupción, que apenas comienza a desmantelarse, podría implicar a más funcionarios en los próximos días. Este caso, que ha trascendido a nivel nacional, no solo expone la crisis en el CERESO, sino que plantea una pregunta ineludible: ¿quién vigila a los vigilantes?
Tlaxcala no puede seguir siendo rehén de la corrupción y la impunidad. Los casos de Contla, Apizaco y el CERESO son síntomas de un problema mayor: la falta de voluntad política para castigar a los responsables y garantizar justicia. Es cierto cayó un presunto delincuente, el del Cereso, pero tras los daños a las arcas municipales faltarían 60 por rendir cuentas tras las rejas.
