Orlando Santacruz Carreño, ex presidente municipal de Apizaco y ex diputado local, calificó como una “miopía constitucional” la actuación del Auditor Superior del Congreso del Estado al fiscalizar recursos federales durante años, y advirtió que el reciente fallo unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abre la puerta a juicios políticos y responsabilidades penales.
En entrevista para “Al Chile” que se transmite a través de MR Noticias, Santacruz —quien hoy dirige el despacho Santa Cruz y Asociados— afirmó que el auditor Arturo Lucio Salas Miguela y su antecesora, Isabel Maldonado Textle, no tenían facultades legales para auditar recursos federales desde la reforma constitucional de 2015, y que, sin embargo, sometieron a decenas de alcaldes a procesos penales y administrativos.
Santacruz sostuvo que, a diferencia de controversias anteriores, en esta ocasión el Auditor Superior es parte directa del fallo, por lo que no podrá eludir su responsabilidad, pues a decir del propio fiscalizador las dos anteriores controversias constitucionales no le alcanzaban, “lo cual es una miopía constitucional”, declaró.
El exdiputado señaló que el auditor no solo excedió sus funciones, sino que causó un daño económico a los municipios al obligarlos a retener porcentajes para supuestamente fiscalizar recursos federales, una atribución que corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Santacruz Carreño celebró la resolución del Pleno de la SCJN —por unanimidad— que declara que el Órgano de Fiscalización Superior y el Congreso local ejercieron “indebidamente sus facultades de supervisión y control” sobre recursos federales.
También lanzó un mensaje a la ciudadanía y a los presidentes municipales: “Que los alcaldes le pierdan el miedo […] esta pesadilla que se ha vivido con el auditor y quien le antecedió se acaba con esta controversia constitucional”, puntualizó.
Consultado sobre las consecuencias directas, el exalcalde señaló que los diputados —en especial el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso— podrían enfrentar juicio político.
En cuanto al auditor, sostuvo que incurrió en un delito federal por usurpación de funciones, y llamó a la Fiscalía Especializada Anticorrupción a revisar los casos de exalcaldes que fueron encarcelados o perseguidos con base en estas auditorías ilegales.
Finalmente, Santacruz Carreño aceptó socializar su información para posibles asesorías a los municipios para el cierre de sus administraciones, por lo que dejó su número de contacto: 241 100 43 60, en Apizaco.
