Como si la mala fama que Gustavo y Juan Carlos Jiménez no fuera suficiente, o si la incorporación que hicieron con la incrustación de Nicolas Gutiérrez de Casa al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no les obligara a renunciar por puro pudor, ahora se suma una vergüenza más para este par: el robo en despoblado de más de cien millones de pesos al municipio de Chiautempan. La patria chica que dijo gobernar Gustavo Jiménez Romero.
La opacidad en el uso de recursos públicos vuelve a sacudir la confianza ciudadana. Esta vez, el escándalo si recae sobre el ex presidente municipal de Chiautempan, Gustavo Jiménez Romero, militante de Morena, quien está señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como responsable de la desaparición de 112 millones 181 mil 357.38 pesos, de fondos federales asignados al municipio en 2023.
De acuerdo con el expediente 2023-D-29010-19-2026-2024, los recursos provenientes del Ramo General 28 —destinado a participaciones para entidades y municipios— no solo carecen de comprobación, sino que su destino final permanece en la oscuridad.
La ASF reveló que el ayuntamiento, bajo la gestión de Jiménez Romero, no presentó registros contables, presupuestales ni documentación justificativa que avalaran el gasto de dichos fondos. En palabras textuales del expediente: “Se desconoce el destino del gasto” y es probable que él tampoco lo sepa, pero su hijo Juan Carlos sin duda sí, dicen sus allegados.
Esos 112 millones forman parte de las Participaciones Federales a Municipios (PFM), un mecanismo clave para financiar obras y servicios locales lo que sin duda limitará la labor de Blanca Angulo Meneses que tendrá que remar contracorriente. Solo por eso tendría que denunciar y dar seguimiento al ladrón de cuello blanco.
La falta de transparencia no solo viola la ley de disciplina financiera, sino que sugiere un posible daño patrimonial al erario, según la ASF. Hasta que el monto no sea reintegrado —o justificado—, el agujero fiscal persistirá, afectando indirectamente a la población que debió beneficiarse con esos recursos.
Ante la gravedad de los hechos, la ASF activó un procedimiento de “Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria”, exigiendo al Órgano Interno de Control (OIC) de Chiautempan investigar y, de ser necesario, sancionar a los servidores públicos involucrados. Esto incluye, desde luego, al exalcalde morenista, quien tendría que responder por la opacidad en su administración. La carcel debería ser su próximo destino.
Llama la atención que este caso involucre a un miembro de Morena, partido que ha levantado banderas contra la corrupción. Hasta ahora, ni la dirigencia estatal, ni nacional del partido se han pronunciado.
La falta de acciones contundentes podría interpretarse como complicidad o negligencia, alimentando la percepción de que “la austeridad republicana promovida por el gobierno federal no permea en sus bases”. En Tlaxcala parece existir un enorme impermeable.
La presión recae ahora sobre el OIC municipal, que deberá esclarecer si hubo desvío, malversación o simple ineptitud en el manejo de los fondos. De comprobarse responsabilidades, Jiménez Romero y su equipo enfrentarían sanciones administrativas e, incluso, acciones penales. Sin embargo, el verdadero desafío es recuperar el dinero y evitar que casos como este se repitan. No a la impunidad.
El caso de Chiautempan -que involucra al padre y al otrora poderoso junior Juan Carlos- no es solo un número más en un informe: es un recordatorio de que la opacidad sigue minando la democracia.
Mientras las autoridades no rindan cuentas, los millones perdidos serán una deuda más con la ciudadanía, que merece saber cómo, cuándo y en qué se gastan sus impuestos. La pregunta incómoda queda flotando: ¿Quién responde por los 112 millones que Chiautempan nunca vio?
