Sergio Pérez George, Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, es uno de esos personajes que poco se nombra, que poco aparece y que menos es lo que aporta, lo lamentable es que su intrascendencia no le cuesta solamente a él, sino a todos nosotros.
Pero no es el único que cobra sin trabajar, como sostienen algunos miembros del congreso estatal, también existe el Comité de Participación Ciudadana (CPC), órgano que tiene como tarea vincular a las organizaciones sociales y académicas relacionadas con la prevención, disuasión y erradicación a la corrupción. ¿alguien puede decir que cumplan con esa tarea?
De las cinco personas elegidas, mediante el voto de las dos terceras partes del Congreso del Estado, actualmente solo hay cuatro espacios ocupados, mientras que uno sigue sin titular, pero los casi tres millones de pesos anuales destinados a sus salarios siguen fluyendo.
Aunque las reglas indican que los integrantes deben contar con experiencia en materias de transparencia, rendición de cuentas, y/o erradicación a la corrupción, ninguno de los actuales realiza su labor por la que cobran poco más de 50 mil pesos mensuales durante cinco años que les dura el cargo. Los involucrados están más preocupados por saber quién encabezará la presidencia, que por cierto es rotativa.
Pero de todos lo involucrados el que nos debe preocupar es aquel que como titular tiene la obligación de encabezar los trabajos, pero que lejos de privilegiar las tareas centrales de su encomienda, prefiere hacer negocios al amparo del erario, como si los dineros fueran producto de una herencia a la que poco afecto y cuidado hay que tenerle.
La penosa labor del responsable de erradicar o intentar erradicar la corrupción en Tlaxcala tiene episodios donde pareciera que su finalidad es completamente lo contrario y eso incluye la compra de una camioneta, que no tiene justificación para adquirirla, como la entrega de automóviles a sus incondicionales, sin importar si estos tienen alianza y afecto al dios Baco. La chatarra vehicular será la herencia del titular.
Es probable que su actitud arrogante, sobrada y coqueta se deba no solamente al respaldo que recibió de parte de la legislatura local, sino también al gran apoyo que tiene desde el Organo de Fiscalización Superior (OFS), en donde despacha uno de sus más allegados amigos, al que incluso presume con compadrazgo.
Desde la oficina de Arturo Lucio Salas Miguela hay indicaciones especificas para consentir a Pérez George, aunque haga mal uso de las instalaciones, ignorando que entregue espacios al propio CPC sin que esto esté justificado y aunque haga negocios con las capacitaciones, inventando empresas para esa tarea.
El hecho fue documentado en el 2024 cuando, a meses de su llegada, Sergio Pérez George tomó las riendas de distintas áreas, pero no para mejorar la institución sino para poder dirigir los recursos económicos de la semana de la integridad a otros temas de mayor interés para el ahora titular.
Otra de sus aliadas es Isabel Maldonado Textle, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que desde su oficina, limpia y procura la imagen del que parece ser su nuevo consentido.
Cerrar los ojos ante sus corruptelas es lo que incluye el afecto sincero que ambos se procuran. Solo así se explica que desde el Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno Textle se hayan hecho de la vista gorda por los excesos del titular.
Por si Maldonado Textle desea buscar entre sus papeles y oficios lo que algunos trabajadores le han compartido, puede comenzar haciendo una revisión en sus paleles de diciembre del 2024. Ahí seguramente aparecerá alguno que le refresque la memoria sobre las denuncias que, de manera económica y vía oficio le hicieron llegar, según algunas de nuestras fuentes.
Ahora que si la memoria de Textle es privilegiada, como suponemos, recordará esos pocos más de 200 mil pesos que Pérez George regaló a una empresa inexistente, por concepto de una platica en el marco de la semana de la integridad. Ese no solamente fue uno de los primeros eventos del responsable de erradicar la corrupción en Tlaxcala, sino uno de los mejores negocios que logró captar a través de una consultoría inexistente.
Que si Pérez George debió dar prioridad a los informes, a los programas de trabajo, a sus programas de implementación de la política anticorrupción, o a sus indicadores o matrices, están equivocados. La tarea principal del nuevo responsable era brillar.
Si a eso le sumamos que desde su llegada mostró voracidad al designar las jefaturas de departamento, importándole poco que esa se una facultad del órgano de gobierno, entonces podemos entender el tamaño del ego y del problema que tendremos durante los próximos años con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción.
Lo verdaderamente preocupante es que en la sesión inmediata a sus primeras locuras ningún solo integrante del Comité Coordinador haya expuesto los abusos del titular del Sistema Anticorrupción en Tlaxcala. La sesión sirvió para aplaudir, escuchar y celebrar lo que estaba por iniciar y que ahora, a poco más de seis meses, se ha convertido en la peor versión de ese organismo.
De ese Órgano de gobierno, integrado por el Consejo de la Judicatura, la Secretaría de la Función Pública, el Auditor Superior y el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto de Acceso a la Información Pública, ninguno se ha percatado del peligro que representa este personaje que presume cercanía con miembros de la cúpula dorada. Más de uno comienza a creer sus alucinaciones, sobre todo cuando la impunidad le acompaña.
Me resulta de risa que el Comité de Participación Ciudadana guarde silencio complice ante estos actos de corrupción, simplemente porque el titular les apoya con un vehículo.
El asunto es que la ley dice que el CPC no guarda relación laboral con la Secretaría Ejecutiva, entonces, eso es desvío de recursos, ¿pero a quién le importa que esto ocurra en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción?.
Por si alguien tiene interés, les comento que algunas de las tareas de esta oficina es proponer al Comité Coordinador los mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción.
Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana.
Proponer indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar al Organo de Fiscalización Superior.
Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas.
Proponer mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias de contraloría social, así como para recibir directamente información generada por esas instancias y formas de participación ciudadana. ¿Cuándo van a comenzar con esta tarea?
