En Tlaxcala, la confianza en la gestión responsable de los recursos públicos se tambalea una vez más. El Órgano de Fiscalización Superior (OFS), encabezado por Arturo Lucio Salas Miguela, destapó un probable daño patrimonial de mil 50.9 millones de pesos durante el segundo semestre de 2024.
Así lo reveló el auditor al entregar el informe general y los informes individuales de la Cuenta Pública al Congreso del Estado, un documento que debería ser un llamado de atención para las autoridades municipales que, una y otra vez, prometieron transparencia y buen manejo financiero.
La auditoría realizada -dicen- con apego a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, según Salas Miguela, revisó a 108 entes fiscalizables, incluyendo los 60 municipios, el Congreso local, entidades paraestatales, organismos autónomos, una dependencia no sectorizada, un patronato y cinco comisiones de agua potable.
El resultado: un panorama desolador. De 17 mil 301 millones de pesos administrados, provenientes de recursos federales, estatales y remanentes de 2023, se gastaron 17 mil 716.5 millones, de los cuales el OFS auditó el 85.8%, es decir, 15 mil 200.9 millones.
El informe detalla que se emitieron 18 mil 241 observaciones, de las cuales 9 mil 110 (49.9%) fueron solventadas, mientras que 9 mil 131 (51.1%) siguen pendientes.
Del monto observado por probable daño patrimonial, los entes fiscalizables lograron aclarar, justificar, o reintegrar 659 millones de pesos, un 62.7%. Sin embargo, aún queda un faltante de 391.8 millones de pesos, equivalente al 37.3%, que sigue sin explicación clara. Estas cifras no son solo números; representan recursos que pudieron destinarse a obra pública, servicios básicos o programas sociales que urgen en Tlaxcala.
El diputado Ever Alejandro Campech Avelar, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCyCP), no se quedó callado. Durante la entrega del informe, subrayó que el Congreso utilizará estos resultados para evaluar el desempeño de los entes fiscalizados y advirtió que “los parámetros van a cambiar”.
En un tono firme, exhortó a las autoridades municipales a asumir su responsabilidad: “No tiene por qué existir ese posible daño patrimonial. Los presidentes municipales tienen tiempo para solventar las observaciones. Esos 391.8 millones de pesos son recursos que se traducen en falta de resultados para las y los ciudadanos”.
Por eso el titular del OFS presume que en su esfuerzo por garantizar la transparencia, realizó 263 auditorías: 123 financieras, 75 en obra pública y 65 de desempeño. Sin embargo, los números hablan por sí solos. A pesar de las promesas de rectitud y las advertencias del Legislativo, el manejo de los recursos públicos en Tlaxcala sigue siendo un talón de Aquiles. Los municipios, en particular, parecen no aprender la lección o quizá aprendieron pero a evadir la responsabilidad.
Las tres de ley… 1- Arturo Lucio Salas Miguela, reconoció que los procesos para sancionar a exfuncionarios públicos, por presuntas irregularidades administrativas, son lentos y, en muchos casos, no hay seguimiento claro sobre el avance de las investigaciones una vez que el organismo presenta las denuncias correspondientes.
2- Aunque actualmente existen alrededor de 140 denuncias presentadas ante diversas instancias, también dijo desconocer el estatus de cada proceso.
3- Si de algo está seguro Miguela, como el resto de la población, es de la necesidad de fortalecer el marco jurídico vigente para agilizar los procesos sancionatorios contra los infractores, pues actualmente el porcentaje de sanciones emitidas con respecto al total de denuncias se mantiene en bajo nivel.
@martin_rodriguez.com Los #millones que #desaparecen en la contabilidad, pretenden #justificarla a través de #documentos o lo que es peor, acuerdosverbales. Así vemos en Tlaxcala las Cuentas Públicas.
