Este jueves el gobierno federal presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar la Ley General de Aguas, el cual establece un catálogo de delitos hídricos con sus respectivas sanciones que van de multas a condenas en prisión.
De acuerdo con el documento, la iniciativa del Ejecutivo busca establecer bases para el “uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”, implementando una serie de acciones para los tres órdenes de gobierno.
En el proyecto se propone una sanción de dos a 10 años de prisión y 400 a 4 mil días de multa de salario mínimo a quien “traslade aguas nacionales con fines de lucro sin contar con la autorización o permiso” correspondiente.
También busca la misma pena a la persona que altere, desvíe u obstruya cauces o corrientes de agua nacionales y provoque afectaciones o ponga en peligro a otros ciudadanos.
Asimismo, establece sanciones de uno a nueve años de cárcel y un máximo de 3 mil días de multa los responsables de alterar “las instalaciones, equipos o dispositivos de medición de volúmenes de aguas nacionales con la finalidad de simular un consumo menor al efectivamente realizado y obtener con ello un beneficio económico”.
El dictamen propone sancionar a los funcionarios públicos hasta con 12 años de prisión y 4 mil días de multa que otorguen concesiones, asignaciones, o permisos para el uso de las aguas del país para su beneficio personal o de personas cercanas.
El gobierno federal justifica la iniciativa con un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual señala que el 60% de los cuerpos de agua del país presentan algún grado de contaminación, además de la sobreexplotación de 157 mantos acuíferos.
