En política, la confianza es indispensable. Pero cuando esa confianza se convierte en una red de familiares ocupando posiciones estratégicas dentro del aparato gubernamental, la explicación ya no puede limitarse a decir que “todos llegaron por sus méritos”. La carga de la prueba corresponde a quienes ejercen el poder.
En Tlaxcala, cada vez son más insistentes las versiones que apuntan hacia la influencia política de Nery Bañuelos Flores, secretaria particular de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a quien incluso algunos actores políticos identifican como la “minigobernadora” por el peso que tendría en decisiones administrativas y políticas.
A ello se suman señalamientos sobre la presencia de integrantes de su familia en cargos públicos relevantes: Patricia Bañuelos Flores en IMSS-Bienestar, Rafael Bañuelos Flores director de relaciones laborales de la Secretaría de Educación Pública y una prima que actualmente ocupa una magistratura. La sola existencia de estos vínculos familiares no constituye, por sí misma, una irregularidad. ¿todos esos nombramientos fueron producto de concursos, evaluaciones y perfiles técnicos, o influyó el peso político de un apellido cercano al poder?
La percepción pública es determinante. Cuando una familia concentra espacios estratégicos dentro del gobierno, inevitablemente surgen dudas sobre la imparcialidad de las designaciones y sobre la existencia de posibles conflictos de interés.
Más delicadas aún resultan las versiones que circulan en distintos círculos políticos sobre presuntos negocios millonarios realizados desde esas posiciones. Se trata de afirmaciones que, de existir elementos, deben ser investigadas por las autoridades competentes. Precisamente por ello, la transparencia deja de ser una opción y se convierte en una obligación. La ciudadanía merece conocer si existen auditorías, revisiones patrimoniales o mecanismos de control que descarten cualquier uso indebido del poder.
El gobierno de Lorena Cuéllar ha construido buena parte de su discurso en torno al combate a la corrupción y al rechazo del influyentismo que durante años criticó de administraciones anteriores. Esa narrativa pierde fuerza cuando las sospechas apuntan a la cercanía familiar con quienes toman las decisiones.
No basta con afirmar que no existe nepotismo. Es indispensable demostrarlo con documentos, procesos transparentes y explicaciones públicas. De lo contrario, la percepción termina imponiéndose a los hechos.
