La muerte de Dafne Zapata Quintos, de apenas 13 años, en el campamento de la Academia Militarizada Marina Doenitz en Tamaulipas, no es un caso aislado, es el síntoma más reciente y brutal de un modelo educativo que opera en la penumbra legal desde hace décadas.
Tres menores han muerto en planteles de este tipo en los últimos años. Y la respuesta del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ha sido la misma de siempre: señalar hacia abajo.
Delgado salió a decir que la educación militarizada “no está autorizada” por la ley, que ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la avalan, y que la responsabilidad de revisar y, en su caso, retirar los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) recae en los gobiernos estatales. Se lavó las manos.
En Tamaulipas ya detectaron cinco escuelas más. En Tlaxcala, la SEPE reconoce tres: el Colegio Militarizado Legión de Honor, el Instituto Metropolitano Militarizado (vinculado a la Universidad Metropolitana de Tlaxcala) y una tercera aún sin nombre público destacado. En la Ciudad de México opera desde 1933 el Colegio Militarizado Moderno Alarid, uno de los más antiguos del país.
Y por encima de todos ellos existía —hasta hace poco— la Asociación Nacional de Escuelas Militarizadas Particulares, presidida precisamente por Jorge Luis Ponce Ortega, el director de la academia donde murió Dafne, hoy detenido por feminicidio.
La declaración de Delgado suena firme. Pero es profundamente insuficiente y, en el fondo, evasiva.
Primero, porque no es nuevo. Estas escuelas llevan años operando con RVOE estatales, promocionándose con desfiles, instructores “militares en retiro”, internados y discursos de “disciplina y valores”.
Si realmente estaban prohibidas, ¿por qué la SEP federal nunca generó un mecanismo de vigilancia nacional? ¿Por qué se permitió que una asociación civil —encabezada por el mismo director ahora imputado— organizara encuentros nacionales y se presentara como garante de calidad?
Por qué responsabilizar exclusivamente a los estados es una forma elegante de diluir la responsabilidad federal. La educación básica y media superior es un derecho constitucional.
El interés superior de la niñez no es un asunto local. Cuando un modelo se replica en varios estados y produce muertes, maltratos y un “código de silencio”, la omisión federal también es parte del problema.
Y aquí viene lo más grave: el impacto real sobre los niños y jóvenes que hoy están dentro de esos planteles.
Mientras las autoridades discuten oficios y revisiones, hay menores de edad viviendo el día a día de un sistema que, en varios casos documentados, normaliza el aislamiento de las familias, los castigos físicos disfrazados de “formación de carácter”, las novatadas y la amenaza de represalias si hablan.
En Tlaxcala, las autoridades aseguran que no hay denuncias formales. Eso no significa que no existan prácticas problemáticas; significa que el miedo o la normalización pueden estar funcionando.
En otros estados ya vimos cómo los compañeros solo se atrevieron a hablar después de una tragedia.
El anuncio de Delgado genera, además, una incertidumbre inmediata: padres que pagaron colegiaturas de decenas de miles de pesos no saben si el plantel de sus hijos seguirá operando el próximo ciclo.
Alumnos que llevan años en un modelo de “cadetes” enfrentan la posibilidad de que su trayectoria académica se interrumpa de golpe.
Y, lo más delicado: si las revisiones se hacen de manera burocrática y no con una mirada real de protección a la infancia, el riesgo es que simplemente se cambien los nombres —de “militarizada” a “con disciplina reforzada”— y todo continúe igual.
Hay una diferencia importante entre formar en valores, responsabilidad y resiliencia, y someter a niños a un régimen que replica lógicas de mando vertical, aislamiento y castigo.
La primera es legítima. La segunda, cuando se aplica a menores de edad sin regulación clara ni supervisión efectiva, es un riesgo inaceptable.
Mario Delgado tiene razón en un punto: estas modalidades no deberían existir bajo el marco legal actual. Pero equivoca el acento.
No basta con recordar a los estados que no están permitidas. Se necesita una intervención federal coordinada, un censo real de todos los planteles que operan con este modelo, protocolos de escucha segura para los alumnos y, sobre todo, una decisión política de poner el interés superior de la niñez por encima de la comodidad administrativa de repartir culpas.
Dafne Zapata no necesitaba un oficio. Necesitaba que alguien hubiera supervisado de verdad el lugar al que su madre la envió con la esperanza de fortalecer su carácter.
Los niños y jóvenes que hoy están en el Legión de Honor, en el Instituto Metropolitano Militarizado, en el Alarid o en cualquiera de las decenas de planteles similares del país esperan algo más que un comunicado que señala hacia otro lado, merecen que la autoridad deje de mirar para otro lado y repartir culpas a quien se deje.
