Seguramente sin proponérselo, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros se ha ganado un lugar destacadísimo en el tema de la privatización. No fuera de esa forma si su actuar y sus decisiones no fueran tan opacas y contradictorias.
Ejemplos hay varios, pero destaca el último de ellos con el arrendamiento de Radio Altiplano a GA Radiocomunicaciones S.A. de C.V., empresa que edita El Heraldo de México. Su decisión le ha pegado muy fuerte a su imagen en el ámbito local y también en el nacional.
Entrevistada apenas este lunes por los medios de comunicación, la gobernadora aseguró que Radio Altiplano no fue privatizada, que conserva su contenido cultural y que el contrato de arrendamiento fue por un año.
Acaso no privatizada, pero si arrendada. Y como arrendamiento se entiende un contrato por el que una de las partes cede a la otra el uso temporal de una cosa, mueble o inmueble, por cierta cantidad de dinero.
Resulta, sin embargo, que el gobierno estatal no recibirá ningún recurso económico por el contrato firmado con la empresa GA Radiocomunicaciones.
Y se entiende, por las declaraciones de la mandataria estatal, que el beneficio que Tlaxcala recibirá es una promoción nacional para que se proyecte a “otros niveles”.
Lo que su declaración desprende es un reconocimiento implícito de que lo realizado hasta ahora por su gobierno no ha funcionado o, al menos, no ha dado los resultados esperados. Tal vez, ni siquiera, el campeonato mundial de voleibol de playa logre ese objetivo.
Si nos atenemos a la afirmación de Cuéllar Cisneros de que el contrato con GA Radiocomunicaciones es por un año, siendo que en realidad es por dos, entonces, la palabra de la gobernante queda en entredicho.
Lo que se percibe es la existencia de un acuerdo de otra índole. No el de promoción de imagen del estado de Tlaxcala -que si acaso la hay será mínima- sino más bien de tipo electoral.
No es una elección cualquiera la que se avecina, pues ya de entrada estará en disputa la presidencia de la República. ¿Por qué precisamente al arranque del proceso electoral federal es cuando se pone en marcha el contrato? ¿Qué gana esa empresa privada editora de El Heraldo de México y qué gana la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros?
En esta coyuntura, donde el gobierno federal ha castigado a muchos medios de comunicación, tal y como ha premiado a muchos otros, lo que el empresario buscaría es un lugar privilegiado dentro del presupuesto para los próximos seis años, una vez concluido el periodo de Andrés Manuel López Obrador.
No es el recurso económico lo que la empresa busca, sobre todo en una entidad federativa donde los recursos de índole privado dirigido a los medios de comunicación son escasísimos.
Y en el caso de la gobernadora, lo que se observa es una ganancia política derivada de ese acuerdo con la empresa. Pero no será la única, pues sus protegidos también se verán beneficiados.
La elección de candidaturas para buscar asientos en San Lázaro y en el Senado es otro de los objetivos, por eso desde ahora, faltando meses para la definición de abanderados, se concreta la firma.
Piensa mal y acertarás. Ese viejo refrán queda bien en este caso.
