“Cada presidente municipal sabe sus pecados”. Con crudeza, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Alberto Martín Perea Marrufo, admitió que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal investigan a varios alcaldes tlaxcaltecas por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
No dio nombres, ni partidos, ni municipios. Solo una advertencia velada: las carpetas siguen abiertas y las fiscalías decidirán cuándo golpear. En el caso de Tlaxcala se esperaría que esa amenaza no fuera una carta de intenciones rumbo a la elección del 2027, para actuar contra todo aquel que no apoya al delfin.
Esta declaración, hecha en los Diálogos Circulares, deja más dudas que certezas. ¿Por qué limitarse solo a los presidentes municipales y proteger a secretarios, tesoreros, directores y regidores?
¿Acaso Perea Marrufo cree que el enriquecimiento inexplicable de algunos funcionarios —vía tala clandestina, venta irregular de terrenos en La Malinche o supuestos proyectos “ambientales”— no merece escrutinio? La infiltración del crimen no distingue cargos: suele comenzar desde abajo y pudrir toda la estructura municipal.
Pero el asunto va más allá, Perea Marrufo no contempla en esa lista a los compañeros de gabinete con los que diariamente toma café, tiene reuniones o chatea en la red de whatsapp del gabinete legal y ampliado. ¿acaso esos impolutos hombres y mujeres no corren el riesgo de dejarse llevar por las células delincuenciales que “no existen” en Tlaxcala?
La experiencia nacional es brutal. La Operación Enjambre, desplegada en al menos diez estados, ha exhibido el nivel de podredumbre. Apenas este 20 de mayo de 2026, en Morelos cayeron el alcalde en funciones de Atlatlahucan, Agustín “N”, el exalcalde de Yecapixtla, Irving “N”, y otros funcionarios, con orden de aprehensión vigente contra el alcalde de Cuautla, Jesús “N”.
En fases anteriores, la misma operación acumuló más de 64 funcionarios detenidos, decenas de alcaldes y exalcaldes procesados, y en el Estado de México solo las sentencias ya suman más de mil 146 años de prisión por extorsión, homicidio y nexos con grupos como la Familia Michoacana y el CJNG.
La colusión no es anécdota: es sistema. Funcionarios que cobraban piso, protegían narco y lavaban dinero a través de obras y permisos. ¿Piensa el secretario tlaxcalteca que omitir a sus compañeros de gabinete los borrará del radar federal? La Operación Enjambre ha demostrado que, cuando huele a podrido, las investigaciones se expanden sin piedad. Como debe ser.
Ojalá la visita reciente de Santiago Nieto a Tlaxcala hubiera sido como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para hacer una verdadera limpieza, y no un mero protocolo sobre pulque. En el Teatro Xicohténcatl, más de un funcionario se mordía las uñas, pero cuando quedó claro que no venía a auditar fortunas, respiraron aliviados.
En Tlaxcala ya no hay tiempo para ingenuidades, aquí por supuesto que “Cada quien sabe sus pecados”. Pues que los sepan también las fiscalías y que actúen sin miramientos, amistades o complicidades.
Las tres de ley… 1- Salir a trabajar ya no es seguro para muchas mujeres en México. Juana Margarita solo aceptó un viaje de Didi y nunca regresó. La rutina se volvió riesgo de muerte.
2- No solo mataron a una conductora de 45 años. Dejaron huérfanos a sus hijos y una familia destrozada. Cada deceso de este tipo multiplica el dolor en silencio.
3- once días de búsqueda terminaron en tragedia. Ahora vendrán las promesas y la lentitud de siempre. Mientras la impunidad sea la regla, ninguna mujer está segura. Descanse en paz.
