En las comunidades de Tlaxcala, donde la vida cotidiana depende de pequeñas grandes obras —una calle abierta, una línea de agua que llegue a las casas—, debería primar el sentido común y el bien colectivo. Sin embargo, en San Esteban Tizatlán parece que el poder local se ha convertido en un obstáculo más que en un facilitador.
El señor Eduardo Ramos Molina no es un extraño ni un especulador. Es un vecino conocido por años en la comunidad: ha dedicado gran parte de su vida a abrir y arreglar calles y caminos con maquinaria y recursos propios, sin pedirle un peso a nadie.
Su historial habla por sí solo: obras reales, hechas con sudor y bolsillo propio, para beneficio de los colindantes.
Ahora quiere hacer algo más: abrir una calle y meter el servicio de agua potable para que varias familias lo utilicen.
Cuenta con permisos y el consentimiento explícito de los vecinos. No se trata de un negocio privado disfrazado; es infraestructura básica que mejora la calidad de vida de todos. Y sin embargo, se le cierra el paso.
Según su denuncia, el motivo no es técnico ni legal: es económico y grosero. El actual presidente de comunidad,Porfirio Padilla Méndez, le habría exigido una “mochada” de dos millones de pesosa cambio de “dejarlo trabajar”.
Cuando Eduardo Ramos se negó a pagar, las consecuencias no se hicieron esperar: supuesta persecución con la patrulla comunitaria, días enteros dedicados no a resolver problemas de la gente, sino a hostigar a quien no se doblegó.
Peor aún, se ha intentado manchar su imagen con una acusación falsa: que estaría vendiendo el agua para abastecer hospitales. Una mentira tan burda como conveniente, que busca deslegitimar una obra vecinal y ocultar la verdadera razón del bloqueo.
Esto no es un simple “malentendido” entre autoridades y un particular. Es el clásico abuso de poder en pequeño: convertir la presidencia de comunidad en un coto de cobro, donde quien quiere hacer algo útil debe pagar peaje.
Mientras tanto, las necesidades reales de la gente —agua, calles dignas, progreso tangible— quedan en segundo plano.
Eduardo Ramos Molina representa lo que debería ser la norma en cualquier comunidad sana: iniciativa privada al servicio de la comunidad, sin esperar que el gobierno (o el “presidente de turno”) lo haga todo. El que se niega a pagar la extorsión no es el problema; el que la exige sí.
En Tlaxcala hemos visto demasiados casos donde el poder local se pudre en prácticas de este tipo. La solución no está en más burocracia ni en más patrullas persiguiendo a vecinos trabajadores.
Está en la claridad, en la rendición de cuentas y en defender a quienes realmente mueven a la comunidad hacia adelante.
Mientras el presidente de comunidad dedique su tiempo a perseguir a quien no paga “mochada” en lugar de trabajar por todos, Tizatlán seguirá estancada.
Apoyar a Eduardo Ramos Molina no es tomar partido por una persona: es defender el derecho elemental de los vecinos a mejorar su entorno sin tener que financiar caprichos o bolsillos ajenos.
La extorsión, por más “tradicional” que parezca en algunos rincones, sigue siendo extorsión. Y no merece ni un minuto más de tolerancia.
