La mañanera del 12 de marzo quedará grabada en la memoria política de Tlaxcala como uno de esos momentos en que la agenda federal irrumpe sin aviso en el patio trasero local.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum desplegó su gráfica impecable: población, número de diputados, presupuesto asignado y, el dato que encendió las alarmas, el costo promedio por legislador.
Tlaxcala, con poco más de un millón trescientos mil habitantes y 25 curules, aparecía en el lugar 12 nacional, con un presupuesto de 408 millones 425 mil 123 pesos para el Congreso en 2026 y un promedio de 16.3 millones de pesos por cada diputado.
No era un ataque directo, sino un ejemplo matemático dentro del anuncio del “Plan B” de reforma electoral: establecer topes al gasto legislativo para eliminar disparidades, reducir privilegios y redirigir ahorros hacia obra pública y necesidades sociales.
El mensaje era claro y republicano: ¿por qué un estado pequeño como Tlaxcala genera un costo operativo por curul superior al de entidades mucho más grandes y complejas?
En el Congreso local la reacción fue inmediata. El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Ever Campech Avelar, salió al frente para desmontar lo que calificó como un cálculo equivocado e irresponsable.
Insistió en que el presupuesto no se destina exclusivamente a los diputados, sino a toda la estructura administrativa: nóminas de trabajadores sindicalizados, servicios generales, mantenimiento, obligaciones laborales y el funcionamiento diario del Poder Legislativo.
Recordó que en Tlaxcala no existen bonos extras ni percepciones infladas más allá del salario base —que ronda los 1.7 a 1.8 millones anuales por legislador—, y defendió la autonomía de la institución frente a cualquier intento de simplificar el gasto total como si fuera un bolsillo personal de las 25 curules.
Su postura era comprensible: el Legislativo estatal, históricamente criticado por su baja productividad legislativa y por mantener un aparato administrativo sobredimensionado en un estado chico, se sintió expuesto públicamente, y más viniendo de la presidenta de su propio partido.
Sin embargo, el vocero del gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez (MARVEL), había visto la misma mañanera y decidió no esquivarla.
En los Diálogos Circulares de ese mismo día retomó las cifras presidenciales sin confrontación, ubicó a Tlaxcala en el top 12-15 de congresos más costosos por legislador y explicó que el monto de 16.3 millones incluye toda la estructura administrativa, no solo los sueldos de los diputados.
Su intervención alineó el discurso local con la narrativa federal de austeridad, reconociendo la disparidad como un punto válido para abrir el debate sobre eficiencia y reingeniería.
No hubo rechazo ni matiz defensivo; hubo aceptación del dato como indicador legítimo de por qué el Plan B tiene sentido. Cómo no hacerlo cuando viene de colaborar junto a ella.
Aquí radica la paradoja tlaxcalteca de ese 12 de marzo: ambos tienen razón, pero desde ángulos distintos.
Sheinbaum y Martínez Velázquez operan con la precisión del promedio operativo total, un indicador útil para comparar eficiencia entre estados y justificar topes nacionales.
Campech Avelar acierta al matizar que no se trata de un “salario millonario” individual, sino del costo institucional completo en un Congreso que carga con una plantilla administrativa pesada y obligaciones que van más allá de las curules.
La diferencia no está en los hechos, sino en la actitud ante ellos. Mientras el vocero estatal procesó la información presidencial en tiempo real y la integró a la conversación pública sin drama, el presidente de la JCCP respondió con la urgencia corporativa de quien ve a la institución bajo el reflector federal.
Más tarde se supo que la presión de bancadas diversas —oposición incluida— habría amplificado esa reacción defensiva: nadie quiere ser el ejemplo negativo nacional, ni siquiera cuando el señalamiento viene de la 4T y apunta a una austeridad que, en teoría, todos comparten.
Al final, el episodio revela más sobre las tensiones internas de Morena en Tlaxcala que sobre contradicciones reales en las cifras.
El Congreso local no es un nido de privilegios extravagantes, pero sí arrastra ineficiencias estructurales que el cálculo federal expone sin piedad.
El vocero entendió que ignorar la mañanera no era opción en un gobierno alineado con el proyecto presidencial; el diputado, en cambio, priorizó la defensa institucional inmediata, quizás sin haber digerido del todo el contexto nacional del Plan B.
Tlaxcala, una vez más, se encuentra en esa encrucijada clásica: entre la autonomía que protege y la austeridad que exige el centro.
La pregunta que queda flotando es si esta exposición incómoda servirá para una autocrítica genuina o solo para atrincherarse un poco más en la autonomía. Porque, números en mano, la disparidad existe; lo que falta es decidir si se corrige desde adentro o se espera el tope que venga de arriba.
