Tres años después de la muerte de su compañera normalista, los estudiantes continúan exigiendo respuestas y resultados del doctor Homero Meneses Hernández, secretario de educación que aplicó la diplomacia de Gustavo Díaz Ordaz en contra de un grupo de estudiantes.
En nuestra entidad donde la historia rural se entreteje con luchas por educación digna, Meneses Hernández, emerge como una figura que evoca el priismo autoritario de Gustavo Díaz Ordaz. Aquel asesino de cientos de estudiantes congregados en la plaza de las 3 culturas aquel 2 de octubre.
Pero no es solo por el trágico eco de 1968 en la represión de 2022 que costó la vida a Beatriz N., sino por una larga cadena de inconformidades que pintan un retrato de opacidad, distracción política y desdén por el diálogo genuino, de parte de quien debería privilegiar las políticas publicas a favor de los estudiantes .
Mientras el PRI de Díaz Ordaz respondía a estudiantes con balas y gases en Tlatelolco, Meneses –bajo el manto de Morena y su Humanismo Mexicano– condiciona soluciones a caprichos burocráticos, perpetuando un ciclo de impunidad que huele a viejo régimen.
Recordemos el 2022: las normalistas de Panotla exigían destitución de directivos por desvíos y abusos. Meneses, en lugar de investigar, ató el cambio a reformas internas en la organización estudiantil, un chantaje que inflamó protestas y culminó en violencia policial.
Aquel día Homero Meneses estaba nervioso pues la llegada de la entonces secretaria de educación a nivel federal, Leticia Ramírez Amaya, le obligada a verse bien frente a la funcionaria federal y ante su desesperación pidió el ingreso de los granaderos: como embajadores de diplomacia y buena voluntad
Lo que pasó después todos lo sabemos. Beatriz cayó en una estampida por gases lacrimógenos; 30 heridas, detenciones arbitrarias. ¿Justicia? Ninguna.
Las mesas de diálogo post-tragedia fueron cosméticas: reactivaron el comedor, pero ignoraron indemnizaciones y mejoras estructurales.
Como Díaz Ordaz, que prometía diálogo mientras preparaba la masacre, Meneses ofrece mesas “respetuosas”, desahogando 76 puntos en horas–, pero sin sustancia duradera. Parafraseando al propio Homero Meneses: administraba el caos, pero no contaba con la visita de la huesuda.
La lista de señalamientos contra Meneses va más allá: maestros sindicalizados lo acusan de violar derechos laborales, con quejas acumuladas desde 2023 y una larga lista de administrativos que han perdido su trabajo a manos del funcionario estatal.
Y es que tras los desfalcos en cooperativas escolares y desacatos judiciales federales –como ignorar órdenes para reinstalar personal- o atender padres para reinscribir a sus hijos a una escuela bilingüe todos esperaríamos alguna modificación de conducta del ex secretario técnico de Alfonso Sánchez Anaya, pero eso no sucedió.
Con todo y que opositores del PRD y PRI lo señalan por usar recursos educativos para autopromoción política, y que se encuentre distraído en aspiraciones electorales mientras escuelas rurales se desmoronan, nada pasa. Sin embargo la sanción social no precisa de respaldo gubernamental, el desprecio es la inhabilitación social.
Incluso cuando en 2025 se denunciaron procedimientos contra directores por uniformes únicos, la medida sonó a control autoritario, no a corrección educativa.
Este priismo reciclado que incluye diálogo ficticio, represión selectiva y corrupción tolerada, choca con la “transformación” prometida y con el Humanismo Mexicano.
En Tlaxcala, donde la pobreza rural demanda inversión educativa, Meneses prioriza contención sobre avance, tal como Díaz Ordaz que veía en estudiantes amenazas en vez de futuro.
Las normalistas y las redes no se equivocan al marchar en 2025 comparándolo con el ex presidente, no exageran: ambos estilos llevan a cajas fúnebres. ¿Cuánto más tolerará la 4T este anacronismo? Tlaxcala quiere eco en exigencias y soluciones, no ecos de masacres pasadas que en pleno 2025 siguen esperando acciones concretas
