Hay momentos en que la política deja de ser una disputa por ideas y comienza a parecerse demasiado a una operación de estructura. Las denuncias anónimas de maestros y trabajadores de la SEPE-USET y del COBAT sobre presuntas presiones para participar en movilizaciones en Ixtacuixtla y Zacatelco colocan nuevamente a la Secretaría de Educación de Tlaxcala en el centro de una pregunta incómoda: ¿dónde termina la función educativa y dónde comienza la operación política?
Los testimonios que han llegado a MRNoticias señalan que trabajadores habrían sido convocados a una marcha en respaldo de Alfonso Sánchez García y que, presuntamente, en algunos centros de trabajo se habría advertido que habría pase de lista y posibles descuentos vía nómina para quienes no acudieran. Es una acusación grave. Y precisamente por eso debe investigarse, documentarse y aclararse, no minimizarse.
El asunto adquiere una dimensión política mayor por los señalamientos públicos que previamente han alcanzado al actual secretario de Educación de Tlaxcala, Alonso Trujillo, a quien se ha acusado de presuntamente utilizar o desviar recursos públicos y humanos para favorecer políticamente a Sánchez García. Hasta ahora, esos señalamientos deben permanecer en el terreno de las acusaciones mientras no exista una resolución o evidencia concluyente que los acredite.
Pero si antes se hablaba de una presunta utilización de recursos y estructuras, ahora aparece una pregunta todavía más delicada: ¿se estaría utilizando el aparato educativo para construir una plataforma política?
Porque una cosa es que un trabajador decida libremente acudir a una concentración política y otra completamente distinta sería que su jefe le ordenara asistir, pasara lista y le hiciera saber que su salario o su permanencia laboral podrían estar en riesgo si decide no hacerlo.
Ahí está la frontera que no debería cruzarse.
La educación pública no es una maquinaria electoral. Los maestros no son acarreados institucionales. Los trabajadores del sistema educativo no pueden convertirse en piezas de una estructura partidista por temor a perder el empleo, recibir represalias o afectar sus ingresos.
Y si las denuncias son falsas, las autoridades tienen una salida relativamente sencilla: mostrar las pruebas. Explicar quién convocó, quién autorizó las movilizaciones, bajo qué fundamento laboral se habría elaborado una lista de asistencia y, sobre todo, si alguien ordenó condicionar salarios o empleos.
Si las denuncias son ciertas, el problema cambia radicalmente.
Ya no estaríamos ante una simple polémica partidista, sino ante una cuestión que debería ser revisada por las instancias fiscalizadoras y electorales correspondientes.
El contexto tampoco es menor. Tlaxcala comienza a entrar en una etapa de intensa disputa política rumbo a 2027 y Alfonso Sánchez García aparece entre los actores que buscan posicionarse. En ese escenario, cualquier indicio de que una dependencia pública pudiera convertirse en plataforma de promoción política debe ser observado con lupa.
Porque el poder tiene muchas formas de movilizar. La más preocupante es aquella que no necesita convencer: solamente necesita ordenar.
La pregunta para Alonso Trujillo es concreta: ¿la Secretaría de Educación está dedicada exclusivamente a educar, administrar y atender a trabajadores y estudiantes, o existe dentro de ella una estructura destinada a favorecer un proyecto político?
Y la pregunta para Alfonso Sánchez García también es inevitable: ¿rechaza cualquier movilización política realizada mediante presión laboral o estructuras gubernamentales?
En política, guardar silencio frente a una acusación puede convertirse en parte del problema.
Los trabajadores merecen saber si pueden decir no a una movilización política sin poner en riesgo su salario, su empleo o su estabilidad laboral.
Y los ciudadanos merecen saber si los recursos, oficinas y estructuras del gobierno están siendo utilizados para servir a la educación pública o para construir candidaturas.
Porque si el poder educativo comienza a pasar lista en las calles, la sociedad tiene derecho a preguntar quién dio la orden.
Y quién está pagando la factura.
