* El órgano electoral ordena retirar en 24 horas carteles y lonas que, de manera preliminar, podrían vulnerar las restricciones constitucionales sobre promoción personalizada de servidores públicos. La resolución coloca al gobierno municipal de Apetatitlán bajo escrutinio político.
El alcalde de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Ernesto Azaín Ávalos Marbán, deberá retirar en un plazo máximo de 24 horas diversos carteles y lonas señalados como propaganda personalizada, luego de que el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) consideró procedente imponer medidas cautelares ante una posible vulneración de las reglas constitucionales que limitan la promoción de servidores públicos.
El órgano electoral coloca bajo la lupa la manera en que el presidente municipal utiliza su imagen desde el gobierno local, en un contexto político donde la exposición pública de funcionarios puede convertirse en un factor de posicionamiento rumbo a los próximos procesos electorales. El caso abre además una pregunta para los habitantes de Apetatitlán: ¿dónde termina la comunicación institucional y dónde comienza la promoción personal de un gobernante?
La queja fue presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), que denunció presuntos excesos en la promoción de la imagen del alcalde emanado del Partido Alianza Ciudadana (PAC). Tras revisar la solicitud de medidas cautelares, el ITE determinó que existían elementos suficientes, al menos de manera preliminar, para ordenar el retiro inmediato de la propaganda denunciada.
El Instituto señaló que los materiales contienen elementos que podrían constituir promoción personalizada del presidente municipal y que, bajo una valoración preliminar, podrían contravenir el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También advirtió posibles implicaciones respecto de los principios de neutralidad e imparcialidad que deben observar los servidores públicos.
La resolución obliga al Ayuntamiento a instruir a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para retirar los materiales señalados. El plazo comenzará a contar a partir del día siguiente de que el gobierno municipal sea formalmente notificado y no deberá exceder de 24 horas.
El ITE también lanzó una advertencia política y jurídica: si el Ayuntamiento incumple la orden, podría enfrentar medidas de apremio, entre ellas multas u otras sanciones previstas en el Reglamento de Quejas y Denuncias del organismo electoral. Es decir, el retiro no queda a consideración del gobierno municipal una vez realizada la notificación correspondiente.
Sin embargo, hay una precisión importante: la medida cautelar no significa que el ITE haya determinado de manera definitiva que el alcalde cometió una infracción electoral. El procedimiento de fondo continúa y será ahí donde se determine si existió o no una responsabilidad. Por ahora, la autoridad electoral considera necesario retirar la propaganda mientras concluye el análisis.
Para los habitantes de Apetatitlán, el caso representa también una oportunidad para exigir claridad sobre los recursos utilizados para la comunicación gubernamental y sobre los límites entre informar a la ciudadanía y promover la figura de quien gobierna.
