En medio de la 70 conmemoración que se vive en México por el derecho al voto de las mujeres, desde su aprobación en 1953, cuando se reconoció que ellas podían votar a nivel federal, pero también participar para ser elegidas como candidatas a cargos de elección popular, una de ellas, Alejandra Ramírez Ortiz, enfrenta una crisis política que es muy probable acabe con su corta carrera dentro de las altas esferas políticas.
La diputada local ha preferido aplicar la estrategia del avestruz, es decir, esconder la cabeza para no hacer frente a lo que está pasando en su entorno, paradójicamente, por ella misma construido.
En una semana su futuro político se ha desmoronado, caído de tal forma que en este momento prefiere evitar los lugares públicos con presencia de medios de comunicación para evitar, seguramente, declaraciones que compliquen todavía más su ya complicado escenario.
La legisladora fue acusada públicamente y ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por agresiones físicas y psicológicas a una docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), homóloga suya en las aulas, pero rival fuera de ellas. Los hechos sucedieron apenas la semana pasada.
El altercado, para más gravedad, sucedió en las instalaciones de la misma Facultad con la complicidad de sus directivos. Coordinadora, directora y secretario fueron separados de sus responsabilidades después de una presión estudiantil que llegó hasta el rector de esa casa de estudios, Serafín Ortiz Ortiz, quien tuvo que suspenderla de sus funciones como docente.
La suspensión también llegó a su esposo o pareja sentimental, a quien se le acusa de deudor alimentario. Pero la medida no fue suficiente, no podía serla, por lo cual tuvo que ser completada con la separación, este martes, de los directivos. Tardía, pero necesaria esa decisión.
Ya solo falta que otras instituciones, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), también intervengan en este caso. El organismo ha preferido el silencio, acaso porque no ha abierto ningún expediente de queja a pesar de que existe suficiente información para hacerlo.
Pero el Congreso del Estado también ha guardado mutismo y ha actuado con complicidad otorgando permisos para que la legisladora no esté presente en actos públicos. Sucedió el lunes para no estar presente en el 149 aniversario de anexión de Calpulalpan a territorio tlaxcalteca, y sucedió nuevamente este martes en la sesión ordinaria del Pleno.
Ramírez Ortiz faltó a la sesión legislativa, pero no así al inicio de las entrevistas a quienes aspiran a la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior (OFS). No faltaron las sonrisas y miradas socarronas entre sus pares.
La legisladora cometió un grave error al no hacer frente al problema. Una disculpa pública, reconociendo la falta, hubiera atenuado los daños, pero no lo hizo y ahora enfrenta un mayor desgaste personal y político.
A pesar de que todavía es tiempo de hacerlo, Alejandra Ramírez Ortiz no tiene ya la calidad moral para ocupar ciertas responsabilidades, una de las cuales es la dirigencia estatal del Partido Alianza Ciudadana (PAC).
Ya se verá, al paso de las semanas, cuál es el resultado de las investigaciones del Ministerio Público. Por lo pronto, habrá que exigirle a la procuradora Ernestina Carro Roldán imparcialidad en sus investigaciones, con el objetivo de que no se vean contaminadas por una dependencia jurídica al Ejecutivo, cuya alianza política con el PAC y la propia Universidad es evidente.
