La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala ha fallado de manera grave en el caso de Carla Isabel N., responsable del atropellamiento que causó la muerte de Carlos Manuel N. y Carlos Abdiel N. en Ocotlán en mayo de 2025.
Desde el primer momento, la dependencia mostró una ineficacia preocupante al permitir que la imputada, quien era exempleada del C5i, se diera a la fuga y permaneciera prófuga durante varias semanas hasta su detención en Morelos.
Esta demora no solo prolongó el sufrimiento de las familias de las víctimas, sino que reveló una falta de coordinación efectiva, de inteligencia inmediata y de voluntad para actuar con celeridad en un caso de alto impacto donde estaba involucrada una exservidora pública.
Una vez detenida, la FGJE no logró integrar una carpeta de investigación sólida que resistiera los argumentos de la defensa.
Las presuntas fallas procesales que derivaron en la liberación de esta lunes evidencian negligencia en la recopilación y preservación de pruebas, en el manejo de las declaraciones y en la correcta tipificación inicial de los hechos.
Permitir que una persona acusada de homicidio doloso salga en libertad bajo estos argumentos técnicos transmite el mensaje de que en Tlaxcala la impunidad puede prevalecer cuando se cuenta con recursos y conexiones institucionales.
La liberación de Carla Isabel N. no es un simple error administrativo, es el resultado de un conjunto de descuidos y posibles omisiones que han permitido que una tragedia vial se convierta en un símbolo de desigualdad ante la ley.
Las familias de las víctimas tienen razón al exigir cuentas claras: la sociedad tlaxcalteca desea y exige una Fiscalía que investigue con rigor, que persiga sin distinciones y que cierre las puertas a la impunidad, en lugar de dejar abiertas las ventanas por donde escapan los responsables.
Hasta ahora, en este caso, el sistema ha privilegiado los formalismos sobre la justicia real. No le demos vueltas.
