Que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) dejara de tomar como rehenes políticos a los cabildos —incluyendo a gobernados y gobernantes— fue algo que todos aplaudimos, porque de manera natural nos ponemos del lado de la víctima y apoyamos a quienes son sujetos de abusos. Hasta ahí, la autoridad de Contla fue aplaudida y respaldada.
Pero que después de ser exhibidos en su justa dimensión por ser cómplices de un ex alcalde como Eddy Roldán, y luego por negarse a comparecer ante los miembros del Congreso estatal, eso ya nadie lo respalda. Roldán se enriqueció en su periodo y después se heredó un mercado nada más por medio siglo. ¿quién, ademas de su hermana la actual presidenta, podría estar de acuerdo con esa manera de conducirse?
La pregunta es básica: si no responden ante los diputados, entonces ¿ante quién darán cuenta por sus arbitrariedades y abusos? No es que los legisladores tengan la cara limpia o sean de una ética impecable, sabemos que no. Pero tienen la facultad legal, y con eso nos basta.
El problema que generó todo no era más que una calentura política y ellos lo propiciaron cuando se extralimitaron en sus funciones y atacaron de manera abierta y cínica a un presidente de comunidad que no se quedó con los brazos cruzados —de apellido Flores Xelhuantzi— y les regresó el agravio por la vía legal.
Una vez viéndose rebasados y expuestos, los miembros del actual cabildo ahora sí se pusieron de acuerdo para contratar a alguien que les brindara un pasaporte de impunidad ante una comparecencia y su eventual sanción, que sería la destitución del alto cargo que el pueblo les había dado.
Es ahí donde la misma fórmula legal que los ayudó contra el OFS ahora se convierte en aliada y cómplice de esos mismos miembros del cabildo, que amparados en su sordera testicular pretendieron desconocer al presidente de comunidad que no se acomodó a sus intereses.
Lo que comenzó como un berrinche de quienes son mayoría en un cabildo hoy los tiene en el ojo nacional por sus abusos. Y aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación los sostenga con alfileres, ya han sido juzgados por una sociedad que no olvida. Ahí está la elección de Coahuila para quien lo dude.
Y aunque en el Congreso estatal la opinión general es que sean sancionados y pierdan sus privilegios como miembros del cabildo, los todavía funcionarios están tranquilos porque saben que la ley los protege. Tan es así que hace un par de días ignoraron a los diputados, no se presentaron a la comparecencia y ahora presumen que la autoridad federal les respalda y acabará por darles la razón. Tampoco tengo dudas de eso.
Porque aunque el Congreso de Tlaxcala ya aprobó destituir a la alcaldesa Ana Ivonne Roldán Xolocotzi y a gran parte del cabildo, su salida está suspendida temporalmente debido a recursos legales interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Una chicanada en toda su expresión.
La resolución emanada desde el Congreso local, que votó la destitución e inhabilitación por tres años de la presidenta municipal, el síndico y siete regidores, no fue lo suficientemente clara para que las autoridades municipales, por pura vergüenza, aceptaran irse. No solo por las ilegalidades, sino porque son parte del problema que tiene convertido a Contla en la burla regional.
A todos los integrantes del cabildo se les acusó de vulnerar los derechos políticos de Alejandro Flores Xelhuantzi, presidente de comunidad de la Segunda Sección, a quien previamente habían suspendido de su cargo de manera ilegal. Nada más por llevar un apellido que no les gusta en el cabildo.
Sin embargo, la ejecución de esta sanción está frenada por una controversia en la SCJN. Por lo tanto, el Cabildo continuará despachando desde el Palacio de Gobierno municipal y ejerciendo sus funciones con normalidad hasta que el máximo tribunal dicte una resolución. Sea como sea, la realidad alcanzó a los imprudentes miembros de ese cabildo que presumen su pasaporte de impunidad, al menos mientras la SCJN diga lo contrario… como todos los habitantes de Contla esperan.
