La Comunicación Social no es ejercicio imposible para los gobiernos y, si es bien realizada, detona la imagen positiva del funcionario que la contrata.
Tampoco debe ser forzada, a través del dispendio, o la compra de conciencias, se trata de facilitar y socializar la información. Nada más.
Este ejercicio puede complementarse con medios propios, pero al menos en la entidad nunca se ha hecho y no sé por qué. Ningún gobierno ha querido invertir a la Coordinación de Radio Cine y Televisión de Tlaxcala (Coracyt).
Pero una cosa es el abandono total -por la razón que sea- y otra muy diferente es entregar un espacio público, del que por cierto somos dueños todos los tlaxcaltecas. Eso fue lo que esta administración hizo, entregó nuestro patrimonio a empresarios.
Fue el pasado 28 de abril cuando se dio a conocer el “convenio” firmado entre el Gobierno del Estado de Tlaxcala y el consorcio periodístico de “El Heraldo”. Con esta firma Tlaxcala se suma a las entidades que ahora controlan los dueños de esa empresa.
“El Heraldo Media Group firma un convenio con el gobierno de Tlaxcala para la difusión de la entidad”,fue el titulo de la nota que confirmaba, hace más de 5 meses, la privatización del 96.5 de fm que se concretó el pasado viernes 29 de septiembre.
Pero esta adquisición no es la única, ni la última, que han logrado los dueños del Heraldo; apenas el pasado 7 de febrero “El Financiero” daba cuenta de la voracidad de este grupo que, en esa fecha, se confirmaba como nuevo dueño del canal 8.1, XHFAMX-TDT, televisora del Estado de México.
Para tal efecto el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó esa transferencia del canal de televisión abierta a favor de una empresa que hace parte del grupo económico al que también pertenecen El Heraldo. En otras palabras todo ha sido legal, pero hay cosas que no por legales dejan de ser criticables.
Llama la atención que antes de adquirir esa señal de manera directa, El Heraldo ingresó primero al canal 8.1 como arrendatario. Sí, justo como ahora llega a Tlaxcala a través de “Radio Altiplano 96.5”. Entre ser arrendatario y después dueño pasaron poco más de 7 meses.
En un comunicado, el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) destacó que la decisión de dejar en manos de una sociedad mercantil la señal de Radio Altiplano “es, sin duda, la más alejada del interés colectivo”.
Si bien, el Sistema Público de Radiodifusión refirió que no se cuestiona la legalidad de la acción, sí su sentido ético y me parece que esa es la acción queda para el castigo y escrutinio público. La peor sanción no es la legal, sino la privación de la credibilidad.
¿Quién puede creer que la privatización de un medio público, tiene que ver con el estricto sentido periodístico, cuando la empresa se ha caracterizado por su voracidad rapaz y no por su línea editorial?. Llámenle arrendamiento, préstamo, o concesión, el robo no se matiza.
Las tres de ley… 1- Elia Sánchez González fue la Coordinadora de la Coracyt, y no es la primera ocasión que ocupaba ese cargo ni desconocía lo que debía hacerse. Quizá por eso optó por decir adiós, de manera anticipada notó que habría poco o nulo impulso a sus propuestas.
Las implicaciones de su salida no son intrascendentes, más allá de lo estrictamente laboral Sánchez González representaba una pieza política que servía como bisagra entre el gobierno en turno y Beatriz Paredes Rangel, todos saben eso.
2- Elia Sánchez se fue “echando madres”, insisten en decir los “oficialistas” de su ex compañera, como si eso manchara a la ex titular. Lo que no se menciona es que no es la única en estar en contra del proyecto privatizador, pero su salida si la exculpa de lo que venga en el futuro para esta coordinación, a ella y a nadie más.
3- Si la Coracyt se concesionó pensando que se mejoraría la difusión de Tlaxcala en el plano nacional, ¿qué nos asegura que mañana la Sesa no se entregue a los dueños del hospital “Ángeles”, la Secretaría de Infraestructura (SI) a “Grupo Carso”, o el agua de la entidad a “Femsa-Coca Cola”, el pretexto privatizador encaja igual en los tres casos.
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