Resulta increíble que una reforma de tan amplia envergadura a la Constitución Política local para adicionar el artículo 24 BIS, temas sustanciales de la denominada Ley 3 de 3, haya sido validada por apenas 8 de los 60 cabildos municipales del estado durante poco más de 30 días.
Qué diferencia en comparación de la reforma a la misma Constitución Política que modificó el requisito de ser tlaxcalteca de nacimiento para que ocupara el cargo de secretario de Gobierno el morelense Luis Antonio Ramírez Hernández. Ahí los cabildos de 31 ayuntamientos validaron en un tiempo récord de cuatro días tales reformas.
Incluso, hay también una diferencia abismal cuando en un plazo de 30 días, un total de 31 cabildos municipales avalaron otra reforma constitucional que modificó los requisitos para elegir a la persona titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), así como los plazos para validar las cuentas públicas del año fiscal en que se lleven a cabo elecciones para renovar la gubernatura y los 60 ayuntamientos de la entidad.
No cabe duda, el interés tiene pies. En el caso de las reformas que implicarían relevos en la Secretaría de Gobierno y en el órgano fiscalizador hubo cabildeo directamente ordenado desde Palacio de Gobierno.
En esta última reforma constitucional, en la que se incorporaron temas sustanciales de la denominada Ley 3 de 3, y que impide que personas con antecedentes de violencia familiar, sexual o en contra de las mujeres, en cualquiera de sus modalidades, así como por incumplimiento de obligaciones alimentarias, formen parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos y organismos autónomos, seguramente hubo poquísimos interesados en que fueran avaladas.
Uno de ellos, quien ahora mismo ocupa la Secretaría de Gobierno, es muy posible que estuviera poco interesado en promoverlas, siendo que el año pasado su ex esposa lo acusó ante instancias judiciales de no cumplir con sus obligaciones alimentarias para su menor hijo.
La hipótesis pueden ser muchas y todas válidas, como aquella que supone que desde las mismas presidencias municipales existió total desinterés para validar en los cabildos la inclusión del artículo 24 BIS. Es muy posible que en muchas administraciones municipales exista verdadera preocupación por incluir ese tema en el texto constitucional.
Lo que es un hecho es que solamente 8 municipios validaron esta última reforma a la Constitución Política. Son los casos de Santa Cruz Tlaxcala, Muñoz de Domingo Arenas, Ixtacuixtla, Zitlalpec, Papalotla, Tzompantepec, Panotla y Huamantla. El resto no remitió ningún documento al Congreso del Estado donde acreditara la validación por parte del cabildo.
Es una verdadera vergüenza lo que puede verse por parte de quienes nos representan en los niveles estatal y municipal, en apenas una diferencia de pocos meses.
Y es una vergüenza, también, lo que se ve en el Congreso local, sobre todo porque es claro que cuando existe voluntad política puede darse cualquier reforma al texto legal que se requiera.
Esta última reforma que incluye temas de la Ley 3 de 3, contiene claramente contenidos electorales que pudieron haber sido discutidos, junto con otros más, en el plazo que aplicaba para que se pusieran en marcha durante el actual proceso electoral local. Pero no hubo ninguna voluntad política en el partido que gobierna y en sus aliados. Esa es la verdad.
Ya son dos legislaturas consecutivas en las que los representantes populares quedan a deber al pueblo de Tlaxcala una reforma electoral. En el primer caso, debido a la incapacidad de quien hoy ocupa una diputación federal representando las siglas del Partido del Trabajo (PT). En el segundo, debido a la falta de voluntad de quien conforma mayoría calificada en el Congreso del Estado.
En cualquier caso, esos son los representantes que nos tocaron. Y con esos habremos de arar en lo que resta de la actual Legislatura. Ojalá y ninguno repita, no se lo merecen.
Las tres de ley… 1- ¿Alguien sabe por qué Raymundo Vázquez Conchas está involucrado en la elección municipal de Apizaco?, el actual regidor de Tlaxcala se autodenomina “coordinador especial” en esa demarcación, para “destrabar” la asignación de los más de 12 aspirantes que sueñan con suceder en el cargo a Pablo Badillo.
2- Será esta misma semana cuando, específicamente en este municipio y en ningún otro más, las y los aspirantes acuerden el nombre de las casas encuestadoras que habrán de señalar al candidato de unidad, será así, “de unidad” pues previamente tendrán que firmar un documento en el que se comprometen a mantenerse unidos con o sin la denominación sobre sus hombros. Dicho de otro modo, les aplicarán el mismo modelo que sentenció el futuro de Marcelo Ebrard.
3- Llama la atención que al menos cuatro de esos suspirantes se hayan opuesto a la realización de encuestas, con eso no hacen sino exhibir su pobreza de votos y seguidores, por lo que prefieren ir a la “antigua” sin mediciones. La finalidad de varios de ellos es poder negociar sin que nadie les ofrezca menos de lo que creen merecer, saben que la encuesta les deja en la indefensión de sus intereses y con un raquítico hueso.
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