Erase una vez una entidad que soñó con acabar con la corrupción y la impunidad, para eso firmó un convenio con el 85 por ciento de los municipios del estado de Tlaxcala, pero con todo y el papelito nada mejoró.
Este documento estaba pensado para implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad, que la legislación considera como delitos en materia de corrupción.
Todo iba bien hasta que los trabajadores de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) del Estado de Tlaxcala empezaron a investigar a algunos ex colaboradores de Marco Antonio Mena Rodríguez, ex gobernador de la entidad; las investigaciones continuaron hasta que una voz superior dijo: Ni le rasquen, aquí no ha pasado nada.
Entonces todo se comenzó a podrir, el tufo de impunidad comenzó a meterse por todas esas oficinas y la peste se escapó, haciendo eco de esa inmundicia en gran parte de los colaboradores de la 4T que empezaron a suspirar resignados al ver cómo los ex funcionarios roedores se frotaban las manos sabiendo que la habían “brincado”.
De qué nos sirve saber que esa Fiscalía ha recibido un total de 359 denuncias por posibles hechos de corrupción dentro de la administración pública, si la mayoría de los involucrados acabarán rompiendo los oficios y riendose de la autoridad estatal.
Está bien que nos presuman que de esas más de 300 denuncias que llegaron a la fiscalía antocorrupción, el 94 por ciento hayan sido radicadas como carpetas de investigación, pero ¿y luego qué?
Hasta donde tengo memoria, en la campaña política se señalaron multiples vicios que involucraban el desvio millonario de dineros que fueron utilizados por parte de Marco Antonio Mena Rodríguez para favorecer a candidatos del PRI. ¿De todos esos señalamientos ninguno se confirmó, de verdad?
Para quienes presumen que en el primer semestre de este año, derivado del trabajo realizado por la Fiscalía, un Juez de Control otorgó una sentencia condenatoria por procedimiento abreviado por el delito de abuso de autoridad, deben saber que la o el afectado es un charal, mientras que los peces gordos siguen nadando en peceras tapizadas de billetes verdes.
A quién se pretende engañar con estos comunicados que no tienen más finalidad que irse archivando para ser mencionados -como un logro- en el informe ciudadano que con seguridad será realizado en diciembre próximo.
No se trata de llevar a cualquiera ante la justicia, o de iniciar carpetas a cualquier persona, se trataba de presentar ante las autoridades a todos aquellos que en los últimos diez años del PRI en Tlaxcala, hicieron un jugoso negocio.
Lo mismo Marco Antonio Mena, que su hermano Fabricio, o sus secretarios, incluso aquellos que se fueron a resguardar detrás de Beatriz Paredes, como es el caso del ex secretario de educación, Manuel Camacho Higareda.
Pero no, todo parece indicar que esos discursos en los que se señalaba la corrupción rampante del PRI se olvidó en cuanto se recibió la constancia de mayoria. Borrón y cuenta nueva.
La familia no se toca y al paso que vamos esa máxima se seguirá respetando. El pacto de impunidad sigue vigente, ahora es un pasaporte para andar por todos lados.
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