Los congresistas locales no se caracterizan por hacer bien las cosas, a no ser que éstas sean propuestas o iniciativas provenientes del Ejecutivo.
Es el caso, por ejemplo, de la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para el Estado de Tlaxcala.
Una iniciativa que lleva casi un año trabajándose y que ayer jueves, cuando el dictamen pretendió ser presentado ante el Pleno, resulta que no, no tiene el consenso con los actores involucrados.
¿Quiénes son las personas culpables de ello? los hay, por supuesto, y la principal en estos momentos se encuentra realizando campaña en el municipio de Tlaxco. El interés personal por hacer trascender su carrera política le ganó a su responsabilidad legislativa.
Ella y su equipo técnico en el Congreso del Estado no fueron capaces de armar una iniciativa consensuada con activistas y comunicadores.
Y, seguramente, del tema ni siquiera lo abordó como uno de sus pendientes con la diputada suplente que entró en funciones tras su salida para buscar aparecer en la boleta electoral.
Apenas el miércoles, el también diputado con licencia, Rubén Terán Águila, aseguraba que solamente quienes han cumplido con su trabajo y aspiran a repetir en el cargo a través de la elección consecutiva, no recibirán un voto de castigo y serán los que tengan el apoyo del electorado para ganar la elección del próximo 2 de junio.
Más allá de su incoherencia verbal, porque su interés de ser nuevamente diputado se da a través de la vía plurinominal y no realizando campaña directa con los electores del distrito al que pertenece, Terán Águila podría haber dado en el clavo.
Es decir, que como la diputada Diana Torrejón Rodríguez no hizo bien su trabajo en el Congreso del Estado dejando a medias una ley de semejante importancia, merecería el voto en contra del electorado en el municipio de Tlaxcala. No vaya a ser que en el ayuntamiento también deje cosas a medias.
La otra responsabilidad tiene que asumirla la diputada Alejandra Ramírez Ortiz, quien en el último medio año no fue capaz de acercarse a las organizaciones de periodistas y activistas en la defensa de los derechos humanos. Se conformó con el trabajo previo realizado por su compañera de Legislatura. Y ahí están los resultados.
¿La legisladora aliancista habrá recurrido a compañeras y compañeros legisladores de otras bancadas? ¿Por qué no haber sostenido un acercamiento previo con las organizaciones involucradas en el tema y presentarles la propuesta para que tuviera el mayor consenso posible? ¿Así se hace el trabajo en el Congreso? Ahora entendemos las inconformidades y manifestaciones de inconformidad realizadas por mototaxistas en el tema de la Ley de Movilidad.
¿Qué viene ahora? Lo desconocemos, sin embargo, la lógica indicaría que tendría que haber nuevas reuniones de trabajo para circular el documento que contiene la propuesta. No hacerlo sería irresponsable e indicativo de que esta nueva ley no saldrá en la actual Legislatura y dejarle la responsabilidad a la siguiente.
Por lo demás, sin conocer el contenido del dictamen, será importante conocer si el órgano encargado del cumplimiento de la ley de referencia será autónomo o dependerá del Ejecutivo.
Seguir con una Oficina local para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no tiene ningún caso. A esa institución no se le conoce trabajo, quizá porque no lo hay o porque no le llegan los temas álgidos a los que debe dedicarse.
Ya veremos qué sucede en los próximos días, semanas o meses. Por lo pronto, el de ayer no fue un buen día para defensores de los derechos humanos y periodistas.
Charrez hizo ver su suerte a los legisladores y gracias a esos ecos se evitó presentar una página que más tarde tendría que ser “parchada”, tal y como pretendía Ramírez Ortiz, pues según lo dicho por ella misma la intención era presentarla y que más adelante se perfeccionara. Vaya estupidez.
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