La locución latina “dura lex sed lex”, o lo que es lo mismo “la ley es dura pero se aplica”, pretende recordar a la ciudadanía que la ley es inflexible. Claro, esto en la práctica no siempre es así, y en la mayoría de las ocasiones se ejerce un balance entre la tolerancia para los cuates y la ejecución de la ley para los que no lo son.
La detención del presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez, anunciada con motivos relacionados a su cuenta pública del año 2022, por el presunto desvío de 10 millones 796 mil 563.22, no extrañaría en un contexto de cero tolerancia a quién incumpla el marco jurídico.
Sin embargo, resulta difícil recordar cuándo fue la última vez que algo así pasó en Tlaxcala. Si bien se han acusado y procesado a alcaldes, esto ha sido posterior a que ellos dejaran el cargo.
El último caso fue el relacionado con el ex presidente municipal de Calpulalpan, Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez, quien junto con su tesorero Alejandro Carlos Hernández Yáñez y su director de obra pública durante el periodo 2017-2021, se le impuso una medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada por el presunto delito de peculado.
Sin embargo, los tres ex funcionarios municipales de Calpulalpan, después de la determinación del juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Anastacio Romo Vargas, ya se encuentra en libertad.
En el caso de Zacatelco puedo decir lo siguiente: ¡Bien!, si esta será la forma de aplicar la ley en casos similares en adelante, lo que sin duda pondrá a temblar a varios alcaldes más, ya que sería de esperar que otros fueran tratados del mismo modo: la aprehensión.
¡Mal!, si solo es un caso de excepción aplicado a manera de justicia selectiva, y se continúa la tolerancia a otros presuntos malversadores de recursos públicos. El aparato de justicia en Tlaxcala está a prueba.
En el caso de Zacatelco sucedieron hechos lamentables hace algunas semanas, que como consecuencia derivaron en la muerte de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a manos de una turba enardecida, la cual, presuntamente, sustentó los hechos en su enojo contra el presidente municipal por la situación de inseguridad que priva en su municipio.
Lo cierto es que lo de Zacatelco sienta un precedente que puede servir de mal ejemplo en otros lugares. El edil puso contra la pared a la administración estatal, la que no podía dejar pasar el hecho sin actuar en algún sentido.
Y si bien sería muy delicado que a la población se le buscase aplicar medidas correctivas, no es el caso para el principal responsable de la seguridad en el municipio, que es el alcalde, quien en su contexto personal tenía agravantes que le hacían vulnerable ante la justicia, algunas relacionadas con la fiscalización de sus recursos y otras de orden extralegal y oscuro que circulan entre la sociedad zacatelquence.
Habrá que observar si la detención de Hildeberto Pérez Álvarez es el inicio de la aplicación en Tlaxcala de la “dura lex sed lex” contra todos aquellos munícipes que abusan de los recursos públicos, o solo fue pretexto para la justicia selectiva.
Por lo pronto, y por cómo terminaron observados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) otros ayuntamientos en el ejercicio fiscal de 2022, en este momento se puede decir que la justicia es claramente selectiva.
Como dijera el Benemérito de las Américas, Benito Juárez: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
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