Como parte del mes de Hidalgo, la inmensa mayoría de presidentes y presidentas municipales se pasó la Ley Municipal por el arco del triunfo, al no entregar a sus respectivos cabildos los informes de actividades de lo que va de este año. Optaron por volverse innombrables.
La Ley Municipal es muy clara. En su artículo 39 que establece que: “Los integrantes del ayuntamiento deberán presentar, por escrito, en sesión de Cabildo, un informe anual de sus actividades, dentro de los primeros quince días del mes de agosto de cada año”.
A los precisos parece que se les olvida que en su año de Hidalgo nomás pueden saquear las arcas municipales hasta el mes de agosto y que en septiembre le tienen que decir adiós a las mieles del presupuesto.
Ha de ser por puro coraje que la ley les vale gorro y dejan de lado sus obligaciones. Y una de esas obligaciones es la de informar a sus paisanos lo poco o mucho que hayan hecho en sus últimos ocho meses de gestión.
Y es que en casi todos los municipios hay una especie de huelga de brazos caídos, como si cada mañana se quedaran viendo fijamente el reloj despertador, sin ganas de levantarse de la cama, deprimidos porque se acabó el hueso.
Y hablando de presidentes municipales en apuros, este jueves los magistrados de la Sala Regional del TRIFE van a resolver el caso de la elección anulada en Huamantla.
Y aunque Todo parece indicar que el Juan Salvador Gaviota huamantleco va a tener que volver a lavarle el cerebro a sus paisanos en una nueva elección, porque difícilmente la va a librar en el TRIFE, ante el cúmulo de irregularidades cometidas el 2 de junio con este representante espurio de la Transformación de Cuarta.
Hay otros que apuestan a que la Sala Regional le corregirá la plana a Miguel Nava y sus secuaces para echar atrás la mal formada defensa de la 4T huamantleca, por lo que Chava tendría una ratificación que podría hacer valer, si es que no le hacen válidos algunos expedientes judiciales.
Más le valdría irse buscando un amparo, como muchos otros alcaldesos y alcaldesas que tienen la cuenta pública reprobada. De esta no lo salvan ni Carlitos Rivera, ni la virgen de la Misericordia con todo su poder celestial.
Los que tampoco tienen vergüenza son los trabajadores del Poder Judicial Federal. Al grito de “la justicia no se toca”, desde la madrugada de ayer protagonizan un escandaloso paro de actividades.
Ya sienten el agua al cuello con el endurecimiento de la propuesta de reforma a ese poder, que se siente por encima de la Constitución.
Visiblemente manipulados desde la cúpula de la Suprema Corte de Justicia, los trabajadores violentan el derecho de la gente, bajo el pretexto de defender privilegios y canonjías.
Como si fueran los Robin Hood de la justicia, se asumen como “los defensores inquebrantables de los principios fundamentales que sostiene nuestra República, la independencia judicial, la división de poderes y la protección de los derechos humanos”.
Alegan que nos encontramos en un punto de inflexión, ante una reforma legislativa promovida por el presidente de la República y tramitada por una mayoría parlamentaria que amenaza con socavar los pilares mismos sobre los cuales se asienta nuestro estado de derecho.
Al igual que la gente de la lana amafiada en la Coparmex o en el Consejo Coordinador Empresarial, no les gustó que la ciudadanía haya votado por profundizar los cambios iniciados por López Obrador.
Ni modo, así es esto de la democracia verdadera, donde los ciudadanos mandan con su voto y tienen muy claro que ya no debe haber privilegios para minúsculos grupos que se aferran a salarios escandalosos y a privilegios faraónicos.
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