De la mafia del poder a la mafia fiscal, así puede calificarse lo que el OFS, de Salas Miguela, operó con la complacencia de muchísimas personas involucradas.
Contla de Juan Cuamatzi y Atlangatepec han demostrado que con una buena asesoría legal, los municipios pueden quitarse de encima el yugo autoritario y extorsivo del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y del Congreso local.
Lo que durante años se presentó como “fiscalización” no fue más que un mecanismo de control político y, sobre todo, un lucrativo negocio montado desde el propio órgano de fiscalización estatal.
Al frente de esta operación estuvo, y está, Arturo Lucio Salas Miguela, quien no solo se excedió groseramente en sus funciones, sino que convirtió la fiscalización en una verdadera extorsión institucional.
Así lo denuncia con claridad el abogado Orlando Santacruz Carreño al ser entrevistado en MR Noticias. A decir del litigante, Salas Miguela —al igual que su antecesora Isabel Maldonado Textle— incurrió en una descarada usurpación de funciones al fiscalizar recursos federales, competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Ambos Ignoraron, deliberadamente, la reforma constitucional de 2015 y se adjudicaron facultades que nunca tuvieron. Lo más grave no fue solo la invasión de competencias.
Lo verdaderamente escandaloso es que el OFS obligaba a los municipios a pagar un porcentaje de sus recursos para “financiar” supuestas auditorías sobre fondos federales que ni siquiera tenían derecho a revisar.
Se trató un carnaval, una fiesta a su medida que se reflejaba de cobro indebido y sistemático, un verdadero impuesto paralelo que Salas Miguela y su equipo impusieron a los alcaldes bajo amenaza de procesos administrativos, sanciones millonarias o incluso órdenes de aprehensión.
Esto no fue un error. Fue un negocio redondo disfrazado de control fiscal. Mientras los municipios sangraban recursos que debían destinarse a obras y servicios para la gente, el OFS engordaba sus arcas y consolidaba su poder de intimidación. Extorsión institucional pura y dura.
Muchos presidentes municipales, aterrorizados ante la posibilidad de ser señalados como corruptos o terminar en la cárcel, terminaron pagando para “evitar problemas”.
Otros fueron perseguidos y judicializados con base en fiscalizaciones viciadas de origen. El daño no solo fue económico: fue moral, político y familiar.
Familias enteras sufrieron el estigma y la humillación de ver a sus alcaldes tratados como delincuentes por una autoridad que actuaba fuera de la ley. Unos delincuentes que fungían como jueces.
Por eso vale la pena reflexionar -y mucho- sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que a través de su trabajo ha puesto las cosas en su lugar.
En una resolución histórica emitida por unanimidad, la Corte declaró inconstitucional todo el procedimiento de fiscalización del OFS sobre recursos federales, desde la orden de auditoría hasta la calificación final.
Esa sentencia tumba de un golpe la farsa que Salas Miguela mantuvo durante años y lastimosamente nos pone como ejemplo, negativo, sobre todo aquello que no se puede hacer.
Ahora queda claro: el auditor local no solo se excedió en sus funciones, sino que montó un esquema que bien puede calificarse como extorsión institucional.
La conducta de Salas Miguela podría acarrearle no solo un juicio político, sino también responsabilidades penales de carácter federal.
Lo mismo aplica para los diputados de la Comisión de Fiscalización del Congreso, especialmente Vladimir Zainos, quien avaló y facilitó este atropello sistemático.
El mensaje del abogado Santacruz Carreño es directo y sin rodeos para los presidentes municipales: “Pierdan el miedo”.
La sentencia de la Corte les da la razón y les abre la puerta para exigir la devolución de los recursos que les fueron cobrados ilegalmente, así como la revisión y eventual cancelación de todos los procedimientos que se sustentaron en estas auditorías ilegítimas.
A partir de ahora, la fiscalización de los recursos federales quedará donde siempre debió estar: en manos de la Auditoría Superior de la Federación, con mayor neutralidad y sin los intereses políticos oscuros que caracterizaron la gestión de Salas Miguela.
El reinado del OFS como instrumento de chantaje y lucro ha llegado a su fin.
Es hora de que Salas Miguela y sus cómplices en el Congreso respondan por el daño causado.
